La Justicia decidió prorrogar este miércoles las medidas cauterales contra los fundadores de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral.
La prórroga dispuesta por la jueza Diovanet Olivera será por 180 días, por lo que las medidas cautelares contra los imputados regirán por lo menos hasta el 5 de febrero del 2027, según informaron a El País fuentes judiciales.
Los delitos por los que se imputa a los fundadores
Carrasco fue imputado por delitos de estafa y lavado de activos y cumple prisión preventiva en la cárcel de Punta de Rieles. La Fiscalía sostiene que continuó firmando contratos y captando dinero pese a conocer el deterioro de la empresa.
En cuanto a Iewdiukow, fue imputada inicialmente por estafa y luego se le agregó el delito de lavado de activos. La investigación identificó transferencias por más de dos millones de euros hacia España. De ese dinero, más de un millón fueron utilizados para comprar un apartamento en Madrid.
Por otro lado, Cabral fue imputada por estafa y cumple arresto domiciliario en un apartamento en Punta del Este, punto cuestionado por los abogados de los damnificados. La defensa de Cabral afirma que era "socia formal" de la empresa, pero que Basso manejaba las finanzas y que no se le puede atribuir responsabilidad únicamente por ser su esposa.
Basso murió en un accidente de tránsito en noviembre de 2024 antes de ser formalizado.
El rastreo de fondos en el exterior y el proceso concursal
Además de resolver la situación de los cuatro imputados, Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, encabezada por el fiscal Enrique Rodríguez, deberá determinar si existieron otros responsables, reconstruir el destino del dinero y establecer si familiares, empleados, tomadores o terceros participaron en la presunta estafa o recibieron bienes de origen ilícito.
En el ámbito concursal también se abrirá el incidente de calificación. Ese procedimiento determinará si la insolvencia fue fortuita o culpable y si administradores o terceros contribuyeron a producirla o agravarla. Si el concurso es declarado culpable, la Justicia puede ordenar que determinadas personas restituyan bienes o respondan con su patrimonio.
Los abogados de los damnificados también analizan una eventual acción contra el Estado. La posibilidad surgió después de que una sentencia de primera instancia amparara parcialmente el reclamo de cuatro inversores de República Ganadera contra el Banco Central y el Ministerio de Ganadería. Esa decisión todavía no se encuentra firme.
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