Las claves de Conexión Ganadera: cuánto dinero falta, quiénes están imputados y qué pueden recuperar los inversores

A más de un año y medio del derrumbe de Conexión Ganadera, la investigación continúa avanzando por dos caminos paralelos. En el ámbito penal, la Fiscalía procura determinar quiénes participaron en la presunta estafa, qué ocurrió con el dinero y si existieron maniobras de lavado de activos. En el concurso, la sindicatura busca identificar, vender y distribuir los bienes disponibles entre los acreedores.

El caso volverá al Juzgado de Crimen Organizado de 2° Turno este miércoles. La jueza Diovanet Olivera revisará las medidas cautelares de Pablo Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso. La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, encabezada por Enrique Rodríguez, solicitará que los tres continúen durante otros seis meses en las mismas condiciones: los primeros dos en prisión preventiva y Cabral bajo arresto domiciliario.

Estas son diez preguntas y respuestas para entender qué se sabe hasta ahora sobre el caso.

Conexión Ganadera fue constituida el 16 de setiembre de 1999 por Pablo Carrasco y Gustavo Basso junto con sus esposas, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral.

Inicialmente, Carrasco y Basso tenían el 45% de las participaciones cada uno, mientras que sus esposas poseían el 5% restante respectivamente. Según expuso la Fiscalía, al 31 de mayo de 2024 cada uno tenía el 25% de la empresa.

Durante más de dos décadas, la firma se presentó como una administradora de inversiones vinculadas al negocio ganadero. Carrasco era la cara pública y estaba asociado principalmente al trabajo de campo, mientras que Basso era señalado como responsable de las finanzas y la administración.

Además de la empresa principal, el sistema estaba compuesto por sociedades “tomadoras” que recibían y mantenían el ganado. La más importante era Hernandarias XIII, vinculada a Carrasco e Iewdiukow. También operaron empresas como Pasfer y establecimientos como Don Coraje.

La empresa ofrecía distintas modalidades, entre ellas terneros, engorde, bono ganadero y pool ganadero. Dependiendo del contrato, los inversores podían figurar como propietarios de animales individualizados o tener solamente un crédito contra la empresa.

Conexión Ganadera recibía y administraba el dinero, mientras que las tomadoras debían comprar, mantener o producir el ganado. A cambio, los clientes recibían rentabilidades fijas en dólares que, según el producto, podían ubicarse aproximadamente entre el 7% y el 12% anual.

Ese diseño uno de los puntos centrales de la investigación. La actividad ganadera produce resultados variables, pero la empresa prometía retornos fijos. Fiscalía y la sindicatura sostienen que los resultados reales del negocio no alcanzaban para cumplir con las obligaciones asumidas.

Los contratos eran considerados "inversiones productivas" y no instrumentos financieros. Por ese motivo, Conexión Ganadera no era supervisada por el Banco Central como una entidad financiera. El Ministerio de Ganadería controlaba aspectos como la trazabilidad y la sanidad de los animales, pero no la solvencia de las empresas ni el destino del dinero recibido.

Luego del derrumbe de los fondos ganaderos, la legislación amplió las potestades del Banco Central sobre las actividades que captan públicamente dinero con la promesa de obtener una rentabilidad.

La tesis de la Fiscalía es que Conexión Ganadera ingresó en un deterioro sostenido al menos desde 2020. La pandemia, la sequía posterior y las variaciones del negocio rural agravaron el escenario, pero los investigadores consideran que existía un problema estructural anterior.

El 28 de noviembre de 2024 murió Gustavo Basso. Poco después comenzaron los incumplimientos y algunos inversores dejaron de recibir los pagos esperados.

La caída de Grupo Larrarte y República Ganadera generó una corrida y aceleró los pedidos de retiro. Sin embargo, el contador Ricardo Giovio, convocado para examinar la situación, afirmó posteriormente que la insolvencia de Conexión Ganadera era previa.

El 28 de enero de 2025, Carrasco encabezó una videollamada en la que reconoció errores, omisiones y negligencia. Giovio describió la contabilidad como “inauditable” y sostuvo que la empresa había funcionado como un esquema Ponzi. A esa altura, Conexión Ganadera ya no podía pagar a los inversores ni restituirles el capital.

Un esquema Ponzi utiliza el dinero aportado por nuevos inversores para pagar las obligaciones asumidas con los anteriores, en lugar de generar las ganancias mediante una actividad económicamente rentable.

La sindicatura concluyó que los supuestos intereses pagados por Conexión Ganadera no provenían de rendimientos reales de la actividad agropecuaria, sino de la reasignación del dinero aportado por los propios clientes.

Según la Fiscalía, la empresa continuó captando fondos y firmando contratos pese a conocer su deterioro financiero. Una parte importante de los clientes reinvertía tanto el capital como los intereses, lo que permitía postergar la necesidad de entregar el dinero.

Foto: Leonardo Mainé.

Se estima que Conexión Ganadera reunió a unos 4.200 inversores. El número exacto de acreedores reconocidos puede variar porque la lista elaborada por la sindicatura todavía puede recibir impugnaciones y verificaciones tardías. La lista presentada por el síndico Alfredo Ciavattone muestra que el pasivo asciende a US$ 387,6 millones, mientras que los activos fueron valuados en US$ 115,5 millones.

El principal componente del activo son US$ 360,4 millones en cuentas pendientes de cobro. El síndico estimó que el 82% de esas cuentas serán incobrables. Por esa razón, esas cuentas quedaron valuadas en US$ 65,7 millones.

El mayor crédito de Conexión Ganadera es contra Hernandarias XIII, por unos US$ 273,1 millones. La posibilidad de recuperarlo es reducida, ya que el concurso de Hernandarias registra un pasivo de US$ 328 millones y activos por apenas US$ 775.635.

Antes del derrumbe, la empresa había informado que disponía de unos 120.000 animales, valuados en aproximadamente US$ 100 millones. Sin embargo, la cantidad efectivamente localizada fue inferior.

La sindicatura logró identificar decenas de miles de animales distribuidos en distintos establecimientos y vendió aproximadamente 64.000. De esas operaciones surgieron US$ 35 millones que serán distribuidos mediante un mecanismo especial entre los acreedores.

Ese dinero no está incluido dentro de los US$ 115,5 millones de activos inventariados, porque proviene de animales que estaban registrados a nombre de clientes y quedó sujeto a un acuerdo específico.

Ciavattone también dejó constancia de que cuando se declaró el concurso no habían animales registrados en Dicose a nombre de Conexión Ganadera y que existían pocas excepciones en Hernandarias XIII. Igualmente, aclaró que Conexión Ganadera no podía registrar animales a su nombre por su condición de consignataria.

La diferencia entre el ganado que figuraba en los contratos y el efectivamente hallado es uno de los puntos centrales de las investigaciones contra las empresas tomadoras.

Cuatro personas fueron formalizadas hasta ahora. Pablo Carrasco fue imputado por delitos de estafa y lavado de activos y cumple prisión preventiva en la cárcel de Punta de Rieles. La Fiscalía sostiene que continuó firmando contratos y captando dinero pese a conocer el deterioro de la empresa.

Carrasco declaró que se ocupaba del trabajo de campo, que confiaba en la información financiera que recibía de Basso y que prácticamente no sabe leer un balance. Su defensa sostiene que no tenía acceso a las cuentas ni participaba de la gestión financiera. La versión de Fiscalía es que Hernandarias XIII estaba vinculada directamente con él y que mantuvo una participación activa en la contratación con inversores.

Ana Iewdiukow fue imputada inicialmente por estafa y luego se le agregó el delito de lavado de activos. La investigación identificó transferencias por € 2.357.376 hacia España. De ese dinero, € 1.182.713 fueron utilizados para comprar un apartamento en Madrid. Su defensa sostiene que las operaciones fueron lícitas y que están documentadas. Hasta el momento permanece en prisión preventiva en Florida.

Daniela Cabral fue imputada por estafa y cumple arresto domiciliario en un apartamento en Punta del Este, punto cuestionado por los abogados de los damnificados. La defensa de Cabral afirma que era "socia formal" de la empresa, pero que Basso manejaba las finanzas y que no se le puede atribuir responsabilidad únicamente por ser su esposa.

El cuarto imputado es Maximiliano Rodríguez, titular de Pasfer, una de las principales tomadoras de ganado. Fue formalizado por apropiación indebida y falsificación ideológica. La Justicia había dispuesto que permaneciera en prisión hasta el 1° de agosto y que a partir de entonces pasara a arresto domiciliario nocturno.

Basso murió antes de ser formalizado.

Archivo El País.

La Fiscalía continúa investigando a familiares, empleados, mandos medios, tomadores de ganado y personas que recibieron bienes o transferencias vinculadas con Conexión Ganadera. Entre otros, ya declararon las hijas de Basso, su yerno, los hijos de Carrasco, trabajadores de la empresa y empresarios relacionados con las tomadoras. Ninguna de esas personas fue imputada hasta el momento.

Una de las líneas más recientes se concentra en Daniela Cabral como representante de Don Coraje. Según una denuncia presentada por abogados de damnificados, Cabral figuró como tomadora en 127 contratos por más de US$ 6,7 millones. De acuerdo con ese planteo, deberían haber existido más de 10.000 animales que no fueron localizados.

Cabral respondió que Basso manejaba esa operativa. Sus abogados anunciaron que presentarán un informe contable para demostrar que existió una transferencia millonaria desde el escritorio Basso hacia Conexión Ganadera correspondiente a la venta de esos animales.

También fue denunciada por el Banco República por un préstamo superior a US$ 1 millón, garantizado con 1.300 vacunos. Cabral declaró que los animales estaban en poder del empresario socio de Basso, Jorge Cunietti, y que este los vendió sin informarles. Sus defensores se comprometieron a presentar las guías que, según sostienen, permitirían reconstruir la trazabilidad.

Además, Cabral fue denunciada por un cheque sin fondos emitido después de la muerte de Basso. La defensa sostiene que el dinero estaba depositado, pero que el banco había inmovilizado la cuenta sin que Cabral hubiera sido notificada.

Más de 3.700 personas, representativas de más del 85% del pasivo, suscribieron acuerdos con la sindicatura. El acuerdo fue homologado por la Justicia el 25 de junio. Los US$ 35 millones obtenidos mediante la venta de ganado serán distribuidos de acuerdo con dos criterios principales.

El acuerdo distingue entre los animales que fueron encontrados y aquellos que figuraban en los contratos pero no aparecieron. Por el ganado efectivamente localizado y vendido, los inversores recibirán aproximadamente el 33% de su valor de venta. Por los animales faltantes cobrarán alrededor del 5% del crédito correspondiente. Ese mismo porcentaje se aplicará a los inversores cuyos contratos no tenían ganado individualizado.

Por ejemplo, si un cliente tenía contratados 100 animales pero solamente fueron encontrados 20, cobrará cerca del 33% del valor obtenido por la venta de esos 20 y aproximadamente el 5% del crédito correspondiente a los otros 80.

Quienes no firmaron el acuerdo continuarán por la vía ordinaria del concurso. En sus casos deberá resolverse, entre otros aspectos, si el ganado encontrado pertenece exclusivamente a quienes figuraban como titulares registrales o si debe considerarse parte del patrimonio común de todos los inversores.

La audiencia comenzará este miércoles a las 13:15 ante la jueza Diovanet Olivera. Las medidas cautelares de Carrasco, Iewdiukow y Cabral vencen el 10 de agosto, por lo que la Fiscalía pedirá mantenerlas durante otros seis meses.

No está previsto que en esa instancia el fiscal Enrique Rodríguez solicite una nueva imputación o el envío de Cabral a prisión. Antes de tomar una decisión, esperará la documentación que sus abogados anunciaron sobre Don Coraje, el préstamo del BROU y el cheque denunciado.

Carrasco e Iewdiukow, por su parte, ya comunicaron que no aceptarán un acuerdo abreviado y que pretenden defender su inocencia en un juicio oral. La investigación penal fue prorrogada hasta el 17 de julio de 2027, fecha límite para que el fiscal presente su acusación.

Además de resolver la situación de los cuatro imputados, Fiscalía deberá determinar si existieron otros responsables, reconstruir el destino de cientos de millones de dólares y establecer si familiares, empleados, tomadores o terceros participaron en la presunta estafa o recibieron bienes de origen ilícito.

En el ámbito concursal también se abrirá el incidente de calificación. Ese procedimiento determinará si la insolvencia fue fortuita o culpable y si administradores o terceros contribuyeron a producirla o agravarla. Si el concurso es declarado culpable, la Justicia puede ordenar que determinadas personas restituyan bienes o respondan con su patrimonio.

Los abogados de damnificados también analizan una eventual acción contra el Estado. La posibilidad surgió después de que una sentencia de primera instancia amparara parcialmente el reclamo de cuatro inversores de República Ganadera contra el Banco Central y el Ministerio de Ganadería. Esa decisión todavía no se encuentra firme.