Durante el primer semestre de 2026 se presentaron 69 solicitudes de concurso de acreedores en Uruguay, según el relevamiento de la Liga de Defensa Comercial (Lideco). De ese total, 55 correspondieron a concursos necesarios —es decir, promovidos por los acreedores— y 14 a concursos voluntarios, iniciados por los propios deudores. Esto marca una caída de 31,7% respecto al primer semestre de 2025, que estuvo marcado por las presentaciones de las múltiples empresas vinculadas a las estafas de Conexión Ganadera, República Ganadera y Grupo Larrarte.
El informe de Lideco recordó que 2025 había marcado el número más alto de solicitudes de concursos de acreedores en un semestre (con 101) desde la crisis de 2002, un pico que atribuye fundamentalmente a la ola de presentaciones vinculadas a empresas y personas relacionadas con las estafas de los distintos fondos ganaderos mencionados. Pero si se deja de lado ese año excepcional, las 69 solicitudes del primer semestre de 2026 superan el promedio de 53 registrado entre 2022 y 2024, confirmando que la tendencia al alza que ya se insinuaba en ese período no se revirtió.
El reporte afirma que hay una marcada diferencia entre concursos necesarios y voluntarios y según Lideco esa brecha refleja que los deudores han perdido incentivos para recurrir por sí mismos a la herramienta legal del concurso, que termina siendo activada, en la enorme mayoría de los casos, por quienes reclaman el pago de sus créditos.
En ese mismo sentido, Lideco apunta a la "escasa utilización" de los Acuerdos Privados de Reorganización (APR), un mecanismo que considera "muy valioso" para resolver situaciones de insolvencia de manera más ágil y flexible que el proceso concursal tradicional, pero que sigue sin despegar como alternativa entre las empresas uruguayas. Apenas hubo tres en los primeros semestres de los últimos cinco años.
El reporte recomendó "a las empresas estar alertas si sobre uno de sus deudores recae una solicitud de concurso, a efectos de que puedan tomar las medidas correspondientes en forma inmediata (verificación de créditos y prevención del riesgo)".
"Cada concurso de acreedores trasciende ampliamente la situación particular de una empresa: refleja también el riesgo que enfrentan decenas o cientos de proveedores, clientes, trabajadores y entidades financieras. Por ello, el seguimiento de la evolución de los procesos concursales constituye una herramienta valiosa para anticipar riesgos y fortalecer la calidad de las decisiones del crédito comercial", concluyó.
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