Redacción El País
La audiencia de formalización de cinco personas quecolaboraron con el exsenador Gustavo Penadés se reanudó luego de haber sido suspendida y pasada a cuarto intermedio tras una discusión por un reclamo que hizo la abogada defensora de las víctimas, Soledad Suárez.

Según supo El País, luego del acuerdo abreviado al que dio lugar la jueza Marcela Vargas, en el que se dispuso una condena para tres civiles y dos policías, Suárez señaló que los formalizados incurrieron en delitos de violencia de género y estos cinco deben pagar 12 ingresos mensuales, cada uno, o en su defecto 12 salarios mínimos. Esto sin perjuicio de su derecho a seguir la vía procesal correspondiente para obtener la reparación integral del daño si corresponde, según establece la ley integral de violencia basada en género (artículo 19.580).

Tras el reclamo de la abogada, los defensores de los formalizados señalaron que ya habían llegado a un acuerdo con la fiscal de Delitos Sexuales, Alicia Ghione, y que no correspondía este punto. La jueza resolvió suspender la audiencia y pasar a cuarto intermedio.

Una vez que se retomó la audiencia, la jueza dictó sentencia contra los cinco formalizados, que admitieron los delitos acordados por Fiscalía. Además, en el acuerdo se incluyó que pagarán los 12 ingresos o salarios mínimos como pena pecuniaria, que establece la citada ley de género. Los cinco renunciaron a ir a juicio oral, al llegar a un acuerdo abreviado, y culminó el proceso judicial.

Foto: Francisco Flores/El País.

Uno de los formalizados es el funcionario del Parlamento y ex del Parlasur, Diego Cuiñas, imputado por los delitos de tráfico de influencias y asociación para delinquir. También fue imputado Matías Cardozo, vinculado a Cuiñas, por tráfico de influencias y asociación para delinquir. Tal como informara El País, Cuiñas acordó en juicio abreviado una pena mixta (entre prisión domiciliaria y libertad a prueba) de 36 meses.

Según la fiscal, colaboraron con el exdirector del ex Comcar Carlos Taroco tres policías: Federico Rodríguez que se “infiltró” en el entorno del denunciante de Penadés Jonathan Mastropierro para sacarle información, y el policía Marcos Quiñones. Rodríguez fue formalizado por cohecho agravado y asociación para delinquir y Quiñones por cohecho agravado, tráfico de influencias y asociación para delinquir.

También fue imputado por tráfico de influencias y asociación para delinquir Marcelo Garate, un exfutbolista y entrenador, que al igual que Cuiñas oficiaba de nexo entre el entonces legislador y Taroco. El exdeportista ponía su casa a disposición de las reuniones del “grupo” de apoyo a Penadés, según la fiscal.