Caso Morabito: cuatro oficiales destituidos no realizaron controles el día de la fuga e incumplieron deberes

Abren cinco investigaciones administrativas en paralelo al trabajo de Fiscalía; además de los cuatro destituidos, fueron sancionados 10 oficiales: siete por faltas leves y otros tres por faltas graves.

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Rocco Morabito.
Rocco Morabito.
Foto: Archivo

El Ministerio del Interior destituyó a cuatro funcionarios policiales que cometieron faltas muy graves en la fuga del capo de la mafia calabresa, el italiano Rocco Morabito, ocurrida el 23 de junio de 2019.

Los sumarios habían sido iniciado a 28 oficiales que eran investigados por faltas de diferente índole. Además de los policías destituidos, en otros siete casos se pudo comprobar, de acuerdo al relato de las autoridades del Ministerio del Interior hecho en conferencia de prensa ayer, se incurrió en faltas leves.

Otros tres oficiales incurrieron en faltas graves, por lo que enfrentaran sanciones que van desde pocos días hasta los seis meses de suspensión.

Por su parte, otros 14 policías fueron exonerados de responsabilidad.

El subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, aseguró ante los medios que “todos los funcionarios policiales son de carrera” y que debe mantenerse la confianza en que la Fiscalía “logre esclarecer a la ciudadanía la fuga del zar de la cocaína”.

Destituidos

Entre los cuatro oficiales que dejaran de formar parte de las fuerzas de seguridad, aparecen dos funcionarios de la Guardia Republicana y otros dos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Según un documento al que accedió El País, los dos primeros estaban a cargo de la vigilancia del sexto piso, en el que se encontraba Rocco Morabito y los otros tres privados de libertad que se fugaron con él.

Los oficiales en el lugar habían recibido las llaves de los celdarios por lo que eran los responsables de la custodia del sector. Sin embargo, en el documento se apunta a una carencia total “de proactividad” por parte de los funcionarios; incluso se alega que “no desarrollaron tarea alguna, más que estar sentados en una pieza”.

Tampoco realizaron controles de las personas privadas de libertad, “ni a su ingreso ni egreso”, por lo que se concluye que incumplieron deberes inherentes al cargo.

En el caso de los dos funcionarios del INR uno de ellos era el Jefe de Servicios. El oficial debía dictar órdenes a los guardias de la prisión, pero cuando fue alertado de la situación no emitió ninguna.

Incluso figura que el funcionario revisó los pisos cuatro y cinco de la prisión, pero cuando debió decidir hacerlo un piso más arriba (sexto) “optó expresamente por no hacerlo”.

En el tiempo en que Morabito escapó el hombre tampoco impartió ordenes a sus subalternos, por lo que los efectivos bajo su orden no tomaron ningún tipo de medida para capturarlo.

El cuarto implicado ejercía al momento de la fuga como Comandante de Guardia. Al igual que el otro destituido, no reali-zó “control numérico, ni de identidad en el sexto piso”. Sus directivas a los oficiales de guardia fueron nulas o “poco claras”.

Líneas

Además de las destituciones, Maciel anunció que el ministro Luis Alberto Heber firmó otras cinco resoluciones para comenzar a investigar nuevas líneas que no fueron incluidas previamente.

Se trata de hechos ocurridos durante la fuga que, a juicio de la actual administración, son graves y merecen ser relevados.

“Entre ellas, la aparición -en una celda del sexto piso con la reja arrancada- de una soga colgando con nudos y un arnés. (...) Incluso hay filmaciones donde se ve a Morabito moviendo cámaras para que quedaran espacios donde no se visualizaran movimientos del sexto piso”, sostuvo Maciel.

Además, mencionó una serie de hechos que llaman la atención. Uno de ellos es que tres días antes de la fuga se retiró el equipo que permitía la videovigilancia del lugar. En segundo lugar, que el Departamento de Información y Análisis Penitenciario había advertido del plan de fuga de Morabito; y por último, la desaparición de un pendrive que González Valencia -narcotraficante mexicano que cumple condena en Estado Unidos- entregó a Morabito y la directora de Cárcel Central le incautó. “Esta investigación es compleja y va a llevar tiempo, pero no tanto como el sumario de 28 funcionarios que hubo que hacerlo con todas las garantías del caso”, opinó el subsecretario de Interior.

El caso

La fuga de Morabito y otros tres reclusos tuvo un carácter cinematográfico. El delincuente se escapó por las azoteas del edificio.

El delincuente italiano eligió un día en que no estaba operativo el sistema de videovigilancia interno. Trepó los muros y apareció en el apartamento de una vecina. Después, se tomó un taxi, viajó a Minas, volvió a Montevideo y se le perdió el rastro.

Los otros que se escaparon esa noche fueron Leonardo Abel Sinopoli Azcoaga, Matías Sebastián Acosta González y Bruno Ezequiel Díaz. Uno de ellos tenía una causa abierta por homicidio, otro por falsificación de documentos y el tercero por delitos de estafa y fraude. Todos esperaban la extradición en la cárcel para ser juzgados en los países donde eran investigados. Todos estos delincuentes, excepto Morabito, fueron recapturados por la Policía de Uruguay.

Las cámaras de vigilancia del Ministerio del Interior permitieron conocer los pasos que siguieron Morabito, Acosta y Díaz tras fugarse de la cárcel cerca de las 23:00 horas.

Gracias a dichas filmaciones se pudo determinar que primero se trasladaron a la pizzería Eatalian Style, ubicada en Punta Carretas, y que desde ahí se fueron en el auto de un hombre de ciudadanía rusa -socio de Morabito- hasta Lavalleja.

El italiano y el ruso volvieron esa misma noche a Montevideo y Morabito pernoctó en el garaje de la pizzería.

Más tarde, dos personas fueron detenidas y procesadas por encubrimiento al comprobarse que fueron las encargadas de alojar en Minas a Acosta y Díaz.

El mafioso italiano permaneció casi dos años prófugo, hasta que fue capturado en Brasil. Según indicaron fuentes policiales a El País, Morabito fue capturado por la Policía brasileña en un hotel ubicado en João Pessoa, capital del Estado de Paraíba, al norte del país norteño.

Luego de su captura se resolvió que el delincuente sea extraditado a Italia, donde originalmente era requerido por la Justicia.

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Un capitán de la Republicana es el único imputado del caso

El 29 de julio de 2022, el entonces fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Ricardo Lackner -hoy a cargo de la Unidad de Ciberdelitos-, formalizó la investigación contra un capitán de la Guardia Republicana por reiterados delitos de abuso de funciones, por haber dispuesto al menos en 12 ocasiones el traslado a Cárcel Central de Gerardo González Valencia, líder del cartel mexicano “Los Cuinis”, quien antes de ser extraditado estaba recluido en el Penal de Libertad.

La Fiscalía de Corte informó que cada uno de los traslados de González Valencia tenía un valor de $ 94.000, ya que requería de la utilización de un vehículo especial y del auxilio de ocho a 12 funcionarios fuertemente armados.

Estos traslados, además, se hacían sin orden judicial y bajo el pretexto de que era para visitas conyugales. A pesar de que se aclaró que en su lugar de reclusión González Valencia disponía de las instalaciones adecuadas para ello.

El fiscal solicitó la prisión preventiva para el capitán formalizado, pero la jueza del caso dispuso que se mantenga en prisión domiciliaria y con tobillera electrónica. Además, determinó la prohibición de comunicación con sus compañeros. El caso continúa abierto.

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