OPERACIÓN FRAUDE UNIVERSITARIO

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Nueve personas fueron detenidas ayer en Colonia, entre ellos el cabecilla de una organización delictiva y un jerarca policial. La orden la dio la fiscal de Rosario, Sandra Fleitas. Las detenciones se produjeron en el marco de la “Operación Fraude Universitario”. Hoy habrá procesamientos.

La fiscal Fleitas investiga a los detenidos por los delitos de estafa, falsificación de documentos y asociación para delinquir. Es posible que el caso incluya también el delito de lavado de activos.

Según supo El País, la organización adquiría dominios públicos en la web y luego falsificaba sitios de prestigiosas universidades extranjeras. En las páginas, las supuestas universidades señalaban que contaban con el apoyo de la Unesco y del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Durante la investigación, la Fiscalía constató que tales apoyos no existieron.

En los sitios de internet los delincuentes ofrecían cursos de especialización y reválidas de títulos de posgrado a estudiantes de todo el mundo.

Aquellos interesados que procuraban mejorar su perfil académico contrataban de buena fe acreditaciones de materias. Por ejemplo, si un estudiante alemán quería obtener un posgrado de Ingeniería en una universidad de renombre, se contactaba con la página web elaborada por la organización.

Los estafadores pedían al estudiante que enviara las materias que había cursado en su universidad local. El interesado mandaba toda la información requerida a los e-mails del sitio web. Luego, el cabecilla de la banda era el que trasmitía al interesado que, con los estudios que había cursado, no debía realizar ninguna materia extra. Es decir, el alumno contaba con los suficientes créditos como para recibir una reválida de una conocida universidad. Para esto solo tenía que pagar.

El estudiante giraba el dinero a un nombre proporcionado por el líder de la banda. Ayer no trascendieron los montos que cobraba la organización por cada reválida o título de posgrado.

Tras enviar el dinero, el estudiante recibía por e-mail un “diploma” que acreditaba que había logrado obtener un título de posgrado de una prestigiosa universidad. Sin embargo, esa casa de estudios superiores jamás había autorizado compensaciones de créditos de ningún tipo.

La investigación de la Fiscalía de Rosario comenzó en 2018. Contó con la ayuda de la Dirección de Crimen Organizado e Interpol, Policía de Colonia e inspectores del Departamento de Fiscalía de la DGI.

La compleja maniobra no quedaba solo en la venta de diplomas o reválidas truchas de centros de estudios de primer nivel. Los giros enviados por los estudiantes extranjeros ingresaban a Uruguay a través de dos sedes locales de cobranzas que poseía la esposa del cabecilla de la banda en el departamento de Colonia.

Para poder ocultar esos ingresos de dinero, la banda utilizaba los nombres y documentos de identidad de personas retiradas que cobraban sus jubilaciones y pensiones en los locales de pagos.

Según pudo probar la fiscal Fleitas, en esos locales ingresaron giros de estudiantes radicados en Alemania, Tailandia y Taiwán, entre otras nacionalidades.

Tras utilizar complejos mecanismos contables, la banda volvía a enviar parte de ese dinero al exterior, lo que hace suponer a la fiscal Fleitas y a los investigadores policiales que los uruguayos integran una red de estafadores internacional.

El ocultamiento de los orígenes de los giros utilizando nombres de personas que desconocían tales ingresos, podría derivar en una imputación por un delito de defraudación tributaria para la dueña de los locales de cobranzas. Para poder conocer la operativa económico-financiera de la banda, fueron claves para la Fiscalía y para Interpol algunos informes elaborados por especialistas del Banco Central y por inspectores del Departamento de Fiscalización de la DGI.

El caso tiene una pata en la ciudad de Juan Lacaze. La fiscal Fleitas y los investigadores de Interpol encontraron un certificado falso que pretendía probar que un guardia de seguridad había hecho un curso exigido por el Ministerio del Interior para efectuar esa tarea.

La cartera obliga a las empresas de seguridad a que sus guardias realicen cursos de instrucción en el manejo de armas letales y no letales. El guardia, que trabajaba en la ciudad de Juan Lacaze, declaró en la Fiscalía que nunca hizo ese curso. Sin embargo, la empresa de seguridad contratante presentó un diploma como que sí lo había hecho. Por esa causa, fue detenida la dueña de la empresa y su pareja, un jerarca policial, que figura como instructor de la firma. Ambos son investigados por falsificación de documentos.