"Cada liceo tiene que encontrar la fórmula": ANEP no prevé prohibición general del uso de celulares en clases

El uso de celulares en clases es debatido a nivel local desde varios ámbitos, por la distracción que genera en los jóvenes, el impacto en la convivencia escolar y el logro de aprendizajes con este dispositivo en el aula, mientras que otros países ya han resuelto limitaciones sobre este asunto.

La única restricción generalizada del uso de celulares en el sistema público se aplicó en Primaria, con la Circular 21, de 2011, donde se marca que en los períodos de clase los dispositivos de maestros y alumnos “deben permanecer apagados”, para “evitar el distorsionamiento”.

No obstante, en liceos públicos, como en las UTU, no hay una reglamentación general al respecto, en un contexto de uso más intensivo de celulares por parte de los adolescentes, de varias redes sociales, que se pelean para ver cuál capta más atención (de menores y adultos).

Lo que ha ocurrido en el último tiempo es que cada liceo o UTU ha tomado la decisión de restringir (o no) el uso de celular en clase, con diferente alcance. De la misma manera ocurre a nivel privado, donde cada colegio y liceo privado, en función de la autonomía que tienen, han optado por restringir (o no) la utilización de los dispositivos en las aulas.

Frente a este escenario, comenzaron varios análisis a nivel del sistema público para ver qué medida aplicar y con qué alcance. El mes pasado se publicó el estudio sobre la gestión de celulares en aulas de la educación media pública, que realizó Ceibal, junto a la Universidad Católica (UCU) y Unesco.

Se concluyó que “distintos tipos de iniciativas pueden ser exitosas frente a problemáticas similares vinculadas al uso del celular en centros educativos”. De manera que “no se identifican políticas homogéneas como soluciones universales”, sino que las “estrategias más sostenibles parecen ser aquellas que se adaptan al contexto específico de cada centro”.

La investigación tomó en cuenta la experiencia de diferentes iniciativas (prohibición total, restricción alta, restricción moderada e interacción pedagógica), en varios centros públicos, de Montevideo y el interior del país.

Las mayores restricciones del uso del celular “tienden a funcionar mejor en contextos en los que existe un alto nivel de apoyo de la comunidad educativa, particularmente de las familias”, y con acceso a dispositivos de Ceibal. Pero sin estas condiciones, “la prohibición del celular puede implicar, de hecho, la exclusión del acceso a la tecnología en el aula”, puntualizó.

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, dijo la semana pasada en rueda de prensa que hay un grupo de trabajo a nivel del organismo para “ver de qué manera se viabilizan algunas regulaciones sobre el uso de los dispositivos”.

“Lo que vamos teniendo evidencia es que ni la prohibición total, ni no decir nada respecto al tema es bueno. Sí es bueno cuando hay intervención de los centros educativos, de los adultos, del tipo de uso que se hace y para qué se hace”, agregó Caggiani.

El titular de ANEP planteó que no será una decisión liberada a cada director, de cada centro, sino una política “más integral”, tomando en cuenta la experiencia en Primaria citada, que “viene funcionando bien”, así como políticas que tomaron centros que son “orientadoras” de por dónde se debe ir. “Vamos a elaborar algo que sea aplicable para todo el país”, remarcó.

"Desde mi óptica, se debe integrar el celular al aprendizaje", sin un enfoque prohibicionista, planteó el director de Secundaria, Manuel Oroño, a El País. "Siempre que prohibís algo, tenés que pensar qué vas a hacer ante el incumplimiento, y eso en adolescentes es bien complejo. Tampoco podemos transformarnos en cuidadores de que lo único que nos preocupa es que no tengan celular", agregó el
director.

“En un proceso de reflexión con los alumnos, de qué hace el celular, que son adictivos, los algoritmos y su impacto, podríamos llegar a que toda la clase entienda en el correr del año para qué se puede usar para el aprendizaje. Después capaz que no es necesario dejarlo en una cajita, pero es difícil que se autorregule de entrada”, planteó el director.

Oroño agregó que no está previsto que Secundaria llegue con una regulación del uso del celular generalizada para este año, aunque adelantó que no será “una medida para todos igual”, sino que “cada liceo tiene que encontrar la fórmula". La idea es que “cada centro, cada nivel, según su contexto” pueda marcar su regulación.

"En Secundaria no hemos discutido una política general. Sí hemos orientado para que cada institución educativa genere en la medida de sus posibilidades un proyecto que reflexione sobre el uso del celular", dijo el jerarca. El Liceo 42, de Malvín Norte, solicitó la autorización para iniciar próximamente un estudio que pretende investigar cuanta atención logran los alumnos sin celular. Ceibal continuará con las investigaciones al respecto durante el año.

En los colegios privados, este asunto también está siendo debatido. Un estudio encargado al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) en el Colegio Santa Elena concluyó que la restricción del uso del celular “se asocia a mejoras en la atención y la participación en clase, al fortalecimiento del clima de aula y a mayores instancias de socialización entre estudiantes”.

Ignacio Cassi, titular de la asociación de colegios católicos (Audec), dijo consultado por El País que “no hay postura” a nivel de Audec. “Ha sido un año de revisión a nivel de muchas instituciones pero la asociación no debería tomar una posición, eso queda en la órbita de cada institución”, marcó.

En esa línea, Alejandro Di Lorenzi, al frente de la asociación de colegios privados (Aidep), también marcó que no hay un posicionamiento generalizado, pero comparten sus resultados. “Varias instituciones han adoptado algunas políticas más de uso responsable del celular. En algunos casos, eso implica la restricción del acceso en toda o parte de la jornada”, señaló.

“Hay una discusión pedagógica sobre si el celular es un dispositivo adecuado de aprendizaje”, que involucra varias aspectos, como que el equipo es individual y personal “quizás es más complejo el trabajo en subgrupos”, agregó Di Lorenzi.

Las restricciones en el uso de celulares en las aulas “han traído algunos réditos interesantes” en la convivencia. “No tenemos evidencia de si eso tiene impacto o no en el aprendizaje”, agregó. Di Lorenzi planteó que como el tema está “en auge”, se puede caer en una visión “más reactiva de prohibir, pero tiene una trascendencia más importante que eso”, sostuvo.

Por otro lado, Sergio Sommaruga, docente e integrante del sindicato de colegios (Sintep), planteó a El País que no hay una postura en ese ámbito sobre el tema, pese a que es tema de conversación a nivel docente. “No es un debate inocuo el uso o no de los celulares en clase”, puntualizó.

Sommaruga marcó que en sus clases de Filosofía en bachillerato no está habilitado el uso del celular, que debe estar en la mochila, salvo para hacer una actividad, ya que es un “enorme distractor” que afecta la paciencia, la concentración y la resistencia a la frustración, dijo. Esta medida, aseguró, es vista de forma “favorable” por los alumnos en las evaluaciones del curso.

“Aprender o estudiar es un esfuerzo cognitivo. No es divertido. Podés hacer la clase pedagógicamente interesante, pero un docente no es un payaso”, puntualizó. “Creo que los docentes tenemos el derecho de impedir la utilización del celular en clase, con el debido fundamento pedagógico”, añadió.

No obstante, para el docente hay otro debate a ponderar, “cultural y social”, por fuera del aula, sobre el uso del celular configurado como una “extensión del cuerpo”. “Se ha metido en la epidermis de nuestra relaciones sociales, que después impedirlo parecería ser una anomalía. Hay una reflexión cultural y socialmente necesaria para hacer en torno a esto”, dijo.

“Si no hay una preocupación social sobre cómo estamos relacionándonos con la tecnología es muy difícil legitimar la prohibición o la inhibición del uso de celulares en clase. No podemos disociar un proceso del otro”, remarcó Sommaruga.

El País intentó, sin éxito, consultar al sindicato de profesores de Secundaria (Fenapes) y la coordinadora de sindicatos de la educación (CSEU) la visión del uso de celulares en clase a nivel de celulares en clase.

Unesco informó hace dos semanas que aumentó el porcentaje de países que prohíben el uso de celulares en escuelas respecto al porcentaje visto en el informe de seguimiento de la educación en el mundo (Informe GEM) de 2023. “La expansión ha sido rápida”, marcó.

El organismo educativo de Naciones Unidas indicó que un seguimiento global de marzo marcó que 114 sistemas educativos ya han prohibido el uso de teléfonos móviles en las escuelas, el 58% de los países del mundo.

En 2023, ese porcentaje era de 24%, y en 2025 saltó a 40% y en poco tiempo subió unos 20 puntos porcentuales. En la distinción por regiones, los países de América Latina y El Caribe el porcentaje llega a 56.76%, mientras en Europa y Norteamérica salta a 85,71%.

“En muchos casos, las prohibiciones se aplican durante la jornada escolar o dentro de las aulas, y algunos sistemas permiten el uso de teléfonos solo con fines educativos, para grupos específicos de alumnos (como aquellos con discapacidades o enfermedades), o exigen que estén apagados y guardados”, señaló Unesco.

Francia, por ejemplo, prohibió el uso de celulares en Primaria y Secundaria para salvaguardar la salud mental de los jóvenes, y avanza en una ley para prohibir el uso de redes sociales en menores de 15 años.

Mientras que en Estados Unidos si bien no hay una prohibición nacional, 39 de 50 estados cuentan actualmente con prohibiciones estatales (15) o regulaciones que exigen a los distritos escolares adoptar políticas que restrinjan el uso de teléfonos en las aulas (24).