Ceres alerta que el gobierno no podrá ejecutar el Plan Nacional de Seguridad Pública que presentó días atrás

Ignacio Munyo, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) fue contundente al opinar sobre el Plan Nacional de Seguridad Pública lanzado este mes por el gobierno que lidera Yamandú Orsi. “No puede aplicarlo, falta decisión política y recursos, tanto humanos como materiales”, sostuvo.

La afirmación la realizó durante el evento “Uruguay, futuro y jóvenes: desafíos actuales”, realizado este viernes, que fue organizado por Fundación Manantiales en el Piso 40 de World Trade Center, y que también contó con la participación de la senadora argentina y ex ministra de seguridad, Patricia Bullrich y el especialista colombiano en seguridad y crimen organizado, Carlos Chacón.

Munyo aclaró que el problema no radica en el programa en sí, sino en la capacidad del país de ejecutarlo. De hecho, remarcó que el equipo de técnicos de Ceres estudió el plan “a fondo”, y reconoció que el producto final es una propuesta “seria”, “se basa en evidencia” y logró el apoyo profesional de organismos internacionales y bancos de inversión.

“El plan está muy bien, incorpora lo que se sabe a nivel científico, a nivel técnico, lo que le falta es una decisión política contundente para dotar los recursos necesarios para llevarlo adelante, tanto financieros como humanos”, subrayó.

A modo de ejemplo, en lo financiero citó el caso del Poder Judicial, que, ante la discusión presupuestaria del año pasado, elaboró un análisis sobre cuánto debería solicitar al gobierno para atacar los problemas de seguridad en Uruguay. “De cada $ 100 que le pidió al gobierno en el presupuesto, recibió $ 6. Entonces, ¿cómo podemos después exigir resultados? Y esto en un marco en el que el gasto creció y es gigantesco. La decisión política fue no darle recursos al Poder Judicial, sino dárselos a otros aspectos que el Estado realiza en Uruguay que muchos no son esenciales”.

En cuanto a los recursos humanos, Munyo catalogó este problema como “el más complejo de solucionar, más que el financiero”, sobre todo, en la tarea de rehabilitación de reclusos. “Esto genera un problema enorme a nivel social y de convivencia porque el flujo diario permanente de 30 personas que salen a la calle que no salen rehabilitadas”.

Esto, a su entender, es responsabilidad del Estado, que en su esencia, “no está en condiciones” de llevar a cabo la tarea más crítica que es rehabilitar a las personas, las cárceles y las familias. “Hoy están saliendo de las cárceles 30 personas sin ninguna ayuda, sin ninguna alternativa, sin recursos", dijo.

Ante ello, aconsejó que el Estado debe “dar un paso al costado” y delegar esta tarea al sector privado. “Ha sido un ejemplo clarísimo de fracaso del Estado haciendo tareas que no puede hacer. No es capaz de rehabilitar, tiene que reconocer esta incapacidad y abrir las puertas al sector privado, a las asociaciones, adentro y afuera de la cárcel, en el área de la rehabilitación. Estado sí puede financiar y apoyar, pero tiene que dar un paso al costado”.

Asimismo, el principal de Ceres pidió atacar otro de los principales problemas de seguridad en Uruguay, la superpoblación que existe en las cárceles. “Meten presos a personas que no deberían estar presos, y no meten presos a los que sí deberían estar presos. También hay un problema de proporcionalidad de las penas, hoy, no todas de las 15.000 personas que están en la cárcel deberían estar presas. Solo, si a partir de hoy, ingresaran solo tres personas por día, el promedio de América del Sur (entran más de 30) lograría tener planes de rehabilitación”.

“Lo que hay que arreglar es muy grande. Todo eso está establecido en el plan Nacional de Seguridad, la duda enorme que uno tiene por fundamento de larga data es que Uruguay va a estar en condiciones de ejecutar lo que corresponden para poder avanzar en un problema que ya tiene larga data y que necesita el fundamental apoyo del sector privado a través de organizaciones”, concluyó.

En su turno, la senadora argentina Patricia Bullrich instó a hacerle frente “a la idea de que el crimen es incombatible” sino que hay que hacerle frente. A modo de ejemplo, citó el caso de los piquetes y la situación de inseguridad que vivía la ciudad de Rosario.

Foto: AFP

“En el caso de los piquetes, se pensaba que era imposible erradicarlos y que había que acostumbrarse a vivir con ellos. Ahora ya no hay más. No creo en la resignación, sino en el coraje”, sentenció.

En tanto, al abordar el tema de Rosario, recordó la implementación del Plan Bandera que permitió que la sociedad de esa ciudad “volviera a vivir, a salir tranquila por la noche”. “Entramos en todos los barrios que no se podía ingresar con la policía federal. Promovimos la Ley Antimafia, que impactaba en todas las personas involucradas en un hecho de narcotráfico. Incrementamos un 90% los procedimientos antidrogas y creció un 75% las personas detenidas. En un año se detuvieron 80.000 personas”, graficó.

También destacó la decisión de “romper las redes” delictivas” desestructurando las organizaciones mediante el envío de los jefes desde las cárceles locales a las federales.

Al llevar esta realidad a Uruguay, en el caso de los homicidios, aconsejó no naturalizar la cifra de 10% que posee el país, sino atacar donde sucede. “Si el número es como Argentina, el 90% ocurre en el 10% del territorio, o sea, sabemos dónde es, hay que atacarlo”, enfatizó.

Pero no es todo, para atacar de forma eficiente, aconsejó invertir en actualizar los recursos. Por ejemplo, en tener al día el listado de nuevas drogas que salen al mercado. “Hay que incorporar las nuevas fórmulas para que el sistema judicial pueda actuar. Nosotros hemos sumado unas 300 en el último año”, dijo.

Carlos Chacón: "La guerra contra las drogas no está perdida, no hay que caer en ese discurso"

A su momento, vía zoom, el experto colombiano coincidió con Bullrich en no naturalizar el crimen organizado ni negociar con los narcotraficantes “En algunos países, se había entrado en la lógica de que al crimen organizado no había que enfrentarlo, sino naturalizarlo. Por ejemplo, el gobierno de Colombia hizo pactos y ahora hay zonas donde el narcotráfico hizo control de territorio y sustituyó al Estado. Controlan barrios enteros, los grupos criminales son los que establecen las reglas de comportamiento y convivencia”, alertó. También aconsejó a los países de la región, como Uruguay, estar alertas ante la expansión de las estructuras criminales. “El crimen internacional se expande rápidamente y los territorios de América se han convertido en países de tránsito. El problema pasa porque no se toma con seriedad la magnitud del riesgo, los países piensan que nunca les va a pasar”, señaló.

Para cambiar esta realidad, aconsejó invertir en mejores cárceles, crear una fuerza especial para combatir grupos criminales internacionales, adaptar la legislación a esta nueva realidad, desactivar nodos financieros y logísticos que son claves para que funcionen estas redes, crear mecanismos de reconocimiento en las fronteras, y sobre todo, “no criminalizar al consumidor”. “La guerra contra las drogas no está perdida, no hay que caer en ese discurso”, cerró.