Caso Fosvoc: Fiscal archivó denuncia contra Andrade y Diverio pero señaló falencias en la contabilidad del PCU

El Fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3er Turno, Gilberto Rodríguez, archivó la indagatoria contra el senador del Partido Comunista Óscar Andrade y el diputado de esta fuerza política Daniel Diveriot por la presunta utilización de dineros del Fondo Social de Vivienda de los Obreros de la Construcción (FOSVOC) para la campaña electoral del sector.

En el dictamen, al que accedió El País, Rodríguez afirmó que de los controles que fueron realizados “no pudo determinarse la existencia de vínculos transaccionales entre el Partido Comunista, el Sindicato Único Nacionales de la Construcción y Anexos (Sunca) con el Fosvoc”.

Además, determinó que la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) no “pudo establecer que las personas físicas que fueron sospechadas de hacerse de efectivo del FOSVOC hayan efectuado alguna operación o diligencia para los otros organismos”.

“Finalmente, Senaclaft pudo afirmar que el Partido Comunista del Uruguay si bien recibió ingresos no documentados, no existen indicios claros de ilicitud de los mismos”, afirma el dictámen.

El dictamen agrega que “no fue posible determinar la existencia de desvíos entre las instituciones mencionadas”.

De todas formas, el fiscal dejó constancia de que hubo dificultades para auditar las cuentas electorales del PCU.

“Respecto al Partido Comunista, el no poseer personería jurídica ni documentación suficiente, impidió un análisis profundo de su contabilidad”, se asegura también en el dictamen.

El texto además agrega que “representó una dificultad relevante adicional el hecho que se manejara un alto volumen de fondos (ingresos y egresos) en efectivo, lo cual es un obstáculo para determinar la trazabilidad del mismo, su origen y destino concretos”.

“En el mismo sentido, representó una dificultad relevante no poseer contabilidad suficiente. No fue posible conciliar los movimientos bancarios con los registros contables del Partido Comunista, debido a la no existencia de contabilidad con criterios
uniformes y confiables”, señala el escrito.

El Fosvoc es un fondo social creado en 1967 mediante convenio colectivo del sector de la construcción, financiado por aportes de trabajadores y empresas, que brinda beneficios habitacionales a los trabajadores del sector. Ofrece una ayuda no reembolsable, por única vez, para amortizar deudas o pagar saldos de viviendas o terrenos, y préstamos reembolsables para adquirir materiales destinados a reformas, construcción o ampliación de viviendas. El fondo es administrado por una comisión honoraria bipartita integrada por dos representantes empresariales y dos del SUNCA.

La denuncia por el caso surgió en diciembre de 2024, cuando quienes quedaron a cargo de la administración durante la licencia de la gerenta financiera detectaron transferencias de dinero a cuentas de particulares que no habían sido autorizadas por la directiva.

Por el caso fueron condenadas ocho personas acusadas de desviar US$ 1 millón.

La investigación detectó, por un lado, 193 transferencias irregulares que eran registradas como pagos a proveedores u otros conceptos. Entre los receptores estaban tres sindicalistas condenados en junio de 2025 —Víctor Rivero, Santiago Bernaola y Bruno Bertolio— y otras 12 personas. Sin embargo, la Fiscalía solo pudo acreditar la participación de cinco de esos restantes involucrados..

Por otro lado, los condenados solicitaban partidas especiales no reembolsables mediante la presentación de supuestos casos de extrema necesidad, como enfermedades terminales, trasplantes o incendios. Solo durante 2024 se detectaron 40 pedidos irregulares, realizados sin presentar documentación que respaldara las situaciones alegadas y, en algunos casos, utilizando datos falsos o correspondientes a personas fallecidas.

Los tres exdirigentes, en particular Bernaola, sostuvieron ante Fiscalía que actuaban siguiendo órdenes de dirigentes superiores, mencionando a Andrade, Diverio y la exsecretaria de Finanzas del Sunca y ex Secretaria de Finanzas del PCU, Laura Alberti, que también resultó beneficiada por el archivo de la investigación.

Bernaola sostuvo que el dinero iba destinado a financiar la campaña por el Sí a la reforma de la seguridad social y actividades vinculadas a las elecciones internas y nacionales del Frente Amplio, extremo que no fue probado.

Bertolio, Bernaola y Rivero, quienes meses atrás aceptaron su responsabilidad en el marco de un acuerdo abreviado y fueron condenados por los delitos de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia al lavado de activos, hace semanas obtuvieron la libertad anticipada luego de que la Justicia entendiera que tuvieron una progresión dentro del sistema penitenciario.