La renuncia de Jensen Huang como CEO de Nvidia se presenta como un escándalo sexual de un empresario tecnológico. Pero nada más lejos. Detrás de sus relaciones extramatrimoniales hay una disputa sobre quién controla la infraestructura necesaria para desarrollar inteligencia artificial. Y las consecuencias van a alcanzar a todo el mundo. Esta semana, sin ir más lejos, Brasil fue el primer afectado.
Nvidia ocupa una posición central en este esquema. Diseña los procesadores con los que empresas como OpenAI, Google y Anthropic entrenan sus modelos de IA. Estados Unidos domina buena parte de su diseño, la taiwanesa TSMC los fabrica y Países Bajos los equipos para producirlos.
La estrategia no es nueva y comenzó durante el gobierno de Joe Biden. En 2022 impuso restricciones a la exportación de chips avanzados y equipos para fabricarlos a China. En 2023 amplió los controles y, antes de dejar el gobierno, presentó un sistema que regulaba su distribución internacional. La política, conocida como small yard, high fence, buscaba proteger tecnologías consideradas fundamentales para la seguridad nacional con restricciones difíciles de esquivar.
Pero Trump modificó ese camino. Eliminó el sistema de distribución internacional de Biden y autorizó determinadas exportaciones a China. El principal defensor de ese cambio fue Jensen Huang, muy cercano al presidente. Su argumento era que mantener a las empresas chinas usando procesadores y software estadounidenses permitiría conservar su dependencia tecnológica. Del otro lado hay varias voces fuertes, tal vez la que más se oye es la de Dario Amodei, CEO de Anthropic que sostiene que restringir el acceso chino a chips avanzados permite preservar la ventaja estadounidense.
Pero algo que dejó al descubierto el caso Huang y del poco se ha hablado son los límites para controlar la venta física de procesadores. Alice Huang, la empresaria sospechosa de colaborar con la inteligencia china con la que el fundador de Nvidia reconoció haber tenido una relación, estaba vinculada a Megaspeed, una empresa de centros de datos investigada por posibles violaciones de los controles estadounidenses.
¿Qué hacía Megaspeed? Instalaba procesadores Nvidia en centros de datos del sudeste asiático y alquilaba capacidad de procesamiento a empresas chinas al otro lado de la frontera. No hace falta cruzar los chips si se pueden usar a distancia.
Pero este 16 de noviembre, mientras en los medios de todo el mundo se hablaba de relaciones fuera del matrimonio, Estados Unidos anunció nuevas normas para cerrar esa vía de acceso remoto. Y la decisión va más allá porque establece requisitos adicionales de licencias para exportar chips avanzados a Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia y Brasil.
¿Por qué Brasil? El gobierno estadounidense considera que esos cinco países presentan un riesgo mayor de que los procesadores terminen en destinos no autorizados. A partir de la entrada en vigor de la norma, importar determinados chips a Brasil requerirá una licencia estadounidense, aunque los equipos se queden en Brasil y las empresas con sede o casa matriz en Estados Unidos podrán acceder a condiciones más favorables si cumplen requisitos de información.
Las autorizaciones se estudiarán caso por caso, teniendo en cuenta la seguridad nacional, la política exterior estadounidense y la cooperación del país con Estados Unidos. Además, el gobierno de Trump podrá sumar otros países a la lista y adoptar medidas contra aquellos que, a su juicio, toleren la evasión de los controles.
¿Podría Trump usar esas autorizaciones como usa los aranceles, para negociar, premiar o presionar a otros gobiernos? La regulación no demuestra que esa sea su intención, pero sí le da una herramienta para hacerlo.
Uruguay no aparece entre los cinco países, pero las restricciones al acceso remoto también pueden alcanzar a centros de datos instalados aquí, según sus equipos y clientes. No sabemos si podrían afectar a los proyectos anunciados pero esto implica que a partir de ahora un centro de datos uruguayo podría necesitar autorización de Estados Unidos para vender capacidad de procesamiento a clientes chinos. Tener los servidores en el país ya no garantiza poder decidir quién los usa.
Es que la competencia por la inteligencia artificial no se limita a quién desarrolla mejores modelos. También se juega en quién controla los procesadores, dónde se instalan los centros de datos y quién decide quién puede usarlos. La decisión sobre Brasil muestra que esa disputa ya está definiendo condiciones para desarrollar infraestructura tecnológica en América Latina. Y que esas condiciones pueden depender tanto de los intereses comerciales como de las relaciones que tengamos.