UN HOMBRE PREVISOR

Juez Benítez ordenó prisión preventiva por 120 días para Balcedo y esposa.

La investigación del fiscal Rodrigo Morosoli apunta a sociedades fantasmas y testaferros del sindicalista argentino y empresario periodístico, Marcelo Balcedo.

La Fiscalía solicitó información al Ministerio de Defensa sobre los vuelos del sindicalista realizados entre Buenos Aires y Melilla, ya que sospecha que en los mismos se trasladó a Uruguay valijas cargadas de dinero. También pidió datos a Aduanas por si el trasiego de dinero se hizo por tierra.

En una audiencia realizada ayer, el juez especializado en Crimen Organizado, Pablo Benítez, formalizó la causa penal contra Balcedo y su esposa Paola Fiege por los delitos de lavado de activos y contrabando de vehículos de alta gama y dictaminó la prisión preventiva para ambos por 120 días.

La Fiscalía señaló que el pedido de extradición de Argentina da cuenta de indicios que vincularían a Balcedo y su esposa y a Mauricio Yebra, el número dos del sindicalista argentino, con el cartel rosario denominado "Los Monos", organización delictiva vinculada al tráfico de drogas en la provincia de Santa Fe.

Balcedo, Fiege y Yebra también son acusados en Argentina de haber realizado extracciones millonarias en efectivo de una cuenta del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) y de incurrir en "actividades extorsivas" en la provincia de Buenos Aires.

Morosoli dijo en la audiencia que Balcedo habría incurrido, además, en el delito de tráfico interno de armas al habérsele encontrado en su propiedad pistolas registradas a su nombre en Argentina.

Basó su acusación en las evidencias recolectadas en tres semanas de investigación realizada por un equipo multidisciplinario integrado por el Banco Central, la Secretaría Antilavado, la Impositiva, la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado, Interpol y el Instituto Técnico Forense del Poder Judicial. Este equipo fue creado luego de la detención de Balcedo y su esposa efectivizada el 4 de enero pasado.

El director de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, dijo a El País que el equipo multidisciplinario ya entregó su informe a la Fiscalía. "En teoría todo lo existente ya se averiguó. Si surgen nuevos elementos, el fiscal nos convocará", agregó.

Con el inicio de la investigación formal, el pedido de extradición de la Justicia de La Plata, Argentina, quedará en suspenso hasta que la Justicia local acuse o absuelva a Balcedo y a su pareja. En ese momento, el juez se expedirá también sobre si los fondos y bienes incautados al sindicalista, valorados en unos US$ 15 millones, pasarán o no al Estado argentino.

Morosoli tiene un año con opción a otro para reunir las pruebas suficientes para acusar a Balcedo y a Fiege. Posteriormente, se realizará un juicio oral y público donde el fiscal presentará sus evidencias, la defensa de Balcedo (los penalistas Víctor della Valle y Alejandro y Carlos Balbi) las refutarán y el juez Benítez fallará sobre el caso. "El origen del dinero incautado en Uruguay es eventualmente ilícito. Esa información vino de Argentina. La investigación continuará con empresas satélite y otros involucrados", dijo Morosoli a la salida de la audiencia.

En la audiencia, Morosoli señaló que, durante el desarrollo de la investigación, se determinó que el chalet denominado "El Gran Chaparral" de Balcedo, ubicado en el balneario Playa Verde, estaba constituido por 12 padrones. Balcedo y su esposa compraron los derechos posesorios de esos padrones entre 2011 y 2016 por cifras que oscilan entre US$ 20.000 y US$ 1.600.000, según el fiscal.

En la audiencia, Della Valle y Balbi rechazaron que el sindicalista argentino estuviera vinculado a "Los Monos" y que se haya apoderado en forma ilícita de dinero del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación.

"Se trata de un ingeniero con un máster en Comunicaciones. Es una persona que tenía fortuna antes de ocupar un cargo en el sindicato. Mi defendido es un empresario con actividad en Argentina y en Uruguay", dijo Della Valle.

El penalista sostuvo que Balcedo y su esposa hace 11 años que viven en Uruguay y sus hijos van a la escuela.

Della Valle dijo que el pedido de extradición del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, se debe a que este tiene una "larga disputa política" con Balcedo. "El hermano del juez fue acusado de corrupción por el diario de Balcedo", explicó.

Rodolfo Patiño, abogado argentino de Balcedo, dijo a El País que el sindicalista viajó a Uruguay el 22 de diciembre de 2017 y el 24 de ese mes el juez pidió la extradición. Enseguida agregó: "En Uruguay se habla sin pruebas. En Argentina no se habla de lavado de activos ni de extorsiones".