Por Sebastián Cabrera
La avenida Artigas se convierte en la calle Maestro Julio Castro cuando se aleja de la zona más urbana de Florida y se aproxima a las bordes de la ciudad, donde el verde del campo gana terreno. En una loma, unos cuantos policías, varios autos y un grupo de gente amuchada indica que allí algo va a pasar.

Es martes 2 de mayo, un rato antes de las tres de la tarde. En el sitio todos esperan con evidente entusiasmo al presidente Luis Lacalle Pou, al secretario de Presidencia Álvaro Delgado, a la entonces ministra Irene Moreira, al subscretario Tabaré Hackenbruch y la plana mayor del Ministerio de Vivienda. Hasta el senador cabildante Guido Manini Ríos y el subsecretario de Defensa Rivera Elgue, también de Cabildo, están entre los invitados.

Nada hace sospechar en esta templada tarde de otoño en la crisis política que llegaría a la coalición apenas unas horas después y que terminaría provocando el viernes la caída de la propia ministra Moreira por haber asignado a dedo una vivienda a una militante de Cabildo Abierto, una noticia informada el miércoles por radio Universal. Las fotos que se sacarán esta tarde Lacalle y Moreira serán las últimas del período con la ministra en su cargo.

En un costado —cerca de donde están los policías, los autos y la gente— un cartel de color amarillo chillón dice que allí sucede el “realojo Sitio Pintado”, por el barrio donde se inauguran 10 viviendas para familias que vivían en el asentamiento floridense de Rivera y Rincón. Las llaves de otras 14 viviendas, del asentamiento Hariflor, se entregarán a unas cuadras de este lugar en el barrio Prado Español.

Foto: Estefanía Leal.

En la esquina a la izquierda del cartel está el logo del Plan Avanzar. Se trata, claro, de un buque insignia del presidente Luis Lacalle Pou, con el que pretende regularizar o intervenir de aquí al final del mandato en 91 asentamientos y al que le asignó —mediante el Fideicomiso de Integración Social y Urbana— US$_240 millones, que se suman a los US$ 240 millones que ya estaban presupuestados para inversiones en curso. En total son unos US$ 480 millones destinados a los asentamientos.

Un plan que en unos días cumple su primer año y lo hace en medio de una crisis política. Y no solo eso: la oposición dice que se ha hecho poco y desconfía de lo que se pueda avanzar de aquí a 2025. El gobierno, si bien reconoce problemas, asegura que se han dado pasos concretos para mejorar el complejo panorama.

La salida de la ministra es un golpe duro para el gobierno por lo que implica en el relacionamiento con Cabildo y en el futuro de la coalición, pero Avanzar, ya se verá, es un plan sobre el cual Lacalle Pou tuvo desde el principio un especial control y excede al Ministerio de Vivienda. El programa abarca una respuesta global del Estado al tema asentamientos y Presidencia lo sigue de cerca porque lo considera un tema estratégico.

Es una prioridad para Lacalle Pou. Por eso la presencia del presidente y Delgado este martes 2 de mayo para inaugurar 24 viviendas en un clima de fiesta.

Una machacante música tecno suena en los parlantes mientras los beneficiarios, muchos con remeras y gorros de ese amarillo chillón, aguardan el momento soñado. Ahora bien, ¿qué ha realizado el gobierno hasta ahora?

La historia se arrastra a 2020 y a una disputa del presidente con Cabildo y el Partido Colorado, porque Lacalle Pou pretendía pasar el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) del Ministerio de Vivienda a Presidencia, para seguir más de cerca la regularización de asentamientos, un tema que le obsesiona.

Durante la discusión del proyecto de Presupuesto a mediados de 2020, colorados y cabildantes no votaron ese pasaje, que a su juicio le sacaba al ministerio un rol central y dejaba casi sin razón de ser a la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu) creada en la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Tanto le preocupa a Lacalle Pou el tema que en la campaña de 2014 prometió “asentamiento cero”. Cinco años después, el programa del Partido Nacional de 2019 planteaba “llegar tendencialmente a una situación de asentamiento cero” en un horizonte de 10 años, o sea a 2029. Un objetivo que hoy parece demasiado lejano y que, todos admiten, no es más que una mera aspiración.

Al frente de la Dinisu, y de alguna manera de la coordinación del plan Avanzar, está desde el 11 de mayo de 2021 la arquitecta Florencia Arbeleche, una técnica nacionalista de confianza del presidente (y cercana a él) en un ministerio dirigido hasta esta semana por cabildantes y colorados. De perfil muy bajo (tanto que no ha dado casi entrevistas), Arbeleche fue clave en la elaboración del programa de vivienda del Partido Nacional y es hermana de la ministra de Economía Azucena Arbeleche.

El Plan Avanzar, creado especialmente por Lacalle Pou para erradicar asentamientos, fue lanzado el viernes 13 de mayo de 2022, hace casi un año. Allí se anunció que se coordinaría el PMB, el Plan Juntos, el Plan Nacional de Relocalizaciones (PNR), Mevir, la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y el trabajo de las intendencias.

Desde aquel momento hay reuniones mensuales en Torre Ejecutiva dirigidas por Delgado y el prosecretario Rodrigo Ferrés (es decir, los ojos y oídos del presidente están allí) pero donde también participa el director Hugo Odizzio acompañado por Santiago Caramés en nombre de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas así como el presidente del congreso de intendentes, Fernando Echeverría, y la secretaria ejecutiva Macarena Rubio. Por el Ministerio de Vivienda participa (o participaba, más bien) Moreira y su asesor Eduardo Ache, Hackenbruch, Arbeleche, el coordinador del PMB Álvaro Martínez, el coordinador de Juntos Rody Macías y el presidente de Mevir Juan Pablo Delgado.

Foto: Estefanía Leal.

El gobierno interviene en 91 asentamientos en diferentes fases en todo el país, según datos oficiales a las que accedió El País.

Hasta ahora se han terminado intervenciones en 10 asentamientos en Montevideo, Canelones, Salto, Tacuarembó y Florida. Según el gobierno, a través de los diferentes programas se ha dado respuesta a 1.871 hogares, de los cuales cerca del 60% son nuevas viviendas.

Otros 42 asentamientos están en obra o en proceso de compra de vivienda usada en Canelones, Cerro Largo, Durazno, Florida, Flores, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Salto, Soriano y Tacuarembó.

¿Cuántas personas y asentamientos se proyectan hasta el final del período? La idea es llegar a 120 asentamientos y más de 15.000 hogares.

Los US$ 240 millones extra del fideicomiso corresponden a 20 asentamientos que se retoman (más de 5.000 hogares) y 60 asentamientos nuevos (otros 5.000 hogares), según la información oficial. “De los 80 asentamientos, ya se está trabajando en 58 de ellos en los 19 departamentos: 34 están en etapa de proyecto y 24 en etapa de licitación u obra”, dice una fuente del ministerio.

Foto: Estefanía Leal.

¿Todo esto es suficiente? El subsecretario Hackenbruch admite que no está conforme: responde a El País que “se ha avanzado mucho pero, como decían los maestros de escuela, puede y debe rendir más”. Entonces opina: “Los tiempos del Estado, los tiempos de los procesos licitatorios y las complejidades sociales llevan a que eso no esté ajustado con las necesidades de la gente”. Y usa una frase que solía decir Tabaré Vázquez: “Falta mucho pero vamos bien”.

Después agrega que “los recursos están”, por lo que “el desafío es ejecutar”. Hackenbruch ve “natural” que Lacalle Pou siga de cerca el tema porque “siempre tuvo una sensibilidad especial con esta problemática”. Y asegura: “Lejos de ser un control, es un apoyo porque permite una interacción más ágil dentro del Estado”.

Volvemos al martes 2 de mayo un rato antes de las tres de la tarde. Atrás del cartel de Avanzar, 10 viviendas blancas relucientes. Y en un costado un grupito de gente —no mucho más de 15 personas, futuros dueños de esas casas— sigue atentamente lo que dice una funcionaria del Ministerio de Vivienda.

Están parados, en silencio. Por los parlantes se escucha la voz amplificada de la funcionaria mencionar una a una las cláusulas, como que no pueden “ceder las casas sin autorización” y que ahora “están obligados a pagar los servicios”.

“¿Alguna duda? ¿Alguna consulta?”, pregunta y todos dicen que no. Entonces llega el momento de llamarlos uno a uno a una sala, donde firmarán el contrato, ese que leyeron en voz alta unos instantes antes.

Foto: Estefanía Leal.

Sentada en una silla, algo encorvada y con la remera amarilla puesta, espera sonriente María Angélica, de 69 años. Es la más veterana del grupo y todos la tratan con cariño. En su vida hizo de todo: trabajó mucho tiempo en el vertedero municipal, también en el campo en la zafra de uvas, limones y tomates, hizo limpiezas y cargó leña. Hasta que le salió la pensión.

Cuenta que vive en el asentamiento hace más de 20 años y que fue de las primeras pobladoras. Está feliz por el realojo (“las casas son un espectáculo”) pero dice que lo malo es que “queda bastante lejos”, porque las nuevas viviendas están casi afuera de la ciudad. “Antes teníamos todo cerquita”, lamenta. A su lado, radiante, su nieta Paola, que recibirá “un voucher” para alquilar en forma provisoria porque su casa aún no fue construida. Ella es empleada rural y va y viene, por lo cual la solución le sirve.

Más allá, Edgar, de 35 años, dice que el cambio “es radical”. Él es bloquero y vive con su esposa Mónica y sus tres hijas Milagros, Sharon y Sofía. ¿Escucharon cuando leían el contrato? “Sí, son las obligaciones que tenemos. Igual nosotros siempre pagamos por todos los servicios, desde internet a cable o luz, pero a veces la gente piensa que porque vivimos en un asentamiento estamos colgados”. La mejora, dice, viene porque ahora vivirán en una mejor casa. “No nos entrará el agua cuando llueve, es un lugar más lindo”, cuenta. Su nuevo hogar tiene cuatro dormitorios.

Foto: Estefanía Leal.

Ya con el presidente y las autoridades en el lugar, cada familia recibe su llave, hay llantos, gritos, sonrisas, emoción y selfies, muchas selfies.

Hackenbruch y Moreira esperan para cortar una cinta pero Lacalle Pou no está. “Presidente, presidente”, gritan y él no aparece. Al final alguien se da cuenta que está recorriendo las casas con vecinos.

Primero con Cristina, la presidenta de la comisión barrial, y después con María Angélica. Varios celulares filman el momento en el que el presidente le abre sonriente la puerta a la señora de 69 años. “¡Vamo arriba, abuela!”, le grita Paola, la nieta. “¡Felicidades!”, sigue. Todos aplauden. Entra Angélica y Lacalle Pou, en plan conductor de programa de tele de sueños, la sigue atrás. Ella recorre la casa, entra al dormitorio, después al baño y luego abraza al presidente. La nieta sigue gritando: “¡Te la remerecés!”.

Foto: Estefanía Leal.

Casi todo se repite en el segundo barrio, donde las casas tienen como impresionante telón de fondo el río Santa Lucía Chico.

Hay más cintas, más discursos y más selfies. Al final es el momento de cortar una enorme torta preparada por vecinos. Con los colores amarillos del plan, el postre lleva este mensaje: “Muchas gracias por nuestra casa, la cual será un gran hogar”. Con destreza, el presidente corta los primeros trozos y empieza a repartir. Uno de ellos se lo dan a la entonces ministra. “Muy rica la torta”, dice Moreira. La tormenta política ya conocida, y de resultados aún impredecibles, llegaría unas horas más tarde.