Uruguay debe estar alerta ante la posibilidad de que Irán se asocie con grupos de crimen organizado locales para financiar actividades terroristas del grupo libanés Hezbolá, dijo este jueves el analista israeli, Meir Javedanfar.
El politólogo, académico y analista en seguridad en Medio Oriente, participó del panel “Narcoterrorismo: Nuevas amenazas a la seguridad regional”, organizado por el Centro de Estudios Para el Desarrollo, y las embajadas de Israel, Argentina y Estados Unidos.
El experto, nacido en una famila judía de Teherán, apuntó que el gobierno de los ayatolás obtenía dinero a través de grupos de narcotráfico que operaban en Venezuela, apañados por el régimen de Nicolás Maduro. Con los fondos del tráfico de drogas se financiaban las actividades de Hezbolá, aseguró.
Sin embargo, tras la caída del presidente venezolano a manos de Estados Unidos en febrero de este año, Irán está buscando nuevos grupos criminales en la región con los cuales asociarse para financiar acciones Hezbolá.
“Estoy aquí para advertir a nuestros amigos uruguayos que el régimen iraní está buscando nuevos mercados para exportar drogas para que pueda patrocinar las actividades de Hezbolá. Llegaron a Brasil, donde las autoridades arrestaron a personas que utilizaban criptomonedas en la venta de drogas. Y esto puede pasar en Uruguay. El régimen iraní usa grupos criminales locales en países como Brasil, como Argentina. Ya no usan iraníes y tampoco libaneses, después del trabajo excelente que hicieron los servicios de inteligencia de Argentina, Brasil y Paraguay para identificar sus actividades en el área de triple frontera”, aseguró Javedanfar.
El experto agregó que el régimen iraní está buscando “nuevos mercados” porque está bajo “presión financiera” para patrocinar las actividades de Hezbolá. “Ha perdido Venezuela pero sigue teniendo las redes de distribución de droga en otros países de la región”, apuntó.
Javedanfar agregó que el auge de las criptomonedas y la utilización de aplicaciones de mensajería con altos niveles de encriptación de origen chino, están contribuyendo a los negocios ilícitos de Irán.
“Ellos quieren influir en las políticas de los países, comprar políticos con corrupción en favor de Hezbolá”, agregó. Para combatir esa “amenaza”, el experto planteó que Uruguay declare como grupos terroristas a esta organización y a otras similares como la Guardia Revolucionaria Iraní. “En Argentina ya lo han hecho y recomiendo que lo hagan otros países para su seguridad”, aseveró.
Triple Frontera
Entre los asistentes al panel estuvieron el Gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, el senador colorado Andrés Ojeda, el diputado de ese partido Gabriel Gurméndez y la dirigente nacionalista Valeria Ripoll.
Otro de los expositores fue Diego Kravetz, subsecretario de operaciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de Argentina , quien se focalizó en el narcoterrorismo en la Triple Frontera, entre ese país, Brasil, Paraguay.
Kravetz explicó que en esa región operan ocho clanes familiares con vínculos con organizaciones como Hezbolá y Hamas, que proporcionan apoyo logístico y financiero. Además en la zona operan organizaciones poderosas como el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho de Brasil.
El jerarca señaló que terrorismo y narcotráfico comparten mecanismos de logística, financiamiento y lavado de dinero, además de métodos de intimidación y control territorial. Utilizó como ejemplo, el asesinato de trabajadores en Rosario por parte de grupos narcotraficantes, con el sólo propósito de generar terror.
Kravetz dijo a El País que el departamento de Rivera y el puerto de Montevideo, por su conexión con la Hidrovía Paraná-Paraguay, forman parte de las rutas que utiilzan los grupos que operan en la Triple Frontera por lo que necesitan vigilancia preventiva.
El jerarca apuntó que es necesario armonizar las legislaciones contra el terrorismo y el narcotráfico, como comenzó a hacer Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Además consideró esencial que los Estados tengan control del territorio y los espacios digitales para combatir este fenómeno.
Por su lado, Ángel Valencia Vásquez, fiscal nacional de Chile, advirtió que detener a los integrantes de las organizaciones criminales, incluso a sus líderes, no alcanza para desarticularlas si no se investigan sus estructuras financieras y patrimoniales. Explicó que, después de las detenciones, las empresas continúan funcionando, las cuentas bancarias permanecen abiertas y los testaferros siguen operando, mientras familiares o socios reemplazan a los detenidos.
“Si perseguimos solo hechos e individuos, la estructura sobrevive. Si reconstruimos organizaciones, redes financieras, estructuras empresariales,podemos entonces desarticularla”, apuntó.