OPINIÓN

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En mi columna de hace dos lunes, atribuí a la necesidad de mantener la cohesión de la coalición gobernante las decisiones del lunes 18 de abril, que implicaron flexibilizar las políticas fiscal y salarial y, en particular, entrar en contradicción con la política monetaria en cuanto a la formación de las expectativas de inflación.

Luego de ello, el Senado, por unanimidad, decidió enviar una comunicación al Poder Ejecutivo recomendando realizar una nueva flexibilización fiscal por la vía de exonerar transitoriamente del IVA a una canasta de bienes de consumo. También el PIT CNT se sumó a la lista de pedigüeños, pero esto no sorprende tanto como lo sucedido en el Senado, con el voto favorable de los legisladores del partido gobernante.

En principio, las respuestas del Poder Ejecutivo fueron correctas, tanto por parte del presidente como de su ministra de Economía y Finanzas, negándose a aceptar los respectivos pedidos. Sin perjuicio de que pueda haber coincidencias entre alguno de éstos y decisiones que el Ejecutivo ya había anunciado que adoptaría en el ámbito del Mides.

Lo más delicado de lo relatado consiste en que esto se está dando a semanas de iniciarse el proceso parlamentario de la Rendición de Cuentas, donde todo indica que se plantearán pedidos de todo tipo y calibre por parte de propios y extraños. Creo que no le será fácil al tándem Lacalle Pou – Arbeleche plantarse frente a semejante alud, por lo que es posible que de dicho proceso salga un deterioro fiscal.

Lo complicado de la situación consiste en que las visiones desde ambas perspectivas son opuestas. Desde la visión del MEF, las cosas marchan bien (la economía se recupera y con ella también el empleo) y la situación fiscal no es aún la deseada, si bien ha mejorado. En cambio, desde la óptica de quienes piden medidas, las cosas no van tan bien (los salarios reales y la pobreza están peor que antes de la pandemia) y la situación fiscal es aceptable (acá es relevante la definición que cada quien tiene de “aceptable”).

Desde esta tribuna me he explayado en explicar la situación económica, que, en pocas palabras muestra buenas tendencias y todavía flojos niveles. Por lo que, de algún modo, ambas partes tienen algo de razón. Aquello del vaso a medio llenar.

Por tanto, resulta decisivo entender cuál es la situación fiscal, que indudablemente ha mejorado pero que está todavía lejos de llegar a donde debería (un déficit fiscal total apenas mayor a 2% del PIB, como máximo). Y no sólo eso: hasta ahora, algunas cosas se dieron de un modo favorable a las finanzas públicas mientras que, a partir de ahora, hay varios elementos que apuntan en el sentido contrario. Veamos.

En los últimos 12 meses a marzo, el déficit del sector público fue de 3,5% del PIB. Esa cifra incluye rubros que no son permanentes y seguramente, un ajuste que tenga en cuenta al ciclo económico y a dichos rubros, dé lugar a un resultado mejor. Allí se llegó desde un déficit de 4,4% del PIB en 2019 que, ajustado del mismo modo, daba lugar a un resultado todavía algo peor. Por lo que ha habido un progreso indudable.

Además, la mejoría fiscal se ha dado sin aumentos impositivos y con reducciones en el gasto, lo que luce muy bueno y en línea con los compromisos electorales del presidente.

Sin embargo, y como siempre, debemos meternos más en los números para entender los que está pasando. ¿Dónde ha estado el ajuste? ¿Es “estructural”, permanente o transitorio, reversible?

Hasta ahora no hay noticias de una reducción “estructural” del gasto público y hasta donde se sabe, la plantilla de funcionarios es hoy más o menos la misma que se encontró. Tampoco hubo cambios en las normas que rigen las pasividades que pudieran dar lugar a ahorros. Por lo tanto, la mejoría parece ser transitoria, lo que se confirma si se analizan los números, como se verá a continuación.

El principal factor que hasta ahora jugó en beneficio de las finanzas públicas fue la inflación, que subió en 2020 y estuvo por encima de lo previsto en 2021 y 2022. Esa mayor inflación juega favorablemente desde el punto de vista fiscal por la diferente “memoria” en las reglas de indexación de ingresos y gastos. A modo de ejemplo, el IVA que se recauda en un mes tiene como base los precios del mes anterior mientras que los salarios públicos y las pasividades quedan fijos desde enero. Al acelerarse la inflación, el IVA la incorpora mientras que salarios y pasividades no.

En el caso del rubro remuneraciones, el gasto será este año menor al de 2019 en 0,5% del PIB y en el caso del rubro pasividades, esa diferencia será de 0,7% del PIB. Por otro lado, entre 2019 y marzo de 2022, las inversiones cayeron en 0,5% del PIB.

Si bien el PIB crecerá hasta el final del período de gobierno, y junto con él subirán los ingresos fiscales, también existen compromisos de recuperación salarial (v.gr. las medidas del lunes 18 de abril), anuncios de aumentos en las inversiones y promesas de rebajas impositivas que dificultarán que las finanzas públicas sigan mejorando como hasta ahora. Y más pagos de intereses, con las tasas en subida.

En este contexto, es muy comprensible la respuesta de la ministra Arbeleche a los planteos que ha recibido. Y será clave su firmeza, y, en última instancia, la del presidente Lacalle Pou, en el proceso presupuestal que se viene. Sólo de ese modo podrá cumplir con su compromiso electoral: llegar a la meta fiscal sin subir impuestos. Aun cuando ello se logre sin reformas permanentes en el sector público sino con una represión (que siempre y por definición será transitoria) del gasto público.