Urgencia e impaciencia: el inicio de Kast en Chile

Escribo esta columna desde Santiago, en medio de los primeros días de José Antonio Kast en la presidencia, justo cuando cumplo 33 años de estar ininterrumpidamente vinculado a Chile, tanto en lo profesional como en lo personal. ¿Cómo ha sido el inicio de su gobierno? ¿Cuáles han sido sus primeras medidas y perspectivas?

Kast ganó las elecciones con un amplio respaldo ciudadano en segunda vuelta (58%-38%) y casi mayoría parlamentaria tras los comicios legislativos de la primera vuelta, coronando un giro a la derecha que venía incubándose hace años, al compás del “declive económico”, la mayor delincuencia y otras fallas estatales en políticas públicas.

Sus promesas electorales se centraron principalmente por reactivación económica, la reducción de la inseguridad pública y contención de la inmigración ilegal. Al asumir el cargo reafirmó esos objetivos en un breve discurso que incluyó llamados a la unidad nacional y la noción de “un gobierno de emergencia” para abordar rápidamente los problemas heredados.

Ese concepto no quedó en la retórica. En sus primeras horas en La Moneda, Kast activó decretos orientados a controlar la frontera norte, coordinar la política migratoria, ordenar una auditoría integral del Estado y destrabar permisos para un paquete de inversiones cercano a 5% del PIB, además de acelerar la reconstrucción de algunas zonas afectadas por catástrofes. La señal pareció ser: antes que grandes leyes, “la emergencia” (“la urgencia”) pasa por un shock de gestión y prioridades, con foco en seguridad, eficiencia estatal y reactivación.

En ese marco se inserta la agenda del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que ha estructurado su programa económico en tres ejes: ajuste del gasto público, competitividad tributaria y facilitación regulatoria para reimpulsar la libertad de emprendimiento y la rentabilidad de las inversiones.

Las metas explícitas y ambiciosas apuntan a converger a 4% de crecimiento potencial del PIB hacia 2030, con pleno empleo en torno a desocupación de 6% y equilibrio estructural del resultado fiscal.

En la dimensión tributaria, Quiroz ha planteado disminuir el impuesto corporativo de 27% a 23% en un proceso de varios años, acompañado de medidas para promover el empleo formal de bajos ingresos y reducciones acotadas de tributos distorsivos, compensadas por recortes de gasto y una revisión del uso de exenciones. Al mismo tiempo, el gobierno ha impulsado algunas medidas orientadas a dinamizar el mercado inmobiliario y la construcción. Se trata de un diseño que combina señales pro inversión con focalización social, aunque inevitablemente abrirá debates sobre su progresividad y la consolidación fiscal.

Donde la tensión entre realismo económico y costo político se ha hecho más visible es en los combustibles. El Ejecutivo aprobó un alza histórica en los precios de la gasolina y el diésel, ajustando el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para trasladar más rápidamente las variaciones internacionales al mercado local. Según lo anunciado, las gasolinas subieron alrededor de 30% y el diésel 580 cerca de 60%, en respuesta al salto del petróleo por encima de los 100 dólares el barril tras la guerra en Medio Oriente.

El gobierno ha intentado amortiguar el impacto con un plan focalizado en el transporte vía apoyos transitorios para los usuarios, pero evitando un esquema de subsidios generalizados que habría sido regresivo y tensionado las finanzas públicas. El mensaje implícito es que Chile no puede seguir financiando artificialmente precios bajos de la energía a costa de mayor deuda o gasto permanente, y que la responsabilidad fiscal también exige sincerar costos cuando el shock proviene del exterior. A corto plazo, sin embargo, la combinación de alza de combustibles y mayor inflación (por una vez) podría erosionar parte del capital político inicial del gobierno.

Así, los primeros pasos de Kast muestran la coherencia de un giro a la derecha que no es meramente identitario, sino programático: énfasis en orden público, disciplina fiscal, promoción de la inversión y reducción del peso del Estado en la vida económica. En el caso de Quiroz, reafirman el rol que ha transmitido con transparencia y valentía: “no es el rol de un ministro de Hacienda caer simpático, ni ser popular”, ha insistido.

Pero los primeros pasos también exhiben sus dilemas: en sociedades más impacientes, con menor tolerancia a los costos de ajuste, una medida como el alza de los combustibles aparece como una prueba temprana de la capacidad del gobierno para procesar reformas impopulares y administrar la pérdida de capital político, en un contexto externo que se ha tornado complejo e incierto.

Por eso, tanto en economía como en política, los próximos meses dirán si este “gobierno de emergencia” logra convertirse en un ciclo virtuoso de crecimiento, empleo y mejor gestión pública, o si decepcionará entre “la inflación de expectativas” y las restricciones de la realidad local e internacional. Sin “buena suerte externa”, este último podría ser el escenario dominante de corto plazo, lo que redoblará la necesidad de “buena política” para viabilizar “buenas políticas” que eviten también sea el escenario de largo plazo.