OPINIÓN

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Algunos desarrollos recientes a nivel global y local nos llevan al viejo debate sobre “reglas versus discrecionalidad” en el ejercicio de la política económica u otros cometidos estatales. Fue a fines de los setenta cuando los crecientes desequilibrios macro y algunas investigaciones pioneras (Kydland-Prescott, Barro-Gordon) reivindicaron la importancia de las reglas —aunque sean flexibles— tras la contraproducente discrecionalidad de aquella década y los costos derivados. Las masivas y prolongadas expansiones fiscales y monetarias llevaron a muchos países a estanflación (estancamiento con inflación), entre otras graves consecuencias económicas y sociales.

Esa enorme discrecionalidad permitía a los gobiernos adoptar medidas que supuestamente eran óptimas en el corto plazo, pero no a la larga. Dicho comportamiento y los problemas ocasionados quedaron nucleados en la idea de inconsistencia intertemporal de las decisiones. Esto suele estar asociado al ciclo político-económico, con medidas expansivas en un año electoral o en un período de gobierno, a cuenta de ajustes posteriores en las siguientes administraciones.

Aunque por razones diferentes —en lo primordial para atenuar los efectos negativos de la pandemia—, las recientes expansiones fiscales y monetarias a gran escala, con salidas de hecho o de derecho de las reglas vigentes, representaron manejos discrecionales que —de no revertirse adecuadamente, ni retomarse las reglas previas— generarán riesgos económicos parecidos a los observados en los setenta. No son el escenario central, justamente por los avances académicos en estos 40 años, pero son amenazas latentes que las autoridades deberían mitigar, enfocando las políticas en los beneficios de largo plazo.

En el caso de Uruguay, el análisis de la excesiva discrecionalidad en las políticas y la reivindicación de reglas no es nuevo. De hecho, en el clásico e influyente artículo “El país de los vivos: un enfoque económico” de Martín Rama, que está cumpliendo 30 años en estos días, el autor incluyó la incoherencia intertemporal de las decisiones gubernamentales como una de las causas relevantes detrás del estancamiento y declive uruguayo de mediados del siglo XX.

Si bien respecto a esa época, Uruguay moderó esas prácticas socialmente costosas, aún están lejos de desaparecer. El manejo discrecional “vive y lucha”. Se podrían citar muchos casos, pero hay al menos tres muy emblemáticos: las tarifas de combustibles, la política monetaria y la gestión fiscal.

Justamente algunos de los avances de la nueva institucionalidad en la fijación de los precios de los combustibles son/eran la menor discrecionalidad del proceso y la aproximación a las tarifas de referencia internacional, junto con la mayor transparencia y la búsqueda de eficiencia en Ancap y el resto de los eslabones de la cadena. Como es bien sabido, en Uruguay han sido fijados con alta arbitrariedad e incluso prociclicidad, registrándose discrepancias prolongadas entre los valores locales y los internacionales relevantes. No han reflejado así tarifas de eficiencia, ni generado una rentabilidad sobre activos o patrimonio acorde al costo de oportunidad de los recursos que la sociedad le destinó a Ancap.

Uno de los riesgos evidentes sobre el nuevo esquema era el retorno a cierto manejo discrecional, como los acontecimientos recientes parecen evidenciarlo. Por supuesto que esto no sólo tiene costos a la larga para la empresa y la sociedad por nuevas divergencias entre precios y costos, sino también podría tenerlos en términos de credibilidad y reputación de ésta y otras políticas.

Como es bien sabido, del mismo modo en las finanzas públicas, el actual gobierno ha impulsado un “enfoque de reglas”, guiando la política fiscal por metas (decrecientes) de déficit estructural —el resultado efectivo cíclicamente ajustado—, techo en el crecimiento potencial para la expansión del gasto público y límites al endeudamiento. ¿Se sostendrá esa institucionalidad o también enfrenta riesgos de revertirse por el ciclo político-electoral?

Las señales respecto a la ejecución monetaria podrían ser similares. El Banco Central del Uruguay (BCU) se ha propuesto mejorar la institucionalidad de dicha política con el objetivo de avanzar hacia inflación más baja y estable. Para eso ha planteado profundizar dos reglas básicas que han estado detrás de la moderación de la inflación global de las últimas cuatro décadas: mayor autonomía en su gestión, al menos en los hechos, aunque sería deseable también en “derecho”; y una regla monetaria que —condicional a la brecha del PIB— minimice los desvíos inflacionarios respecto a las metas fijadas. ¿Se sostendrán esos cambios o podría quedar latente la idea de que —con cierta recuperación de credibilidad en el compromiso antiinflacionario— se prolongue la expansividad monetaria más allá de lo justificado para privilegiar en el corto plazo otros objetivos que no puede afectar a la larga?

Si en atención a las señales prevalecientes en la fijación de las tarifas de combustibles se extrapola discrecionalidad fiscal y/o monetaria, la consolidación fiscal y la moderación inflacionaria no se percibirán como duraderas, ni creíbles. Y tampoco la reactivación.