OPINIÓN

Pongamos los puntos sobre las íes

En oportunidad del tratamiento parlamentario de la Rendición de Cuentas del año pasado, se dio un “choque de relatos” entre gobierno y oposición, que resultó absurdo.

Foto: Pixabay
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El enfrentamiento entre ambas posiciones se exacerbó porque el inicio de ese proceso coincidió con una emisión global de Bonos del Tesoro, en cuyo documento el MEF se apoyó en indicadores que para la oposición contradecían el discurso oficial sobre la herencia recibida del gobierno anterior.

Califico ese choque de relatos como absurdo porque en realidad nuestro país ostenta una saludable continuidad de políticas (no exenta de errores también compartidos), que ambas partes harían bien en reconocer explícitamente, para bien del conjunto. Y eso se da especialmente en el ámbito de la economía y muy en particular en la gestión de la deuda pública.

El primer gobierno del Frente Amplio heredó y mantuvo al equipo de gestión de deuda del último gobierno del Partido Colorado. Lo mismo hizo ahora el gobierno del Partido Nacional y la coalición que encabeza, con el equipo del gobierno anterior. La gestión profesional de la deuda ha mostrado una continuidad contundente en lo que va del siglo, sin percibirse en ella los momentos en que se dieron relevos en el Poder Ejecutivo, en el MEF o en la propia Unidad de Gestión de Deuda.

Harían bien tirios y troyanos en felicitarse por la exitosa tarea que alternativamente han venido realizando y en ocupar su tiempo en la búsqueda de otros ámbitos en los que pudieran concertar respuestas a problemas que se vienen arrastrando desde hace tiempo. Está visto que hay temas en los que la ideología se puede dejar a un lado, a pesar de que la palabra “deuda” fuera la más pintada en los muros de Montevideo hace menos de 20 años. Quizá un buen caso para comenzar con esa necesaria cooperación sea la reforma del sistema previsional, que apenas hace un año todos coincidían en que se debía ajustar.

Otro tema que surgió de la discusión sobre la Rendición fue el del “gasto social”. Referentes del Frente Amplio pretendieron justificar los desvíos fiscales (el déficit terminó siendo el doble del previsto en 2015 para 2019) en el crecimiento de ese tipo de gasto. Si había necesidad de subir determinados gastos, debieron bajarse determinados otros. Pues de eso se trata la economía y en particular el presupuesto. La economía estudia la asignación eficiente de recursos escasos entre fines alternativos. Siempre habrá innumerables fines, pero también siempre habrá una restricción presupuestal basada en que los recursos son siempre finitos y escasos. La gestión presupuestal de un gobierno implica priorizar, elegir, aumentar y reducir. Por lo tanto, no vale la excusa de haberse incumplido una meta fundamental por haberse planteado un propósito por más benemérito que éste lo pudiera ser.

Dicho sea de paso, sería conveniente afinar la definición de gasto social, que poco menos que está llegando al cien por ciento del presupuesto. No dudaría en incluir en esa definición, por ejemplo, al costo de las políticas sociales, al apoyo a la primera infancia, a las pasividades mínimas, o al gasto en salud y enseñanza de los sectores más vulnerables. Pero tampoco tengo dudas de que no es gasto social, también como ejemplo, el monto que la sociedad destina a subsidiar los estudios terciarios de los jóvenes de las clases media y alta. Y ni qué hablar de la eficiencia del gasto. Porque los paladines del gasto social suelen pedir más cantidad sin fijarse en la calidad.

Hablando de propósitos beneméritos, en nombre de algunos de ellos se han creado impuestos, con sus recaudaciones afectadas a tales propósitos. Esto fue una práctica intensa en el pasado, muy nociva para el manejo fiscal, al introducir rigidez en el manejo fiscal. Es bueno tenerlo presente porque por un lado todavía existen algunos casos vigentes y por otro, en tiempos de discusión presupuestal como los que se vienen, con déficit alto y necesidades amplias, pueden aparecer iniciativas de este tipo.

Por último, quiero volver a referirme a otro concepto bastante arraigado en la sociedad: la pretendida necesidad de incluir el factor redistribución en cuanto instrumento de política económica se considere. Los lectores conocen mi propuesta de subir el IVA como única solución real para el déficit fiscal actual. En cuanto me refiero a ella, se me pregunta sobre el carácter regresivo de ese impuesto, debido a que quienes tienen menos ingresos lo consumen por completo mientras que los que tienen más ingresos, están exonerados por la fracción que ahorran.

La respuesta es clara: el sistema tributario ya tiene un componente de progresividad en el IRPF, que sólo paga el 30% de quienes perciben rentas y con una estructura de tasas bien empinada. Pero aún más importante: no son los impuestos el mejor instrumento para dotar de progresividad a la política fiscal, sino que lo es el gasto público. Los impuestos son para recaudar lo más que sea posible, con los menores costos de administración que sea posible e introduciendo las menores distorsiones que sea posible en la asignación de recursos. Y, dicho sea de paso, el IVA es el mejor para todo eso. En cambio, es el gasto el que, si es asignado a quienes más apoyo del Estado necesitan, cumple la necesaria función de progresividad que todos compartimos. También sería bueno que se tuviera esto presente ante la inminente instancia presupuestal.

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