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Las reformas microeconómicas como cuestión pendiente

Sin reformas micro, se erosiona la calidad de los resultados de la macroeconomía y la competitividad externa del país.

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Lupa
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Getty Images

La rendición de cuentas recién enviada al Parlamento, por ser la última de este periodo de gobierno, es la que anticipa los resultados de su gestión macroeconómica. El consenso de los comentarios sobre las proyecciones fiscales para 2023 y 2024 indica que se ha neutralizado la dinámica expansiva del déficit fiscal heredado de la administración pasada, aunque aún no se ha logrado una trayectoria de las cuentas públicas que estabilice la relación deuda/producto.

Según las proyecciones —con la relatividad que tiene toda proyección— será necesario un cierre fiscal adicional al proyectado antes de pagar intereses (superávit primario) del 0,5% del PIB, para estabilizar ese indicador. En otras palabras, implica decir que todavía será necesario emitir deuda para financiar el pago de los intereses de la deuda ya contraída para financiar al fisco. No es un desvío mayor, pero es un dato que surge de las proyecciones, afincadas en supuestos sobre crecimiento económico para 2024 y de recaudación fiscal factibles, pero con una probabilidad no despreciable que sean menores a lo esperado por la situación regional y la falta de tracción del crecimiento mundial.

La actual administración entendió desde un principio que, estabilizar la relación deuda/PIB, era un objetivo primordial para asegurar la sostenibilidad macroeconómica en el largo plazo. Pero una vez más, el resultado confirma que el ejercicio de la política económica se juega en el mundo de las realidades que determinan las circunstancias. Algunas, inherentes a la idiosincrasia del propio sistema, y otras totalmente exógenas, como lo son el entorno externo, una pandemia o un evento climático extremo.

Empezando por lo último, corresponde decir que durante más de la mitad del periodo de gobierno, su ejecución se hizo bajo circunstancias excepcionales tanto por su especie —pandemia— como por el desconocimiento de la estrategia óptima para neutralizar su impacto. Se optó por un camino propio, que dio buenos resultados en lo sanitario y no dislocó las cuentas públicas, posibilitando su rápida consolidación.

Mirando hacia atrás, es un hecho poco valorado. Más aún, cuando casi simultáneamente comenzó una guerra en el seno europeo, desencadenante del alza súbita del precio de la energía e inflación inédita en el mundo desarrollado, que obligó a sus bancos centrales al aumento agresivo de las tasas de interés, aplacando el crecimiento del mundo desarrollado. Si bien esto provocó el alza del precio de algunos rubros de exportación, una sequía histórica impidió captar cabalmente esa bonanza. Vale decir que la política económica se ejecutó con viento en contra, lo cual realza los resultados respecto a los anuncios iniciales. Para ello, basta mirar los resultados a lo largo y ancho del continente para entender su valía.

Respecto a los temas idiosincráticos que condicionan los resultados de la política económica hay una larga lista de temas que integran el ámbito de las reformas pendientes. Primero, educar a la opinión pública acerca de que, cuando se dice que tal problema lo debe resolver el gobierno o el Estado aportando más recursos, se está haciendo referencia al bolsillo del contribuyente bajo la forma de más impuestos presentes, o futuros si es con endeudamiento, o con impuesto inflacionario si es con emisión monetaria. Por tanto, propuestas que van desde sistemas de seguridad social quebrados que suponen implícitamente la contribución del Estado para resolverles su problema, regímenes de refinanciación de deudas o reclamos salariales del sector público por encima de su contribución real a la formación del producto bruto, terminan siempre horadando el bolsillo del resto de los contribuyentes o el aumento del endeudamiento.

Segundo, tomar conciencia que el nivel del gasto público es alto para el tamaño de nuestra economía. No es lícito hacer comparaciones con el nivel existente en otros países desarrollados, que tienen niveles de productividad más altos, tanto en el sector público como privado que facilitan su financiamiento. El gasto público en Uruguay está integrado por rubros cuyo recorte es imposible, como la seguridad social de amplia cobertura, incluida la sanitaria, y un sistema de educación pública que aún necesita más recursos para cumplir sus cometidos. Pero su contracara es el encarecimiento de la operativa del sistema productivo, que debe contribuir a su financiamiento, lo cual nos lleva de la mano al tema del encarecimiento del Uruguay, que le aplica un desafío adicional a la política económica en cómo resolverlo. Por tanto, no queda espacio remanente para expandir el gasto público, salvo que se lo restrinja en áreas accesorias o que dan pérdida, para financiar rubros como la educación. Como aviso, el sinsentido de producir portland a pérdida.

Tercero, la formación de precios y salarios es sumamente rígida debido a formas de indexación salarial que transmiten memoria inflacionaria. Es un tema complejo, en particular en una economía bimonetaria. Pero dilatar su tratamiento dando más flexibilidad al sistema impide bajar la inflación y ayuda a la apreciación cambiaria.

En suma, sin reformas microeconómicas se erosiona la calidad de los resultados de la macroeconomía y la competitividad externa del país. Lo que en la jerga se conoce como atraso cambiario, en el nivel actual no es sostenible. Son temas cuya resolución trascienden gobiernos, esenciales para mejorar de manera permanente el bienestar social y son tarea de todos.

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