Las élites del país coinciden en su visión del Uruguay del futuro: las trabas están en los incentivos políticos para liderar los cambios necesarios

El Monitor Uruguay 2030 es una iniciativa de Opción Consultores que consultó a principales figuras del ámbito público y privado sobre cómo se imaginan al Uruguay de los próximos años. Figuras del gobierno, políticos del oficialismo y de la oposición, empresarios destacados, sindicatos, consultoras y periodistas, fueron consultados acerca de su visión acerca de los principales problemas y oportunidades del país, cambios normativos requeridos, y grandes proyectos de inversión o desarrollo visualizados en el horizonte del país[1].

Desarrollo económico y competitividad.El consenso más amplio y generalizado es que Uruguay no crece a ritmos adecuados.Requiere mejorar sus condiciones para atraer más inversión, y ello se vincula a problemas de acceso a mercados, niveles de productividad, costo país, presión regulatoria, relaciones laborales, aspectos que en su conjunto generan condiciones de baja rentabilidad. “Uruguay es un país caro para producir y vivir”.

Capital Humano. En un segundo lugar, los entrevistados problematizan a la educación y su impacto en la empleabilidad, formación de talento que permita competir en sectores de mayor valor agregado, con la revolución de la IA como telón de fondo. Preocupan incluso necesidades más básicas, como la retracción demográfica, cada vez menos jóvenes, y la capacidad del país para generar condiciones de inclusión de esas nuevas generaciones.

Infraestructura crítica e inserción.En un tercer nivel se problematizan situaciones que afectan a la competitividad.Mejora de la infraestructura logística, puertos, rutas, conectividad, costos de la energía, acuerdos comerciales y capacidad del país para integrarse mejor al mundo.

Gobernanza, Estado y Reglas del Juego. En esta problemática conviven tres aspectos. Por una parte, el desafío de preservar uno de los mayores activos atesorados: la estabilidad, seguridad jurídica y previsibilidad institucional del Uruguay. En otro orden, la necesidad inminente de mejorar la eficiencia del Estado en lo que refiere a tamaño, gasto público y burocracia. Por último, generar las condiciones que permitan desobstruir la capacidad del estado para liderar con efectividad y consensos las reformas que requiere el país.

Seguridad y convivencia. Por último, se evoca a la principal preocupación o dolor de la opinión pública. Los entrevistados advierten sobre el avance del narcotráfico y el crimen organizado, junto con fenómenos asociados a la violencia, las adicciones, la salud mental, la situación de calle y el debilitamiento de la cohesión social. La pobreza infantil emerge, en este contexto, como un problema estructural que opera como telón de fondo de buena parte de estas vulnerabilidades.

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es el elevado nivel de coincidencia entre actores del oficialismo y la oposición, así como entre referentes empresariales y otros actores de la sociedad civil, a la hora de identificar los principales desafíos del país. Las diferencias propias de la competencia política pierden centralidad cuando se pasa al diagnóstico: gobierno, sistema político, empresas y organizaciones sociales convergen ampliamente en la necesidad de acelerar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de seguridad e integración social. Para los actores vinculados al oficialismo, además, la capacidad de avanzar sobre estos problemas aparece estrechamente asociada al éxito de la gestión, por lo que una visión pragmática focalizada en objetivos concretos de inversión, crecimiento y mejora de los indicadores de seguridad pública, adquieren un lugar central en su discurso.

Al pensar en las oportunidades del país, los actores tienden a concentrarse en iniciativas y reformas percibidas como más viables, con menores costos políticos y menor afectación de intereses.

Apertura internacional y plataforma país. La oportunidad más mencionada parte de una idea sencilla: para una economía pequeña, crecer exige mirar hacia afuera. Los entrevistados destacan la apertura de mercados —con referencias al acuerdo Mercosur–Unión Europea, China y otros destinos—, pero también la posibilidad de aprovechar atributos que Uruguay ya posee: estabilidad política, seguridad jurídica, previsibilidad y buena reputación internacional. Sobre esa base, visualizan al país con capacidad para atraer inversiones y funcionar como plataforma regional de negocios, servicios y conocimiento, especialmente en el contexto de revalorización del nearshoring (cadenas de suministros más seguras y cercanas). En otras palabras: abrirse más al mundo y convertir la confiabilidad del país en una ventaja económica.

Transformación productiva y mayor valor agregado. Más que sustituir lo que Uruguay ya produce, los líderes plantean sofisticarlo. Agro, alimentos y energía continúan apareciendo como fortalezas centrales, pero con mayor incorporación de tecnología, ciencia, riego, biotecnología, certificaciones y sostenibilidad. La oportunidad estaría en pasar de producir más a producir mejor, con mayor diferenciación y valor agregado, aprovechando capacidades ya instaladas en sectores donde el país tiene experiencia y reconocimiento.

Economía del conocimiento, talento e innovación. Inteligencia artificial, software, servicios globales, investigación y ciencia aplicada aparecen como una segunda plataforma de crecimiento. Pero los entrevistados no la presentan necesariamente como una economía separada de la tradicional: muchas veces la oportunidad está precisamente en llevar conocimiento y tecnología al agro, los alimentos, la industria y los servicios para aumentar productividad y generar exportaciones de mayor valor. En este terreno, la formación y disponibilidad de talento se vuelve una condición decisiva.

Infraestructura y conectividad estratégica. Finalmente, aparece un conjunto de inversiones que quizás no constituyen una oportunidad económica por sí mismas, pero hacen posibles las demás: puertos, rutas, logística, conectividad digital, agua y energía. Mejorar estas capacidades permitiría reducir costos, aumentar escala productiva y conectar más eficientemente al Uruguay con los mercados internacionales.

Los entrevistados también destacan atributos que pueden potenciar estas oportunidades. La calidad de vida, asociada a un entorno estable, seguro y previsible, con buenas condiciones para vivir, trabajar y atraer talento; una institucionalidad científica sólida —Udelar, INIA y UTEC— y la capacidad de articulación público-privada para desarrollo de proyectos.

Aquí caben, al menos, dos miradas. Una más voluntarista, que pone el foco en la capacidad de liderazgo de quienes ocupan posiciones de decisión; y otra que invita a preguntarse si la propia dinámica política e institucional genera incentivos suficientes para impulsar reformas que, aun cuando prometan beneficios generales, pueden imponer costos inmediatos sobre determinados actores e intereses.

Mandato ciudadano. ¿Los grandes problemas del país logran traducirse en demandas programáticas suficientemente claras como para respaldar reformas que también implican costos? ¿O las campañas electorales generan pocos incentivos para explicitar y asumir esos costos?

Competencia política. ¿La competencia entre oficialismo y oposición dificulta la construcción de acuerdos cuando las reformas requieren compartir costos políticos, pero también sus eventuales resultados?

Liderazgo y construcción de acuerdos. ¿Existen liderazgos capaces de transformar diagnósticos ampliamente compartidos en acuerdos, decisiones y reformas concretas?

(*) Soc. Agustín Bonino, director de Opción Consultores.

[1] Metodología: estudio cualitativo basado en 70 entrevistas en profundidad a actores estratégicos de los ámbitos gubernamentales, políticos, empresariales, social, consultoría y periodístico. La selección fue intencional, buscando diversidad de sectores, posiciones y perspectivas.