La economía del 2026: qué esperar para Uruguay

“2026 apunta a ser un año de vuelo bajo: un crecimiento del PIB entre 1% y 2%, con un sesgo hacia el piso de ese rango. En el fondo, un año alineado a la nueva normalidad económica uruguaya de la última década: deslucida, poco ambiciosa, y sin encarar problemas de fondo”.

MEF
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MEF. Foto: Archivo El País

Ignacio Umpiérrez, columnista invitado

En 2025 la economía uruguaya habría crecido alrededor de 2% en el promedio del año, aunque apenas 1% punta a punta. La inercia de un buen 2024 culminó en mayo y en la segunda parte del año se materializó una desaceleración marcada.

De cara al 2026, no se observan señales firmes de un gran impulso externo ni doméstico, sino más bien de vuelo bajo. En esta columna analizo los principales aspectos a tener en cuenta para las decisiones de empresarios y consumidores que enfrentarán un entorno macro estable, pero de escaso ritmo.

Desde el escenario externo, las perspectivas son menos negativas que en abril tras los anuncios arancelarios de Trump, pero siguen sin ofrecer viento a favor. El crecimiento global continuaría siendo débil en perspectiva histórica y no se anticipan sorpresas positivas desde nuestros principales mercados de bienes, servicios e inversiones: China, Estados Unidos y Europa. Quizás, más bien lo contrario.

Por su parte, los precios de las materias primas alimenticias y el petróleo seguirían siendo volátiles por factores de oferta y, en general, débiles, salvo la carne. Por tanto, se proyectan términos de intercambio relativamente estables.

Al mismo tiempo, se acumulan riesgos bajo el radar: altos niveles de endeudamiento soberano, cierta inflación de activos bursátiles, tasas largas elevadas en economías desarrolladas y spreads corporativos apretados. No es claro que la Fed siga relajando su política monetaria, dada la persistencia inflacionaria. En este contexto, el dólar podría recuperar algo del terreno perdido este año.

En la región, Argentina se presenta mejor que Brasil. El gobierno de Milei, con un plan económico más robusto que el del macrismo a mitad de mandato, avanza en reformas que buscan consolidar el crecimiento, aunque no exento de riesgos. En sentido contrario, en Brasil la economía limitada por varios desequilibrios continuaría enfriándose en un año electoral con Lula como favorito. En el neto, se configura un escenario neutro para Uruguay, tanto en términos de demanda como de precios relativos.

A nivel doméstico, persistiría una dinámica sectorial heterogénea, típica de ciclos de bajo crecimiento. Pocos sectores se muestran traccionando: algunos rubros agropecuarios, el turismo, los servicios globales y financieros.

La combinación de precios externos débiles, un tipo de cambio real apreciado e insumos domésticos caros (combustible, electricidad)[1], sin mucho margen para mejoras de productividad, constituye un equilibrio adverso para la rentabilidad del sector exportador.

Asimismo, el reciente deterioro de las expectativas empresariales y de los consumidores refuerza la idea de una desaceleración adicional del gasto privado. Así lo sugieren el bajo crecimiento del consumo de los hogares, la contracción de la inversión extranjera directa y la escasez de proyectos de gran porte en el corto plazo. A esto se le suma la mayor competencia por la recepción de capitales desde la región: Argentina por su menor percepción del riesgo, Chile por su mejora de expectativas y Paraguay por sus menores costos productivos e impuestos.

Las señales del gobierno hacia el clima de negocios han sido contrapuestas: avances en desburocratización y algunas medidas microeconómicas, pero también mayor carga tributaria e intenciones de nuevas regulaciones laborales. Lo mismo ocurre en la asignación de recursos, con mayores transferencias a hogares bajo la línea de pobreza y, al mismo tiempo, más fondos para compras de tierras en Colonización o para la Caja de Profesionales.

En materia laboral, la desaceleración de la actividad podría materializar reversiones cíclicas en las tasas de actividad y empleo, aunque partiendo de niveles elevados. En este sentido, las pautas salariales nominales quedaron “largas” para empleos de baja productividad y no distinguieron asimetrías sectoriales.

A nivel de precios, se ratificaría un nuevo nivel de inflación entre 3,5% y 4,5%, con expectativas más ancladas y un relajamiento monetario adicional por parte del Banco Central. Influirían en este sentido la propia desaceleración, los menores márgenes de comercialización, la apreciación del peso, los débiles precios externos y la mayor credibilidad de la política monetaria.

Por su parte, la cuenta corriente se mantendría levemente deficitaria o equilibrada, sin advertir desequilibrios cambiarios significativos, pero reflejando un ajuste del sector privado. En contraste, el déficit público volvería por tercer año consecutivo a ubicarse por encima del 4% del PIB, con deterioro cíclico de la recaudación. La planificación presupuestal no prevé recortes de gasto (de hecho, aumentarán), lo que contribuye a una trayectoria al alza de la deuda sobre PIB, solo parcialmente amortiguada por la apreciación cambiaria. Aún así, el riesgo país continuaría en niveles bajos y la calificación crediticia no mostraría riesgo de reversión.

En este contexto, varios hitos serán foco de atención. En primer lugar, la Rendición de Cuentas del gobierno y su capacidad para contener demandas de mayor gasto o subsidios por parte de propios sectores políticos oficialistas y lobbies. En segundo lugar, el cierre del Diálogo por la Protección y la Seguridad Social, con potenciales reversiones de la reforma previsional de 2023. En tercer lugar, la discusión sobre el impuesto a los altos patrimonios promovida por el Pit-Cnt, sin poner punto final al debate tributario.

En resumen, de no ocurrir eventos inesperados, 2026 apunta a ser un año de vuelo bajo: un crecimiento del PIB entre 1% y 2%, con un sesgo hacia el piso de ese rango. Sin los grandes shocks negativos de 2020-2023 pero con menor dinamismo que 2024-25. En el fondo, un año alineado a la nueva normalidad económica uruguaya de la última década: deslucida, poco ambiciosa, y sin encarar problemas de fondo. Una combinación persistente de baja rentabilidad e inversión, alta carga impositiva y costos productivos elevados, junto con rigideces laborales, un excesivo gasto público, poca apertura al mundo y un sinsentido de regulaciones.

[1] Para ilustrar a lector, el precio de un barril de petróleo medido en pesos cayó 30% a lo largo del año, pero en el mismo período la nafta super y el gas oil solo disminuyeron menos de 1% en el surtidor.

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