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La calidad de la política en la salida de la crisis argentina

Aunque parezca paradójico por sus efectos negativos de largo plazo, los gobiernos kirchneristas han usado a la insolvencia externa como un instrumento de política económica.

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Sergio Massa, Ministro de Economía de argentina
Sergio Massa, Ministro de Economía de Argentina
Estefania Leal/Archivo El Pais

En estos días, la zaga de los acontecimientos en Argentina atrapa la atención ciudadana por sus virajes inesperados cargados de chisporroteos. Lo más impactante es que transcurren inmersos en una crisis económica extrema, incentivando tensiones políticas que promueven mayores costos a la esperada normalización de las disfuncionalidades actuales, donde la baja de la inflación es uno de los objetivos principales.

Para lograrlo la contracción del déficit fiscal es el eje de cualquier propuesta, hoy financiado exclusivamente con emisión monetaria, ante la incapacidad de hacerlo emitiendo deuda en los mercados internacionales a costos aceptables.

Por sus habituales recaídas a la condición de deudor insolvente, Argentina bloqueó su acceso a los mercados voluntarios de capital, agregando una complejidad adicional a las fórmulas de salida. A la ejecución del objetivo antiinflacionario, se le agrega resolver distorsiones severas en el mercado de cambios, lo cual implica unificar las cotizaciones hoy vigentes.

Esos cambios afectan la formación de precios en el mercado doméstico, lo cual distorsiona la formación de las expectativas de la población sobre la eficacia de las políticas instrumentadas. Sobre la mesa de las propuestas figura una gama amplia de alternativas, que abarcan desde las políticas de shock a las que derivan hacia el gradualismo de la contracción fiscal.

En todos los casos, la rebaja permanente de la inflación requiere de un cierre fiscal estricto. Lo único que cambia es el ritmo del cierre. Ahí es donde la política se juega sus galones, pues con su accionar debe lograr que la población se convenza que esta vez es distinto y va en serio. Ello supone que no habrá desvíos ocasionados por las presiones de quienes se sienten afectados, incluidos quienes se benefician de las distorsiones vigentes, principalmente las del mercado cambiario. También, aceptar que toda política anti inflacionaria tiene consecuencias recesivas inevitables en el corto plazo. La academia y la historia son concluyentes al respecto.

Otro aspecto que estrecha aún más las márgenes de maniobra es la falta de financiamiento externo. Los organismos multilaterales, particularmente el FMI, no tienen capacidad de préstamo remanente sustancial como para facilitar la transición hacia niveles de inflación más bajos, al sustituir financiamiento con emisión por endeudamiento. Recurrir al ahorro privado internacional, por el momento, está cegado, dado los antecedentes de Argentina como deudor, hecho que para revertirlo requiere convencer a los inversores de que esta vez será diferente.

Para lograrlo, necesitan un programa económico convincente, apoyado por un espectro político amplio, que aleje el riesgo del retorno a la insolvencia externa. Pues, aunque parezca paradójico por sus efectos negativos de largo plazo, los gobiernos kirchneristas han usado a la insolvencia externa como un instrumento de política económica. Es una forma de trasladar al prestamista la culpa de lo ocurrido, escabullendo las causas verdaderas del endeudamiento y su incapacidad de afrontar su servicio. Es más una cuestión de concepto que traspasa la verdadera capacidad de pagos del país. Algo que está subyacente en una parte importante del imaginario social que ya se hizo costumbre: la legitimidad de la deuda depende de quién es el acreedor y por tanto de ahí dimana el “derecho” de defaultear.

Argentina y Uruguay estaban en el 2002 con dificultades similares en lo macroeconómico y necesitaban conversar con sus acreedores externos. Pero hubo puntos de arranque diferentes. En un caso, el Congreso ovacionó la declaratoria de default propuesta por el presidente Duhalde. En nuestro caso, buscar un acuerdo voluntario entre las partes. Dos décadas después, los resultados de ambos planteos son elocuentes.

Aceptar que la inflación tiene raíces fiscales y que así lo entienda la población es otro desafío exigente para las agrupaciones políticas que integrarán las mayorías de gobierno. Eso requerirá el músculo necesario para conducir sin desvíos un proceso que genera costos sociales en el corto plazo y que, necesariamente, debe buscar las formas de mitigarlos, en especial en los sectores más bajos de la población, sabiendo que en la vereda de enfrente existe la capacidad de movilización casi instantánea acostumbrada a torcerle el brazo a las administraciones de turno.

Diría que si de por sí ya será compleja la ejecución de la política económica para resolver los desequilibrios imperantes, se le agrega esta dimensión que tensionó aún más su ejecución. Y donde lograr y consolidar grandes consensos políticos será la condición necesaria para llegar a buen puerto, lo cual no implica renunciar a principios, sino asumir que cada cual debe cumplir su rol para combatir un flagelo que afecta a todos. Lograr ese estado del alma político puede trascender administraciones. Pero es el único camino para no quedar atrapados en una noria de crisis recurrentes y empobrecimiento. Algo que la sociedad argentina no merece.

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