OPINIÓN

Lo injustificable que perdura

Los monopolios, Uruguay y las empresas públicas.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Estamos ante un monopolio, cuando una empresa enfrenta la totalidad de la demanda del mercado por el bien o servicio que produce. Si desea aumentar su venta debe reducir su precio y, si desea aumentar su precio, debe reducir la cantidad que vende. Eso le lleva a producir y vender aquella cantidad de su producto para la que iguala lo que agrega a su ingreso por el aumento de sus ventas con lo que le cuesta el ingreso adicional y así maximiza su ganancia. En el caso que el precio al que ello ocurre sea atractivo para otras empresas, éstas intentarán ingresar al mercado en el que actúa el monopolio y, si su entrada no es impedida por prohibición de cualquier naturaleza, el aumento de la cantidad ofrecida al precio al que vende el monopolista hará que éste disminuya.

El monopolista puede estar protegido de diversas maneras, una de las cuales, la duradera y más efectiva, es la que le brinda una ley que prohíba el ingreso al negocio de otras empresas competidoras. El precio del monopolio se ubica por esa razón, por encima del que regiría en condiciones de libertad de mercado, de libre ingreso a competidores. Y en la medida que ello ocurre se producen una serie de consecuencias económicas.

Consecuencias

Una situación en la que una empresa actúa como monopolio en un mercado tiene consecuencias económicas y afecta al bienestar de la población. Al pagar un precio mayor al que regiría si el mercado del bien fuera de competencia, con libertad de entrada —y salida— para toda empresa que lo desee, los consumidores consumen menos de lo que podrían y, al hacerlo a un precio mayor, transfieren ingresos al propietario del monopolio, a los trabajadores que él emplea y a quienes, a él, de una manera profesional u otra están vinculados.

Hay una pérdida clara de excedente de los consumidores que éstos podrían emplear para el consumo de otros bienes, ahorrar e invertir. Pero también, en la medida en que el monopolista cobra un precio mayor al de competencia y produce menos cantidad que la que se produciría en un mercado competitivo, ocupa menos recursos productivos: menos trabajadores, menos horas máquina y hace menor uso de otros recursos productivos. Genera entonces un costo social no despreciable al impedir un mayor uso de los recursos de la sociedad.

Pasado y presente

Hace muchos años los uruguayos toleraban y defendían a los monopolios privados tanto como a las empresas de propiedad estatal que existían por causas diferentes. La razón de los monopolios privados era la prohibición de importaciones de productos similares, la alta protección arancelaria y no arancelaria que impedía el ingreso de competidores del exterior o el alto monto de la inversión y otras causas transitorias, tecnológicas o de capital humano.

Han pasado ya más de cuarenta años desde que se levantara la prohibición de importar y se iniciara una progresiva rebaja de la protección arancelaria y ello ha provocado la desaparición de numerosos monopolios privados de hecho. El reflejo ha sido la existencia de mercados más abiertos y en precios relativamente más bajos. El proceso señalado de reducción de la protección arancelaria con el consecuente aumento de la competencia externa ha ido mostrando las ventajas de la competencia frente al monopolio. Hoy me animo a decir que ningún uruguayo desea que se aumente la protección arancelaria o se prohíban importaciones, pues advierten que daría poder monopólico a muchos emprendimientos privados y que castigaría fuertemente a consumidores y exportadores.

En el pasado también era tolerable y se defendía como hasta hoy ocurre, a los monopolios estatales a los que se protegía y se protege con barreras legales, de la competencia de empresas privadas atraídas por la ganancia que podrían lograr operando libremente en las actividades mencionadas. Una restricción legal aseguraba y aún asegura, todo el mercado a un solo productor.

Con el paso del tiempo la evidencia empírica ha ido mostrando quiénes son los perjudicados por el mantenimiento de las condiciones monopólicas de algunas actividades públicas. Actividades que se han desmonopolizado permitiendo la inversión privada, como es el caso de los seguros o la telefonía celular, muestran quienes son los beneficiarios de esa decisión. Y por supuesto que muy pocos querrían que todos los seguros vuelvan al Banco de Seguros o que todas las líneas de celulares pasen a Antel. Pero aún quedan más y muchos uruguayos, entre los que se incluyen quienes defienden políticas supuestamente necesarias para elevar el bienestar general, que defienden los monopolios estatales.

Monopolios como los de Ancap, OSE y los del núcleo de la actividad de UTE no son vistos por ellos —aún— como perjudiciales para el conjunto de los uruguayos. Se les defiende a pesar que la evidencia empírica muestra que en la empresa pública monopólica abunda el desmanejo administrativo, las malas decisiones de inversión, el atraso considerable en el progreso técnico, la desidia, la corrupción y el poco apego a las decisiones que verdaderamente favorecen a los uruguayos. Hace unos días, en un programa televisivo dominical, se daban y analizaban extensamente, pruebas de todo ello.

Si los uruguayos desean continuar en esa rutina por las razones que sean entonces seguirán pagando el gran sobrecosto que les imponen los monopolios estatales. Sobrecostos que les castigan, que benefician a muy pocos y que seguramente, en poco tiempo, la desmonopolización evitaría.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados