A fines del siglo XIX, Uruguay aprendió algo que a veces olvidamos. Los saltos de desarrollo no ocurren solo por administrar bien lo existente. Ocurren cuando aparece un gran producto, una gran demanda externa y, sobre todo, una gran ola de capital que transforma la escala del país. En aquella época, el imperio económico del momento era Gran Bretaña. Llegaron ferrocarriles, frigoríficos, bancos, seguros, comercio, puertos e infraestructura. No fue gratis, claro. Nunca lo es. Pero cambió la frontera de posibilidades de la economía uruguaya.
Hoy Uruguay enfrenta otro tipo de desafío. Ya no somos un país pobre, somos un país de ingreso medio-alto, con un PIB per cápita del orden de los 24.000 dólares corrientes. Pero invertimos poco, alrededor de 16% del PIB. Con ese nivel de inversión es difícil imaginar una convergencia sostenida hacia los países desarrollados. La evidencia internacional es clara, los países que crecen durante décadas invierten más, muchas veces bastante más del 20% del PIB. Incluso Paraguay se mueve en torno al 21%-22%.
Uruguay corre el riesgo de estar cómodo en una trampa de ingreso medio. Instituciones razonables, estabilidad macroeconómica, pero poco dinamismo per cápita. Un equilibrio decente, pero insuficiente. El problema de los equilibrios bajos estables es que pueden durar mucho. Y cuando duran demasiado, se naturalizan.
Los países que lograron escapar de esa zona no lo hicieron con pequeños ajustes marginales. Corea del Sur, Irlanda o China no crecieron por casualidad ni por administrar mejor la misma estructura productiva. Lo hicieron con aumentos fuertes, persistentes y acumulativos de inversión, tecnología, infraestructura, capital humano y capacidad exportadora. En los modelos de crecimiento con trampas, la intuición es simple, hay un nivel crítico de capital que hay que superar. Por debajo, la economía mejora, pero no despega. Por encima, se abren nuevas complementariedades y la senda cambia.
Uruguay ya vivió algo parecido. A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el país tenía un producto estrella —la carne y sus derivados— y logró atraer capital a una escala extraordinaria para su tamaño. Algunas estimaciones históricas sugieren que el stock de inversión británica en Uruguay llegó a representar una proporción muy significativa del producto, quizá por encima del 80% del PIB de la época, y cerca de un cuarto del PIB solo en ferrocarriles. La infraestructura integraba territorio, bajaba costos, hacía exportable lo que antes no lo era y ordenaba una economía alrededor de una nueva escala. Esa escala vino también con asimetrías. Se atribuye a Julio Herrera y Obes, al asumir la Presidencia en 1890, la frase de que se sentía “como el gerente de una gran estancia cuyo directorio está en Londres”.
La pregunta relevante no es cómo podemos crecer un poco más. Es cómo repetimos un shock de inversión de esa magnitud en el siglo XXI. ¿Quién puede ser hoy lo que Gran Bretaña fue para el Uruguay del siglo XIX? La respuesta incómoda, pero evidente, es China.
China puede ser nuestra Inglaterra del siglo XXI. No por romanticismo geopolítico, sino por escala. Para Uruguay, atraer 70.000 millones de dólares de inversión —aproximadamente 80% del PIB actual— sería una revolución. Distribuido en dos décadas, implicaría unos 3.500 millones de dólares por año, alrededor de 4 puntos del PIB. Con eso, Uruguay pasaría de invertir 16% del producto a acercarse al umbral del 20%. Para China, en cambio, esa cifra no es descomunal, equivale a 4 horas de inversión fija nacional. Lo que para nosotros sería histórico, para ellos es una mañana de inversión.
Por supuesto, nada de esto ocurrirá por inercia. Haría falta una estrategia de Estado, no una gira comercial. Uruguay debería identificar sectores donde China tenga interés estratégico y Uruguay pueda ofrecer estabilidad, recursos, energía limpia, alimentos, logística o acceso atlántico. Celulosa, madera, alimentos, puertos, energía, hidrógeno verde, data centers, ferrocarril, servicios globales y cadenas vinculadas a recursos críticos podrían formar parte de esa agenda.
Esa estrategia debería tener una prioridad clara, por una razón de escala. Pero prioridad no quiere decir exclusividad. Uruguay debe seguir buscando capital allí donde exista capacidad, tecnología e interés de largo plazo, como ya ocurrió con la celulosa y como podría ocurrir con el hidrógeno verde.
También habría que estar dispuestos a concesiones. La palabra incomoda, pero la historia enseña que los grandes flujos de capital vienen con condiciones. La cuestión no es evitarlas, sino negociarlas bien: reglas claras, garantías jurídicas, infraestructura, zonas especiales y acuerdos de largo plazo, pero preservando niveles de soberanía regulatoria, estándares laborales, ambiente y competencia. La ingenuidad sería pensar que el capital llega sin pedir nada. El error opuesto sería no pedirle nada a cambio.
Quizá Uruguay debería nombrar, literalmente, un ministro o enviado especial para Asuntos de China. No para sustituir la política exterior, sino para darle foco económico a una prioridad nacional. Si creemos que el principal obstáculo al desarrollo es la baja inversión, necesitamos una institucionalidad dedicada a removerlo. No alcanza con esperar que algún proyecto aparezca.
La alternativa es conocida. Si Uruguay no crece, el debate político se volverá cada vez más distributivo. Ya lo vivimos en los años sesenta. Cuando el producto no se expande, la discusión pública se concentra en quién captura qué parte de una torta estancada. Buena parte de los debates actuales empieza a parecerse a eso, menos discusión sobre cómo agrandar la economía y más disputa sobre cómo repartirla.
El desarrollo no vendrá de un milagro administrativo. Vendrá, si viene, de cambiar la escala. Uruguay necesita otro gran shock de inversión. Y esta vez, el ferrocarril no vendrá de Londres.