OPINIÓN

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En una investigación para el National Bureau of Economic Research (NBER), pocos años después de la crisis económica y financiera de Argentina de comienzos de este siglo, el economista argentino Guillermo Calvo y el actual canciller uruguayo Ernesto Talvi analizaron las consecuencias que trajo lo que, unos años antes, el primero de ellos había definido como una detención inesperada —sudden stop— de la actividad económica, provocada por un hecho externo. En el trabajo de referencia se consideran las consecuencias económicas que desató la crisis de Rusia de 1998 sobre las economías emergentes cuando el flujo de capitales, hacia ellas, se frenó abruptamente. El trabajo, aparte de ser muy bueno, es útil para anticipar lo que puede pasar en las economías emergentes, si se diera, nuevamente, ese fenómeno.

Este año asistimos a un nuevo sudden stop de la economía, pero no derivado de una detención inesperada del ingreso de capitales sino debido a un evento sanitario por nadie conocido ni esperado —lo que llamaría un sudden sanitary event— que no solo afecta a los países emergentes. Su dispersión tiene efectos globales pues el desarrollo de las comunicaciones y la interrelación comercial y financiera mundial, han sido intensos y se ha dado muy aceleradamente desde el comienzo del siglo. Esta vez aprendemos nuevas lecciones sobre una crisis cuya duración y el desenlace aún no lo conocemos. Es esa incertidumbre y las consecuencias que ya estamos viendo en la actividad económico-financiera, en la actividad social y en la sanitaria, lo que nos impide ver cómo va a ser lo que el presidente Lacalle Pou ha definido, acertadamente, como la “nueva normalidad”. Una definición que se refiere a un equilibrio económico-social más que a una situación transitoria como la que sí involucraba la referencia que antes se hacía al “día después”.

El empleo

El objetivo fundamental, tanto durante como luego de la crisis debe ser y
hoy es, mantener, dentro de lo posible, funcionando a la economía. No detener la producción para, así, preservar el mayor número de empleos posible y cuando la nueva normalidad aparezca sea con la total recuperación de los puestos de trabajo perdidos por el evento.

Medidas del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales, de las empresas y de las personas apuntan en ese sentido. Importan por su dimensión y por el compromiso de las autoridades con la población, señalar que las decisiones que se han tomado y que probablemente se seguirán complementando con nuevas medidas, son en última instancia para mantener empleos y asistir a quienes lo han perdido —sean formales o informales—, transitoria o definitivamente. Son por todos conocidas las referidas medidas, de naturaleza monetaria las que ha lanzado el Banco Central y de naturaleza fiscal y parafiscal las decididas por el Poder Ejecutivo.

Las adversas repercusiones de la crisis sanitaria sobre la actividad económica se reflejan en un significativo avance de las personas en seguro de paro y en un aumento de la ya alta tasa de desempleo. El paro forzoso en febrero ha sido 10,4% de la población económicamente activa (PEA). Es un registro mayor al 8,3% de hace un año y el mayor desde setiembre de 2006.
Por su parte, la tasa de empleo es 56,4% de la PEA, la más baja desde 2007.

El problema sanitario que nos afecta encuentra a nuestro país con el desempleo subiendo desde hace trece años y al empleo bajando desde hace nueve años. Y el desempleo seguirá en alza por el doble motivo de que la oferta de mano de obra por personas que deseen trabajar va a crecer y porque la demanda por los servicios del trabajo por parte de las empresas va a declinar. Una situación que termina con quienes desean trabajar, aceptando retribuciones menores a las que tenían.

Instancia de negociación

Se trata de indicadores que preocupan y que se presentan en un momento muy cercano a la apertura de los consejos de salarios, que nunca ocurrieron en condiciones similares a las actuales. Las propuestas de las partes en esta ocasión deberían ser diferentes a las de las ocasiones anteriores.

Considerando estas nuevas condiciones y hasta que no se modifiquen, la prioridad debería ser el empleo por sobre una justa pero inoportuna mejora en el salario real. En otras palabras, debería haber un lapso que hasta que las condiciones económicas de nuestro país no cambien, se piense más en mantener el empleo que en aumentar la retribución real.

Si eso no fuera así, la teoría microeconómica nos enseña que en un mercado en el que la oferta de servicios de trabajo aumenta y la demanda por esos servicios declina, el valor del salario cae. Si no ocurriese el ajuste automático que debería darse para que haya equilibrio, es decir para que la cantidad demandada de servicios del trabajo sea igual a la cantidad ofrecida, entonces el desempleo alcanzará a muchos y solo una parte de los trabajadores —los que mantengan el empleo— serán los beneficiados. Si el resto de los trabajadores, los desempleados, se mantienen ofreciendo sus servicios en el mercado, seguramente puedan en algún momento volver a emplearse, pero, desde ya, con un nivel salarial menor al que se pretendía.

Por la incertidumbre que persiste en la economía —y a la que me referí en la columna de hace cuatro semanas— es imposible hoy anticipar una recuperación económica y menos aún poder decir cuál será la nueva normalidad para el mercado laboral. Es entonces preferible priorizar el empleo, al menos, hasta que finalice la recuperación.