OPINIÓN

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La Teoría Microeconómica es el núcleo de la ciencia económica. Sus otras disciplinas —entre las que la Macroeconomía es una— tienen sus fundamentos en la Microeconomía, que explica los determinantes de la demanda, de la oferta y cómo se forma el precio de un producto o servicio en el mercado que se trate. Es por ello que también se la conoce como Teoría de Precios, lo cual se puede justificar porque, en la organización de una sociedad en cuanto a qué producir, cómo producir y cómo distribuir lo producido, el sistema de precios adquiere el rol determinante.

En estos días se dan a nivel local y en medio de un contexto diferente al habitual que afecta significativa al económico, situaciones en las que la microeconomía es útil para analizar las consecuencias de lo que se decida. Uno de los casos más relevantes es el de las perspectivas del mercado laboral en vísperas de las negociaciones colectivas y, el otro, es el tratamiento legislativo de la futura política del precio de los combustibles suministrados por el monopolio de Ancap.

El mercado laboral

Antes de la aparición del virus que nos afecta, la cantidad demandada por las empresas por servicios de trabajadores en el mercado laboral era sensiblemente menor a la cantidad ofrecida de esos servicios por los trabajadores. La brecha entre ambas era de dos dígitos, una distancia que marcaba el desempleo en el mercado de trabajo y que generalmente ocurre en mercados en los que el precio a pagar excede al que, por razones productivas, se puede pagar. El 10,5% de la población económicamente activa en paro forzoso no se observaba hacía mucho tiempo en nuestro país y venía con tendencia creciente.

Otros indicadores, como el de horas trabajadas en la industria, o el número de personas en el seguro de paro, así como estimaciones privadas sobre la demanda por trabajadores, configuraban una situación muy preocupante del mercado laboral hacia el futuro. Situación que, sin responsabilidad de la nueva administración de gobierno, agravó considerablemente la pandemia que nos azota. Por ese ataque del virus, las horas trabajadas se han desplomado más aún, el seguro de desempleo cuadruplicó a sus beneficiarios y la demanda por servicios de trabajo se retrajo aún más.

La situación del mercado laboral, que ya era muy preocupante, se ha deteriorado considerablemente, lo que acentúa la preocupación que se da en el momento en que comienzan a negociarse las condiciones salariales en la nueva instancia de los Consejos de Salarios. Es interesante entonces plantear qué nos dice la teoría microeconómica sobre los próximos meses del mercado laboral. La demanda de servicios de trabajadores por las empresas deriva de la demanda que ellas tengan a su vez por sus productos, la cual declinará por la caída del ingreso. Por otra parte, la oferta de sus servicios por parte de los trabajadores aumentará o, a lo sumo, quedará igual. En consecuencia, la brecha entre cantidad demandada y cantidad ofrecida se ampliará aún sin aumentos de salarios y más aún si los hubiera. Es un desenlace que es imposible evitar y son factores exógenos los que llevan a este resultado y no uno endógeno, fruto de la combinación de políticas de la nueva administración.

El precio de Ancap

Hace unos días se ha consensuado en la comisión del senado que trataba un artículo del proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC), que la política de precios de Ancap en el futuro se debe decidir en función del precio de paridad de importación de sus combustibles. El consenso es una alternativa a la propuesta de desmonopolizar la venta de combustibles. Se había propuesto esa medida para presentar al legislativo ante la habitual diferencia entre los precios de la petrolera uruguaya y los similares del exterior.

Es que los monopolios, sean públicos o privados, siempre cargan un precio a los consumidores de sus productos, que son mayores a los precios que existirían en un mercado en el que actuasen competitivamente más empresas. El sobre precio del monopolista por ineficiencia o por mayor ganancia atrae a competidores que no pueden entrar al negocio si hay una ley o una disposición de igual alcance, que prohíbe el ingreso de nuevas empresas al negocio. El monopolista carga un precio mayor por vender una cantidad menor a la de un mercado en competencia, favorece a su dueño y a quienes trabajan en la empresa monopólica y castiga, obviamente, a los consumidores de sus productos.

Numerosos pueden ser los intentos de quitarle poder monopólico a una empresa. Pueden ir en el sentido tributario, gravándolas con impuestos, o aún haciendo que venda al precio que regiría en competencia. Ninguno tiene los resultados absolutos de hacer que el monopolista venda siempre al precio y la cantidad de competencia y no castigue a los consumidores, como sí los tendría la libertad de entrada de otras empresas al negocio. En el caso en discusión y aprobado en el Senado —la fijación de precio de paridad de importación para los combustibles manteniendo el monopolio de la petrolera uruguaya—, la alternativa a la desmonopolización es un “segundo mejor”, que dejará la situación más cercana a la actual que a una en la que el ajuste de precios sea automático y de acuerdo con la competencia en el mercado. Seguirán sufriendo los consumidores, algo menos tal vez que en la situación monopólica actual, pero mucho más que con libre competencia.

Y ello porque la discusión se presenta como una cuestión entre estatismo o privatización, cuando la realidad es entre monopolio y competencia.