OPINIÓN

Desmonopolizar no es vaciar ni privatizar

Estas políticas deberían extenderse a otros monopolios estatales que poco le retribuyen a los consumidores uruguayos

Foto: Getty Images
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Se ha habilitado a operadores de cable para vender servicios de Internet. Ante esa nueva realidad, se terminaría el monopolio de Antel en esa actividad. Se suma a eso, el permiso a los usuarios de telefonía móvil a cambiar de proveedor manteniendo el número, algo que no se podía realizar sin modificarlo. La reacción a esta nueva situación ha sido —como siempre ocurre— compartida por algunos y rechazada por otros.

Los que rechazan y se oponen a lo ocurrido por aplicación de la ley y disposiciones judiciales, han sido sumamente críticos y han dado sus razones alegando que se trata de medidas privatizadoras —¿de Antel?—; que son decisiones antipatriotas —porque supuestamente las habrían tomado personas que no aman a su país—; que constituyen una masacre nacional —una matanza institucional y de personas indefensas—, y porque se trata de un vaciamiento de Antel —porque supuestamente no podría seguir desarrollando las actividades que hoy despliega—. Pero, ¿será tan así?

Microeconomía

La teoría microeconómica analiza primariamente las razones tras la oferta y la demanda por un bien o por un servicio. Y asimismo, describe y explica la formación de precios en distintos tipos de mercado. Es por eso que también se la conoce como teoría de precios. La oferta y la demanda determinan los precios en mercados competitivos, en mercados monopólicos, en mercados oligopólicos, monopsónicos y oligopsónicos. La teoría microeconómica, o teoría de precios, va más allá de explicar esa interacción de oferta y demanda que determina el precio de un bien o de un servicio. Analiza también la contribución que cada mercado realiza al bienestar general al que define como el beneficio que le brinda a los consumidores y la contribución a la producción por la asignación de recursos productivos (trabajo, capital, etc.).

Es en ese contexto de teoría de precios que se deben analizar —seriamente y no calificando injustificadamente y reflejando ignorancia de los beneficios de las decisiones—, la nueva situación que se ha creado. Cuando se lanza una aseveración sobre los efectos económicos y sociales que puede tener cierta decisión que cambia sustancialmente una situación imperante, la evidencia empírica es necesaria para confirmarla. El método científico así lo establece pues, de lo contrario, si la evidencia empírica —la realidad—, no lo confirma, estaríamos frente a un pronóstico interesado en mantener el statu quo por los beneficios —pecuniarios y no pecuniarios— que genera a quienes lo reciben en detrimento de los que lo deben pagar.

La teoría microeconómica nos adelanta que, siempre, el mercado de un bien o de un servicio en el que existe competencia, contribuye más al bienestar general y tiene menores costos sociales que un mercado en el que hay un único productor y al que se le protege prohibiendo el ingreso de competidores al negocio. El monopolista enfrenta la totalidad de la demanda del mercado del bien o del servicio en cuestión y le abastece con su oferta. Sabe que si quiere vender más debe bajar su precio y que si desea subir su precio va a vender menos. En ese juego, elegirá vender la cantidad a la cual lo que agrega a su ingreso es igual a lo que ingresa a su costo. En el caso del productor en competencia, sabe que lo único que puede modificar con su actividad es la cantidad que produce, ya que el precio le viene más o menos dado por el mercado. Ante esa realidad de uno y de otro, la evidencia termina siendo que el monopolista cobra un precio mayor al que cobraría el productor en competencia, que su utilidad es mayor a la de los eventuales competidores que, por ley u otras disposiciones, no tienen la autorización para competir. El monopolista vende menos y cobra más y el que lo sufre es el consumidor y también eventuales productores que ocuparían más trabajadores lo cual es una pérdida social de importancia.

La evidencia

Durante el gobierno del Dr. Lacalle Herrera, por ejemplo, se desmonopolizó la venta de seguros de automóviles y, pese a las advertencias del caos que eso traería, además de la desaparición del Banco de Seguros, la realidad rápidamente mostró que hubo notables beneficios sin los costos que se anticipaban. Volver atrás hoy sería inexplicable, tanto para el público en general como para los propios opositores a la desmonopolización de hace ya tres décadas.

En el caso de lo que venimos comentando, observamos ya varias reacciones de los consumidores y fundamentalmente de oferentes de los servicios de telefonía móvil y de Internet: precios en caída importante —que favorece a consumidores sin afectar a Antel—; mejor y notablemente mayor provisión de capacidad de comunicación, que tampoco perjudica a Antel. Todas esas primeras consecuencias no son más que una ratificación de lo que nos advertía de antemano la teoría microeconómica.

En otras palabras, asistimos en pocos —muy pocos— meses a una realidad que lejos está de ser anti patriota; que también está lejos de reflejar una masacre y que evidencia un beneficio importantísimo para los consumidores y que, por el momento, está muy lejos de vaciar a Antel; más bien se le está llenando con la atracción a consumidores que observan la baja de precios. En el caso de esta última consecuencia, habría sucedido hasta sin que la empresa estatal haya gastado —seguramente mucho dinero— en el, a mi juicio, innecesario spot publicitario con varios jugadores de la selección uruguaya de fútbol.

La lección que nos dio la desmonopolización de varios tipos de seguros y la que nos viene dando la que comentamos, en ambos casos sin la privatización de las empresas públicas involucradas, se debe extender a otros monopolios estatales que poco le retribuyen a los consumidores uruguayos.

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