Crecimiento: Mutando desde el optimismo al irrealismo

Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó sus proyecciones para el Presupuesto 2025-29 la mayoría de los analistas señalamos que estaba siendo “optimista” al asumir que la economía crecería a una tasa anual promedio de 2,4%.

Hablamos de “optimismo” por varias razones:

1. Ese valor era superior al promedio de la última década, donde la actividad económica se expandió apenas 1,2% anual;

2. Para poder alcanzar valores cercanos a 2,4% se requiere incrementar la acumulación de capital físico, al menos llevando la ratio de inversión/PIB desde los magros valores previos en torno a 17% a valores más cercanos a 22% y eso implica que la inversión pegue un salto sostenido cercano a 30% en un breve lapso.

3. Ese salto no ocurriría de manera espontánea, sino mediante cambios sustanciales que lo hicieran posible.

Esos cambios tendrían que venir por: a) mejorar el acceso a mercados externos, campo en el cual el país perdió pie en términos relativos en los últimos 30 años, preso de la inoperancia del Mercosur, una región de las más cerradas del planeta y que, además, le ha puesto trabas al país para que pueda negociar por su cuenta acuerdos con terceros países; b) no alcanza con ganar acceso para que los inversores decidan instalarse en el país. En efecto, dado que los precios externos son un dato para nosotros (esa es la definición económica de país pequeño), la competencia por atraer inversión se juega en el campo de los costos internos.

Foto: archivo El País

Más allá de los problemas endémicos de acceso a mercados, hoy el problema más urgente se concentra en la baja rentabilidad exportadora. El problema de baja rentabilidad es tan grave que en este último tiempo no solo nos ha costado atraer inversión, sino que estamos asistiendo al retiro de empresas que en el pasado habían tomado la decisión estratégica de instalarse en el país y que ahora están emigrando hacia otras localizaciones. Los ejemplos de la japonesa Yazaki en 2025 (que emigra a Paraguay) y los anuncios de estos días de la alemana BASF (que emigra a India) son elocuentes e, incluso, ponen en tela de juicio la efectividad para atraer y sostener inversiones del instrumento que operó por excelencia en el pasado: la legislación de zonas francas. Asimismo, estos ejemplos muestran que los problemas de rentabilidad no solo afectan a los sectores industriales, sino que se han expandido al sector de servicios globales, hasta no hace mucho uno de los que más creció durante los últimos años en actividad, exportaciones y empleo altamente calificado.

Por si los problemas fueran pocos en este terreno, durante 2025 la coyuntura internacional ha golpeado la rentabilidad exportadora con un combo negativo inesperado: un dólar que se depreció a nivel global (del que el peso uruguayo no ha escapado, aunque está lejos de ser la moneda que más se apreció) y precios débiles de nuestras exportaciones, con la excepción de la carne.

Y pegó en la rentabilidad porque significó una reducción del ingreso medido en pesos por unidad de producto, mientras que los costos unitarios en pesos han seguido creciendo como si nada.

Esta suerte de desbalance entre ingresos y costos tomó al país mal parado y desprovisto de instrumentos para hacerle frente por la aplicación de políticas domésticas que ya hemos mencionado en esta columna.

Foto: Natalia Rovira.

Una de las principales está en el campo laboral. En efecto, el gobierno tomó la decisión de promover aumentos nominales que tomaron como base la meta de 4,5% a la que se le sumaron valores positivos para subir los salarios reales en la nueva ronda de Consejos de Salarios. Asimismo, para apuntalar las subas reales eliminó la simetría de los ajustes periódicos hacia adelante, cuando la inflación efectiva termine por debajo de la proyectada.

Dijimos en su momento que estas pautas eran voluntaristas pues no atan los aumentos reales a la productividad (estancada desde hace una década), no consideran la heterogeneidad existente en cuanto a tamaño de empresas, sectores, localización geográfica, etc. También señalamos que ese voluntarismo tendría costos, pues aquellos sectores que no estuvieran en condiciones de absorber esos aumentos se verían perjudicados en su rentabilidad y, a la postre, en su capacidad de invertir y promover el salto en la tasa de crecimiento a la que el gobierno aspira.

Hoy, con el shock exógeno que los sectores exportadores están enfrentando y que no tiene horizonte cercano de reversión, la política salarial mencionada se parece a un tiro en el pie que ya está afectando los niveles de actividad y empleo.

A lo anterior se suman otras políticas que también conspiran contra la rentabilidad: 1) se optó por seguir aumentando el gasto y recurrir a mayores ingresos tributarios y de tarifas públicas monopólicas para apuntalar la sostenibilidad fiscal; 2) se mantiene viva la discusión de la reducción de la jornada laboral así como la creación de nuevos impuestos que afectarían a los inversores (sea el 1% a los más ricos o los que surjan de las propuestas del “diálogo social” que revertirían los avances en materia de sostenibilidad de la reforma de 2023) generando incertidumbre en los inversores; y 3) el irrespeto a contratos firmados y en marcha del anterior gobierno, es una amenaza para la bien ganada tradición del país donde se respetaban los contratos y las “reglas de juego”.

Por lo tanto, en este contexto y con estas políticas, esperar que la inversión se incremente para alcanzar el crecimiento que proyectó el gobierno, dejó de lucir “optimista” para transformarse en “ilusorio”. Y con él, también se desvanecen las expectativas de mejorar el empleo, las condiciones de vida y la sostenibilidad fiscal.