Benito y el Apagón: elementos para entender la denuncia sobre los apagones en Puerto Rico

El espectáculo de medio tiempo del Conejo Malo en el Súper Tazón número 60 de la Liga Nacional de Fútbol (NFL) en Estados Unidos claramente no fue una demostración artística neutra. Nos podrá gustar o no el género musical, pero la performance que desarrolló Benito Martínez Ocasio se produjo en uno de los momentos de mayor conflictividad interna en Estados Unidos, a pocos días de episodios de tensión social y muertes en Minnesota, en el marco de la escalada de políticas migratorias restrictivas, deportaciones de la comunidad latina y protestas. En ese contexto, la NFL decidió colocar al reciente ganador del Grammy en el escenario más visible del país, con un significado político difícil de disimular.

Es cierto que la elección del espectáculo de medio tiempo responde a una estrategia comercial orientada a ampliar su penetración en el mercado de habla hispana. Pero el posicionamiento de la NFL no es neutro. Incide, quiera o no, en la agenda pública del país a través del evento de mayor audiencia en Estados Unidos.

Una vez abierta esa oportunidad, Bad Bunny la aprovechó con claridad artística y política. Su show fue una manifestación cultural con alto contenido simbólico, reivindicó la identidad puertorriqueña, afirmó el rol de la comunidad latina en Estados Unidos y cuestionó, desde la sutileza, las políticas antiinmigratorias actuales. También puso sobre la mesa los efectos más amplios de la gentrificación en Puerto Rico.

Entre los múltiples símbolos desplegados hubo uno particularmente potente en el que quiero detenerme, porque se vincula directamente con mi área de trabajo, la referencia explícita a los apagones y a la fragilidad del sistema eléctrico de la isla. No fue un elemento escénico más. Fue una denuncia directa de una vulnerabilidad estructural que ya estaba presente en su narrativa artística y activismo, pero que esta vez se proyectó ante una audiencia global.

Recientemente fui invitado por un medio puertorriqueño a dialogar sobre estos temas. La discusión en la isla es urgente y tiene implicancias directas en la vida cotidiana de su población.

El sistema eléctrico de Puerto Rico no puede analizarse únicamente como infraestructura deteriorada ni como consecuencia exclusiva de eventos climáticos extremos. Es el resultado de una arquitectura institucional fragmentada que evidencia asimetrías profundas, falta de planificación sectorial y déficits sostenidos de inversión. No es solo un problema únicamente de infraestructura física. Es un problema de diseño institucional, de poder y soberanía.

Puerto Rico es un territorio bajo jurisdicción de Estados Unidos. ¿Qué implica estrictamente eso? Es un territorio no incorporado bajo soberanía estadounidense desde 1898. No es un estado de la Unión, pero tampoco un país independiente. Sus habitantes son ciudadanos estadounidenses desde 1917, pueden trasladarse libremente al territorio continental y están sujetos a leyes federales. La isla cuenta con autonomía en asuntos internos, tiene Constitución propia desde 1952, elige gobernador y legislatura y administra buena parte de su política pública. Sin embargo, no tiene representación plena a nivel federal, no elige senadores ni representantes con voto en el Congreso y no participa con voto en las elecciones presidenciales. Dispone de un Comisionado Residente que interviene en comités, pero sin derecho a voto en el pleno.

EFE.

El Congreso de Estados Unidos conserva autoridad plenaria sobre el territorio en virtud de la Cláusula Territorial de la Constitución, lo que le permite legislar y modificar su marco institucional. En el plano fiscal y económico la relación es aún más compleja, Puerto Rico no paga impuestos federales sobre ingresos generados en la isla, con excepciones, pero está sujeto a múltiples regulaciones federales.

Esa condición no es meramente administrativa. Determina su marco jurídico y condiciona decisiones sobre infraestructura crítica. En 2016, frente a una crisis de deuda pública que superaba los US$ 70.000 millones, el Congreso aprobó la ley Promesa, Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act. La norma creó una Junta de Supervisión Fiscal designada por el gobierno federal con amplios poderes sobre las finanzas públicas del territorio, incluyendo aprobación de presupuestos, planes fiscales y procesos de reestructuración de deuda. En los hechos, Promesa introdujo un nivel de tutela fiscal externa que subordinó múltiples decisiones de política pública, incluidas las vinculadas a infraestructura, a criterios de consolidación financiera y sostenibilidad de deuda.

En paralelo, la antigua Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, que ya arrastraba problemas estructurales de deuda, ineficiencia operativa y deterioro de activos, entró en quiebra. La reestructuración derivó en un esquema híbrido, la transmisión y distribución fueron transferidas a LUMA Energy bajo contrato de operación, la generación fue asignada a Genera PR y el Negociado de Energía mantuvo la función de regulador técnico. El resultado es un sistema donde operación, regulación y supervisión fiscal no convergen bajo una estrategia integrada, y donde la calidad del servicio eléctrico no siempre ocupa el centro de la ecuación.

Desde el punto de vista institucional, la gobernanza presenta debilidades claras. Existen objetivos que no necesariamente están alineados. La Junta de Supervisión Fiscal prioriza estabilidad presupuestaria y cumplimiento financiero, el regulador técnico debería enfocarse en confiabilidad, eficiencia y planificación de largo plazo y los operadores privados responden a contratos con métricas específicas. Sin un marco estratégico que articule resiliencia climática, expansión óptima del sistema y sostenibilidad financiera, las tensiones son inevitables. En la práctica, la política energética puede quedar subordinada a la lógica del ajuste fiscal.

El regulador enfrenta además limitaciones de capacidad. Opera con restricciones presupuestarias y asimetrías técnicas frente a operadores con mayor respaldo financiero y legal. En sistemas con actores dominantes, exigir cumplimiento de planes de inversión, supervisar estándares de calidad o auditar uso de fondos federales requiere autonomía real y solvencia técnica.

Foto: PATRICK T. FALLON/AFP

También existen problemas en el diseño de incentivos contractuales. Si la remuneración de los operadores no está estrechamente vinculada a indicadores robustos de calidad y resiliencia, y si la baja calidad del servicio no genera penalizaciones significativas, el sistema tiende a estabilizarse en un equilibrio subóptimo.

A ello se suma la fragmentación funcional entre generación, transmisión, regulación y supervisión fiscal, que dificulta la asignación clara de responsabilidades. Cuando ocurre un apagón masivo, la rendición de cuentas se diluye entre múltiples actores. La consecuencia es menor claridad institucional y menos incentivos para reformas profundas.

A estas debilidades se agrega la vulnerabilidad climática. El huracán María, en 2017, destruyó más del 80 por ciento del sistema de transmisión y distribución. La restauración fue prolongada y dejó en evidencia carencias en planificación y coordinación. En 2022, el huracán Fiona volvió a dejar a la isla sin electricidad, demostrando que la reconstrucción no había incorporado plenamente criterios robustos de resiliencia basados en análisis de riesgo climático. Puerto Rico enfrenta un aumento en la intensidad y frecuencia de eventos extremos, consistente con proyecciones asociadas al cambio climático.

El resultado es conocido, infraestructura debilitada, redes poco preparadas para eventos extremos, actores privados con posición dominante, regulador débil, fuerte dependencia de generación fósil de alto costo, energía cara y apagones frecuentes. Por eso “Puerto Rico está cabrón”. Es una expresión ambivalente, orgullo identitario y, al mismo tiempo, reconocimiento de la dureza de vivir en la isla en estas condiciones.

En territorios insulares, la infraestructura eléctrica es un activo estratégico. No solo sostiene la actividad económica, también garantiza funcionamiento hospitalario, telecomunicaciones, suministro de agua y estabilidad social. La centralización excesiva en generación térmica, combinada con redes vulnerables, amplifica el riesgo sistémico.

Este patrón no es exclusivo de Puerto Rico. Muchas naciones insulares de América Latina y el Caribe enfrentan sistemas aislados, alta dependencia de combustibles importados, volatilidad de costos y marcos regulatorios pensados para matrices fósiles. Paradójicamente, las energías renovables son hoy la fuente de menor costo en la mayoría de estos sistemas y ofrecen mayor eficiencia en la asignación de recursos. Sin embargo, la penetración renovable no avanza al ritmo óptimo. Puerto Rico es un ejemplo claro.

Las barreras son, en gran medida, institucionales. Los incumbentes operan bajo estructuras contractuales asociadas a generación térmica centralizada sin incentivos reales para modificar esa posición. Los marcos regulatorios no siempre incorporan mecanismos ágiles para integrar renovables, almacenamiento o modernización de redes. Cuando el regulador es débil y existen posiciones dominantes, la transición se ralentiza. Y si además las políticas públicas minimizan la urgencia climática y postergan inversiones en resiliencia, el sistema queda expuesto.

Desde una perspectiva social, cuando la electricidad combina tarifas elevadas con baja confiabilidad y los ingresos medios no evolucionan al mismo ritmo que el costo de los servicios, la sensación de desplazamiento económico se profundiza. Energía y gentrificación convergen entonces en un mismo punto, la percepción de que las reglas del sistema responden más a lógicas externas que a prioridades locales.

La escena del poste eléctrico en el Super Tazón condensó esa intersección entre vulnerabilidad climática, fragilidad institucional, soberanía limitada y dependencia económica. Lo hizo ante una audiencia global.

El espectáculo terminó. Pero el mensaje quedó instalado. Y esa capacidad de transformar cultura en discusión pública es, probablemente, lo más potente que logró Bad Bunny la tarde del 8 de febrero en California.

* Alfonso Blanco, exdirector Ejecutivo de Organización Latinoamericana de Energía (Olade)