OPINIÓN

El COVID-19 y las decisiones del Gobierno:
qué dice la teoría microeconómica

La teoría microeconómica nos dice que el gobierno tiene razón en su prédica actual que tiende a evitar la aglomeración de personas para minimizar consecuencias sanitarias adversas para la población.

Foto: Reuters
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Y tiene razón, tras evaluar los costos y los beneficios, tanto privados como sociales, de varias alternativas a la que por ahora es la decisión final.

Antecedentes

La teoría microeconómica nos enseña que la construcción de la demanda de cada persona por un producto depende fundamentalmente de su precio y de los precios de los sustitutivos y complementarios, así como de su ingreso. También nos enseña que la oferta de ese producto depende de su precio y del costo de producirlo por quien lo produce.

La suma de las demandas individuales por el bien y la suma de las ofertas de las empresas que venden el producto, se encuentran en un mercado que puede tener distintas características —puede ser de competencia, un monopolio, un oligopolio, o un monopsonio o cualquier otro de los muchos que hay en la realidad—. Y es de la interacción de la oferta y la demanda en el mercado en la que ocurre, que resulta el precio. Si generalizamos para los casos de todos los productos, sus precios juegan un rol sumamente importante pues determinan lo que se produce, cómo se produce y cómo lo producido se distribuye.

Es por eso que a la teoría microeconómica también se la conoce, a nivel académico, como teoría de precios. Y se prueba sin duda alguna, que la interacción señalada es en el caso de los mercados en competencia, la que más contribuye al bienestar general de un país. Mucho más que los otros tipos de mercado —que el monopolio, el oligopolio, el monopsonio y que otros por el estilo—.

Fallas del mercado

Pero existen casos en los que el mercado tiene fallas. Son los casos en los que el derecho de propiedad de quienes intervienen no está bien definido.

En algunas ocasiones, es fácil solucionar el problema por la interacción de las propias partes involucradas. Sin embargo, en otras situaciones no es fácil la definición de esos derechos y no basta, o no es posible, encontrar la solución entre las partes. Los ejemplos son abundantes en un caso y en otro. Uno para el que alcanza la interacción de las partes es el de los campos que no estuviesen cercados, lo que llevaría a que los mercados agropecuarios no funcionaran adecuadamente. Es recién cuando el dueño de un campo lo cerca que puede captar los beneficios de su inversión, producir y enviar su producto al mercado. De lo contrario corre el alto riesgo de no poder captar los beneficios de su inversión.

Pero en muchos casos, llegar a una definición del derecho de propiedad como el citado, de modo de generar condiciones para el normal desarrollo de mercados, no es posible. Es bien conocido el de la polución generada por una actividad económica que provoca efectos adversos sobre otras actividades, al elevar sus costos de producción. Esta situación es más difícil de solucionar por transacciones entre las partes como sí lo fuera la solución del caso anterior. Los costos de negociar los afectados con él o con los que le afectan, pueden llevar a la intervención estatal. El mercado solo formado por demandantes y demandados no logra solucionar ese problema y es entonces que debe intervenir el Estado fijando normas para mantener a las dos partes funcionando o para prohibir o autorizar, en función de la evaluación de costos y beneficios de la situación.

Covid-19

El caso del Covid-19 es uno en el que la actuación individual de personas o de grupos de personas genera costos sobre otras y que la negociación entre las partes en un mercado es imposible. Hoy, en la nueva situación sanitaria del país, no hay un mercado en el que quienes desean desarrollar actividades como habitualmente lo hacen pueda transar su demanda con quienes pueden verse afectados por ello. Son muchos los que de un lado y de otro intentarían, unos lograr seguir como hasta enero y otros evitarlo por la alta probabilidad de perder capacidad para desarrollar su propia actividad o por aumentar el costo para ello.

Ante esa imposibilidad del mercado de solucionar la situación, es que se presenta la necesidad de la intervención estatal que puede ir, como en el caso de Argentina, hasta el aislamiento total o, como en el caso de nuestro país, que ha optado por el aislamiento social o parcial. Obviamente uno y otro tipo de aislamiento tienen sus consecuencias en términos de costos y beneficios, privados y sociales.

Tras la evaluación económica, social, sanitaria y política de la situación, el gobierno se ha inclinado por un tipo de aislamiento que procura evitar el castigo al estado de salud de nuestra población y a evitar, como se ha mencionado por la conducción económica y por el propio Presidente, la detención de la actividad productiva.

Analizado desde el punto de vista de la teoría microeconómica, el aislamiento social voluntario y con acciones para reforzarlo —como la solicitud que profusamente en las calles realiza el Ministerio del Interior— es lo que corresponde y, además, consistente con la teoría de precios cuando existen fallas del mercado. Es una intervención estatal que procura sustituir una imposible definición del alcance de los derechos de propiedad de cada uno de los ciudadanos fijando el margen de actuación de las partes.

Una decisión que además de ser consistente con la teoría microeconómica, se acompaña de la voluntad gubernamental expresa de seguir revisándola para evitar efectos macroeconómicos más profundos que los que inesperadamente el virus ha presentado.

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