En Uruguay estamos a casi un año de las elecciones nacionales 2024 que definirán el gobierno —Poder Ejecutivo y Legislativo— para la segunda mitad de esta década. Con las internas partidarias previstas para junio, varios precandidatos presidenciales ya están en carrera. Viene un tiempo de promesas electorales y programas de gobierno.

En este proceso, sin embargo, tanto los equipos de campaña como la ciudadanía en general deberían ser conscientes y prudentes por la etapa esperable en el ciclo económico global, ciertas restricciones del contexto, algunas condicionantes estructurales y otras limitantes iniciales asociadas al desempeño reciente de la economía.

Para el próximo quinquenio, el escenario económico global se prevé complejo según varios análisis ya citados desde este espacio. El nuevo “normal” global parece caracterizado por bajo crecimiento mundial, la profundización de la fragmentación geoeconómica y algunas secuelas de la pandemia. Si bien continuará diseminándose La Cuarta Revolución Industrial, con eventual impacto positivo en la productividad, se estima poco probable que la economía mundial crezca estructuralmente sobre su promedio histórico, como en el boom de 2003-07 o en el rebote de 2021-22.

Respecto a los commodities, también es temerario asumir un escenario de precios o márgenes altos como los observados en el superciclo de 2003-14 o a la salida de la pandemia. Estaríamos entrando en la clásica fase de normalización y menores cotizaciones de materias primas que inexorablemente ha sucedido tras los seis booms previos de los últimos dos siglos. Volveríamos a un período de menores precios y márgenes parecido al observado en los ’80 o en 2015-19. Podría ser peor si recrudece el proteccionismo global y la guerra comercial, fenómenos sobre los cuales será determinante el resultado de la elección 2024 de Estados Unidos.

También la historia sugiere que —tras varios años de cierta estabilidad financiera— el escenario de una crisis derivada de la acumulación de deuda pública-privada y de condiciones monetarias más restrictivas es más factible.

En ese contexto, es poco probable que la región se desacople de ese escenario global de crecimiento económico mediocre, menores precios de commodities y riesgo de crisis financiera. Nada hace prever que Brasil cambie su pobre desempeño económico, ni logre esquivar un peor entorno internacional. Tampoco que Argentina logre asegurar gobernabilidad para instalar y sostener políticas e instituciones que logren revertir rápidamente su decadencia. Ni la baratura en dólares propia de un país más pobre.

Si esos escenarios se materializan, Uruguay recibiría desimpulso externo en vez de impulso durante los próximos años. El viento no estaría a favor, ni neutral, sino en contra.

En ese contexto, tras el rebote de la actividad de los próximos trimestres por el fin de la sequía, la producción de UPM II y otros hechos puntuales, la economía retomaría expansiones inferiores a su potencial durante la segunda mitad de la década. El crecimiento podría promediar en el quinquenio una cifra inferior a la tasa de 2,8% que el Comité de Expertos convocado por el Ministerio de Economía Finanzas estima para el largo plazo, aquel que emerge de condiciones externas normales y el uso sostenible de factores productivos.

A su vez, si el crecimiento del PIB será inferior al potencial, también lo será la expansión de la masa salarial. Por lo tanto, debería asumirse un menor dinamismo del mercado laboral al observado durante este último trienio. Además, a diferencia de este gobierno, el próximo empezaría con menores holguras en el mercado laboral tras el fuerte aumento de la ocupación y normalización de la participación laboral. Así, promesas electorales de alto crecimiento del empleo para el próximo quinquenio parecen difícil de justificar a menos que la expansión de los salarios reales sea muy acotada. Por lo tanto, los programas electorales también deberían asumir un mercado laboral menos dinámico.

Por último, están las restricciones fiscales y los escasos márgenes para subir impuestos, sin comprometer aún más el crecimiento económico. Muchos de las promesas electorales suelen conllevar expansiones de gasto público y nuevos programas de gobierno no necesariamente bien financiados. El déficit fiscal estructural todavía es alto y requiere nuevas reducciones para asegurar la sostenibilidad fiscal y la mejor calificación crediticia. A su vez, el crecimiento del PIB potencial no da mucho espacio para aumentos estructurales de gasto y el eventual deterioro del crecimiento del PIB efectivo tensiona la evolución del déficit y de la deuda.

En fin, suele decirse que satisfacción es igual a “realidad” menos expectativas. Un camino seguro para que un gobierno tenga baja aprobación ciudadana es realizar una mala gestión o adoptar medidas impopulares. Pero otro también es la inflación de promesas luego desinflada por la realidad. Queda claro que hay suficientes antecedentes, o al menos incertidumbres, para bajar las expectativas sobre el desempeño económico de Uruguay en la segunda mitad de esta década.

En cualquier caso, la prudencia debería primar en términos de promesas y programas electorales. Al bajar las expectativas, la caída en satisfacción y aprobación ciudadana podría no ser tan abrupta, si finalmente emerge una realidad compleja y desfavorable.