OPINIÓN

Todavía tiene que ser aprobado por el resto de los acreedores, aunque es de imaginar que, seguramente, se llegará a un acuerdo definitivo. La noticia es positiva porque no caemos en default abierto, al menos por ahora. Habrá que ver si en el futuro, cuando llegue la fecha de los vencimientos que se patearon para adelante, se les puede hacer frente. Puesto en otras palabras, el acuerdo es algo así como: paga el que viene atrás, por la forma en que se postergó en el tiempo el pago de la deuda y de los intereses.

En términos estrictamente económicos, el acuerdo no implica una mejora de caja por el lado de los vencimientos de capital. Lo normal es que cuando vence el capital de la deuda se haga el rollover, es decir, se tome nueva deuda para pagar la que vence. No hay efecto caja.

Lo que podría cambiar es el pago de intereses de la deuda que se tiene que enfrentar con ingresos corrientes para que la deuda no siga creciendo. Es decir, tomar más deuda para pagar los intereses que van venciendo.

De todas formas, dado el default de hecho en que había caído Argentina, hacía que el gobierno estuviera pagando cada vez menos intereses de la deuda pública. En el primer semestre del año el gobierno pago $ 279.729 millones de intereses de la deuda pública contra $ 317.423 millones de intereses pagados en el primer semestre de 2019.

El gobierno argentino postergó su última oferta que vencía el 4 de agosto hasta el 24 de agosto para que el resto de los acreedores decidan si aceptan la propuesta presentada por Argentina, por eso todavía no puede cantarse victoria hasta que no se tenga el acuerdo de todos los acreedores.

Una vez terminado este tramo de negociación, viene la tarea de renovar el acuerdo con el FMI que ya está caído. Y ahí sí el gobierno va a tener que presentar un plan económico consistente que convenza al FMI que Argentina puede entrar en una senda de solidez fiscal, algo que no será nada sencillo porque hasta ahora el déficit fiscal financiero representa 12,6% de PIB cuando no se toman las ficticias utilidades del BCRA que le transfiere al tesoro, vía emisión monetaria. Si se suma a ese déficit de 12,6% del PIB el déficit de las provincias y municipios más el gasto cuasifiscal (los intereses que paga el BCRA por esterilizar parte de la emisión monetaria vía Leliq y Pases Netos) el déficit fiscal consolidado total está en el orden del 17% del PIB. Para que el lector tenga una referencia, en la hiperinflación de Alfonsín el déficit consolidado estaba en 16,5% del PIB.

La situación fiscal es tan dramáticamente delicada que no se entiende el optimismo de los medios respecto al acuerdo alcanzado con los acreedores que, en rigor, todavía no está finalizado.

Además, vale la pena insistir que el tema de la deuda es consecuencia del déficit fiscal y sin un cambio profundo de las reglas de juego y cambios estructurales, es imposible pensar en un crecimiento de largo plazo.

Justamente, la crisis fiscal, que ya venía antes del confinamiento y se agudizó con la cuarentena más larga del mundo, sigue determinando que la recaudación sea muy pobre y la emisión monetaria continúe constituyendo una de las principales fuentes de financiamiento del tesoro. En julio, la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal fue de $ 220.000 millones, equivalente al 62% de los ingresos tributarios durante ese mes.

Si tomamos toda la gestión de Alberto Fernández, el tesoro se financió con $ 2,6 billones en impuestos y $ 1,7 billones en emisión monetaria. En otras palabras, durante la gestión de Alberto Fernández, la emisión monetaria para financiar al tesoro representó el 66% de los ingresos tributarios.

Si bien la actividad económica está siendo fuertemente impactada por la cuarentena, con la flexibilización de hecho —y un poco porque el gobierno la autorizó en algunos sectores—, la industria tuvo un leve repunte en la utilización de la capacidad instalada durante el mes de junio.

¿Cómo sigue impactando la cuarentena en la ocupación? De acuerdo a los datos que acaba de publicar el Ministerio de Trabajo, comparando mayo con febrero, mes anterior al establecimiento de la cuarentena, los empleados privados en relación de dependencia disminuyeron en 224.000 puestos de trabajo. O sea, se perdieron esos empleos. En total se perdieron 388.300 puestos de trabajo entre febrero y mayo cuando se incluyen monotributistas, autónomos, etc., salvo en el sector público que aumentó en 20.300 puestos.

Si se toma la evolución del empleo desde que asumió este gobierno, comparando mayo contra noviembre 2019, el mes anterior a que asumiera Alberto Fernández, se perdieron 438.000 puestos de trabajo, donde los empleados en relación de dependencia del sector privado formal perdieron 229.700 puestos de trabajo.

En síntesis, la gente ya no tolera más las restricciones de la cuarentena, muchos negocios se funden por lo estricto de la medida y solo sobreviven los que pueden esquivar las regulaciones del gobierno, al tiempo que la política económica hace lo imposible por no permitir el desarrollo de la actividad productiva.

La política del gobierno es ni chicha, ni limonada y se los ve totalmente desconcertados en el manejo de la economía, al tiempo que las encuestas muestran que el presidente sigue perdiendo el apoyo incondicional inicial de la población, tanto en el manejo de las medidas sanitarias como en el apoyo a la cuarentena y, sobre todo, en su imagen y su gestión de gobierno.