OPINIÓN

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Todos sabemos que las decisiones y acciones que toman individuos, empresas, instituciones y hasta el propio Estado pueden, involuntariamente, generar efectos negativos sobre otros individuos, otras empresas y otras instituciones. A esos efectos adversos de la actividad habitual y natural de unos sobre la de otros que terminan soportando costos adicionales no imputables a su propia actividad, los economistas los llamamos externalidades negativas; serían positivas si ocurriera lo contrario. Ronald Coase, abogado y economista británico profesor en la Universidad de Chicago y premio Nobel de Economía en 1991 por su análisis y descripción del costo social que implican transacciones en una economía, indicó que esas externalidades generalmente se deben a la indefinición de derechos de propiedad.

La instalación, lindera a un hospital, de una fábrica cuyo funcionamiento implica ruidos significativos que afectan el normal funcionamiento y la tranquilidad que debe haber alrededor de un centro de salud, puede dar lugar a negociaciones entre las partes. Esas negociaciones apuntarán a solucionar los inconvenientes de la mala influencia de una parte sobre la otra, ante ausencia de derechos de propiedad bien definidos. La negociación puede llevar a la instalación de una infraestructura en la fábrica, que modere o elimine la polución sonora. En algunos casos, hasta podría encontrarse solución con una compensación del que genera el problema a la otra parte. En ciertas ocasiones, es fácil solucionar el problema por la interacción de las propias partes involucradas.

Existen casos, sin embargo, en los que el mercado falla en la solución del problema cuando el derecho de propiedad de quienes intervienen no está bien definido. Hay situaciones en las que no es fácil la definición de esos derechos y no es posible encontrar la solución a través de negociaciones entre las partes.

Los ejemplos son numerosos en este tipo de situaciones. Es bien conocido el caso de la polución generada por una actividad económica que provoca efectos adversos sobre otras actividades al elevar los costos de producción de éstas e incluso sobre una población de la misma zona o región. Esta situación es más difícil de superar —muchas veces imposible— mediante transacciones entre las partes y solo puede haber una solución al problema con la intervención estatal, fijando normas para mantener a las dos partes funcionando o para prohibirlas o autorizarlas, en función de la evaluación de costos y beneficios sociales y privados que resultan de la situación; el beneficio privado de la que genera polución y el costo adicional (social) que genera sobre las otras actividades o personas.

La vacunación

Con la irrupción del Covid-19, la actuación individual de personas o grupos de ellas amenazaba con generar problemas sobre otras y la negociación entre las partes habría sido imposible. El contexto no permitía que quienes deseaban desarrollar actividades como habitualmente lo hacían antes de la crisis sanitaria, pudieran transar con quienes podían verse afectados por eso. Ante esa imposibilidad del mercado de solucionar la situación es que se presentó la intervención estatal, que optó por la recomendación del aislamiento social voluntario y que complementó con acciones para reforzarlo. Fue una intervención estatal que sustituyó la imposible definición del alcance de los derechos de propiedad de cada uno de los ciudadanos, fijando el margen de actuación de las partes y la libre elección de la decisión de cada una de ellas. En definitiva, una intervención estatal que fue necesaria ante una falla del mercado.

Hay suficiente evidencia que la decisión tomada en nuestro país y la vacunación contra el Covid-19 han tenido resultados muy favorables. Se detuvo la pandemia y la economía, que había tenido una fuerte caída de su actividad por las medidas que se debieron tomar, comenzó a recuperar su nivel previo al problema sanitario; en el primer trimestre de este año ya lo ha superado y con aumento importante del empleo. La evaluación de las consecuencias de la vacunación y del aislamiento social voluntario ha sido positiva, tanto a nivel científico como en general, a juzgar en este caso, por la demanda de la población por acceder a varias dosis de la vacuna contra el virus.

Inconsistencia

Hace pocos días, a solicitud de un abogado respaldado por la “barra de los antivacuna” a quienes se respeta su decisión respecto a no vacunarse, ha salido del entorno del Poder Judicial la orden de suspender inmediatamente la aplicación de la vacuna contra la Covid-19 a menores de 13 años. La reacción general ha sido de sorpresa ante eso, ya que la vacunación no es obligatoria y porque la evidencia no muestra opiniones desfavorables sobre los efectos de la vacuna a esos menores de edad.

La decisión judicial implica un claro atropello a la libertad de elección de los padres para vacunar o no a sus hijos menores de 13 años. Es un límite que se impone a esa libertad por quienes se oponen a la vacunación sin evidencia que ello sea perjudicial para el vacunado.

Se trata de un enfrentamiento injustificado de una parte ínfima de la sociedad que puede tener como consecuencia, además, costos importantes para quienes no se habilita la vacunación y externalidades negativas sobre el resto de la sociedad. La apelación del Poder Ejecutivo debería poner las cosas en su lugar ya que la situación suspendida es la que iguala a los costos privados con el costo social y para la que coincide lo que dice el mercado que ratifica el Estado.