La semana estuvo sacudida. Siguen apareciendo chats de abajo de la mesa, chats que investiga la Fiscalía pero en forma express llegan casi al mismo tiempo a la prensa.
Por otra parte, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, renunció a su cargo en medio de un entreverado debate sobre si se debió o no dar un pasaporte a un presunto narco detenido en los Emiratos Arabes Unidos.
Antes que cante el gallo, Adrián Peña, secretario general del sector Ciudadanos (al que pertenece Ache), designó a su sucesor.
Lo de los chats se ha vuelto obsesivo y poco claro. Se supone que los investiga la Fiscalía pero son filtrados a los medios con pasmosa velocidad.
Parecen denunciar cosas explosivas, pero cuando se les rasca un poco, nadie los entiende. En parte, porque son eso, chats: tan confusos y enigmáticos como cualquier conversación telefónica.
Solo los interlocutores saben de que hablan y pese a las apariencias, a veces son intercambios inocuos. Están además leídos en un contexto en el que ahora todos sabemos que Astesiano era parte de una red que falsificaba pasaportes, pero ocurridos antes, cuando lo único sabido era que oficiaba de jefe de custodios del presidente y su familia.
Cuando se despeje esta polvareda, quedará muy poco.
Sin duda, es clara la conexión de Astesiano con esta banda. Lo demás parece ser ruido hecho con la intención de horadar la fuerte imagen del presidente. Para liquidarlo, como parece ser la intención, hay que recurrir a artillería cada vez más pesada porque por ahora, podrá estar malherido pero no vencido.
En este contexto llamó la atención la designación del nuevo subsecretario de Relaciones Exteriores, tras la precipitada renuncia de Carolina Ache.
No es la persona elegida lo cuestionable. Al contrario, Nicolas Albertoni muestra excelentes credenciales. No viene del mundo de la diplomacia, pero sí es un minucioso analista de la política exterior.
Se licenció en la Universidad Católica, hizo una maestría en la prestigiosa Universidad de Georgetown en Estados Unidos y otra maestría y un doctorado en la University of Southern California, así como un segundo doctorado en la Universidad Católica Argentina. Publicó varios libros, de muy buen nivel, sobre la necesidad de que Uruguay se abra al mundo. Creo haber leído todos y me consta de que reflejan una minuciosa investigación y un lúcido pensamiento de alguien muy capacitado.
Lo llamativo es como fue designado. Antes que alguien dijera algo, Adrián Peña salió al ruedo anunciado al sustituto. El dirigente de un sector del Partido Colorado ya tenía todo decidido.
Es probable que el presidente esté de acuerdo con esta designación dadas las credenciales de Albertoni y la sintonía entre ambos con la política aperturista. Pero aún tratándose de un gobierno de coalición, el que designa a los ministros y subsecretarios es el presidente, no el jefe de un sector que ni siquiera debe ser el único dueño de la política exterior de todo un gobierno.
El gobierno está compuesto por una coalición de cinco partidos y es natural que haya una distribución de funciones de acuerdo a la representatividad de cada grupo. Esto ya ocurría en tiempos del Frente Amplio, donde el presidente hacía las designaciones de acuerdo a esa proporcionalidad. Sin duda, consultaba con cada sector y hasta es probable que recibiera presiones para lograr designaciones favorables. Pero la decisión final y el anuncio estaba en manos del presidente.
Las formas importan, y mucho. Un gobierno, aún más si es una coalición, debe actuar según reglas básicas de convivencia política si esa coalición quiere funcionar.
Por más fuerte que sea Peña como socio de la coalición (si es que lo es), no tiene ninguna potestad para nombrar ministros o subsecretarios. La Constitución al respecto es clara: “El presidente de la República adjudicará los ministerios entre ciudadanos que, por contar con apoyo parlamentario, aseguren su permanencia en el cargo”.
Al necesitar apoyo parlamentario (ahora dado por la Coalición) el ministro o subsecretario no puede ser asignado por mero capricho presidencial. Ahí importa el rol de Peña, en el sentido de que deberá reunirse con el presidente, recordarle que en aras de la coalición, le interesa mantener ese cargo para su grupo y proponer su candidato. Si el presidente considera que es un buen nombre y si entiende que coordinará fluidamente con quien ya se desempeña como ministro, entonces el y no Peña, lo hará público. El cargo no es propiedad de Peña.
Alguno pensará que como el gobierno se ejerce gracias a una coalición, mi argumento es un mero formulismo. No es así, lo formal es la garantía para que un gobierno funcione con eficacia y criterios sólidos.
Dicho esto, sigo pensando (y ojalá los hechos lo demuestren) que el candidato propuesto reúne las condiciones para el cargo y cumplirá una función crucial en la estrategia de apertura comercial que quiere promover este gobierno.