Hay violencias que no dejan hematomas, heridas ni cicatrices visibles. El abuso sexual infantil es una de las vulneraciones más graves de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, todavía persisten creencias que dificultan su identificación: que necesariamente debe existir penetración, que siempre deja lesiones físicas, que las víctimas pueden reconocer inmediatamente lo sucedido o que, si no lo cuentan, es porque no ocurrió.
A pocos días del 19 de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, conversé con Josefina Dospital, abogada especializada en violencia sexual infantil (M.P. 3141), sobre aspectos legales fundamentales para el desarrollo de esta columna, gracias a su experiencia en el abordaje jurídico de casos de abuso sexual infantil.
Una investigación publicada por Unicef Uruguay en mayo de 2026 reveló que el 29% de las personas jóvenes encuestadas, de entre 18 y 24 años, reportó haber atravesado alguna situación de abuso o explotación sexual antes de cumplir los 18 años. Al analizar específicamente el abuso sexual, el 30% de las mujeres declaró haberlo experimentado durante su infancia o adolescencia, frente al 9% de los varones. Se trata de una encuesta retrospectiva que ofrece una aproximación al problema, no de una medición definitiva de su prevalencia nacional.
Otro dato que resulta especialmente significativo nos muestra que tres de cada cuatro personas que reportaron abuso sexual identificaron como responsable a un adulto de su entorno cercano. Esto nos obliga a revisar una de las representaciones más instaladas: la idea de que el peligro siempre proviene de un desconocido.
El abuso no siempre deja marcas físicas, pero siempre vulnera derechos
Cuando hablamos de abuso sexual infantil no nos referimos exclusivamente a situaciones de penetración. La violencia sexual puede manifestarse mediante tocamientos, imposición de prácticas sexuales, exposición a material pornográfico, exhibicionismo, coerción o explotación sexual, incluso a través de entornos digitales.
El consentimiento debe ser libre e informado. Esto implica comprender la naturaleza del acto, sus consecuencias y disponer de la libertad necesaria para decidir, sin coerción ni manipulación. Durante la infancia, el desarrollo cognitivo y emocional, las relaciones de dependencia y las asimetrías de poder requieren una protección jurídica particular.
En Uruguay, el artículo 272 bis del Código Penal contempla el abuso sexual mediante intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenazas u otras circunstancias coercitivas. También establece una presunción de violencia cuando el acto sexual involucra a una persona menor de 15 años, con una excepción legal específica para determinadas relaciones consensuadas entre personas de edades próximas. Desde la perspectiva jurídica, la abogada Dospital destaca la importancia de comprender las dinámicas particulares de estos delitos, especialmente las relaciones asimétricas de poder.
El abuso sexual infantil no distingue clases sociales. Puede producirse en cualquier contexto económico, educativo o cultural. En muchos casos, quien agrede utiliza una posición de autoridad, confianza o dependencia para manipular, imponer secretos o presentar la situación como una demostración de afecto o un juego.
No siempre es necesaria la fuerza física. El sometimiento también puede construirse mediante amenazas, recompensas, manipulación emocional o el temor a perder el cariño de alguien significativo. Esta realidad nos obliga a abandonar la imagen estereotipada del agresor como una persona desconocida y a reconocer que las vulneraciones también pueden ocurrir dentro de los espacios donde un niño debería sentirse más seguro.
La víctima no es culpable
Durante generaciones escuchamos frases que intentan justificar la violencia sexual: “Mirá cómo estaba vestida”, “Había tomado alcohol”, “Lo provocó” o “Los hombres tienen un instinto sexual que no pueden controlar”. Estos discursos trasladan la responsabilidad de quien ejerce la violencia hacia quien la padece. Ninguna vestimenta, conducta, expresión corporal o circunstancia personal constituye una autorización para vulnerar el cuerpo de otra persona. Tampoco el consumo de alcohol u otras sustancias por parte del agresor justifica una agresión.
Desde la sexología es fundamental distinguir entre deseo, excitación y comportamiento. Experimentar deseo no significa tener derecho a actuar sobre el cuerpo ajeno. La idea de un supuesto “instinto animal masculino” que vuelve inevitable la agresión sexual constituye un mito que contribuye a naturalizar la violencia y a quitarle responsabilidad a quienes la ejercen.
En el abuso sexual infantil, estos prejuicios adquieren una gravedad todavía mayor. La curiosidad propia del desarrollo, la búsqueda de afecto, la confianza depositada en un adulto o la incapacidad de comprender lo que está sucediendo jamás convierten a un niño o una niña en responsable de una situación abusiva.
Existe, además, otra forma de culpa que pocas veces se menciona y que puede acompañar durante años a quienes atravesaron situaciones de abuso sexual: la culpa por haber experimentado alguna sensación de placer o excitación durante lo sucedido. El cuerpo humano puede presentar respuestas fisiológicas involuntarias frente a determinados estímulos, incluso en situaciones de miedo, coerción o violencia. La lubricación genital, la erección e incluso el orgasmo pueden producirse sin que exista deseo, aceptación o consentimiento.
Estas respuestas no significan que la persona haya querido participar, que haya disfrutado de la situación en su conjunto ni que sea responsable de lo ocurrido. Son fenómenos fisiológicos que no necesariamente coinciden con la experiencia emocional, la voluntad o el deseo. Durante la infancia, cuando todavía se están desarrollando las herramientas cognitivas y emocionales para comprender la sexualidad, esta contradicción puede resultar especialmente difícil de interpretar. Algunas víctimas pueden llegar a preguntarse si su cuerpo respondió porque, de alguna manera, quería lo que estaba sucediendo.
Es fundamental desarmar esa interpretación. Una respuesta corporal no es una decisión. La excitación no equivale al consentimiento y el placer físico no transforma una situación abusiva en una experiencia consentida. Comprender esta diferencia puede ayudar a aliviar sentimientos de culpa y vergüenza que, en ocasiones, dificultan hablar de lo sucedido o buscar acompañamiento profesional. Estas respuestas no ocurren en todas las víctimas y su presencia o ausencia no determina si existió abuso. La responsabilidad de una agresión sexual nunca pertenece a quien la sufrió, independientemente de cómo haya reaccionado su cuerpo.
Aprender a nombrar
Ponerle nombre al cuerpo también es una forma de protección. Como educadora sexual, considero fundamental que desde edades tempranas enseñemos a nuestros hijos e hijas a reconocer su cuerpo y nombrar correctamente sus partes íntimas. Todavía existen familias donde palabras como vulva, vagina, pene, testículos o ano generan incomodidad, vergüenza o son reemplazadas sistemáticamente por apodos y expresiones ambiguas.
La educación sexual integral (ESI) cumple un papel esencial en la prevención. Enseñar a reconocer las partes del cuerpo, comprender qué significa la intimidad, identificar situaciones que generan incomodidad y saber que siempre pueden recurrir a un adulto de confianza no significa adelantar experiencias sexuales ni quitarles su inocencia. Significa brindarles herramientas para conocer su cuerpo, reconocer sus derechos y comunicar lo que les sucede.
La educación sexual comienza mucho antes de la adolescencia. Se construye en conversaciones cotidianas, cuando respetamos que un niño no quiera dar un beso o un abrazo, cuando le enseñamos que su cuerpo merece respeto y cuando respondemos sus preguntas sin vergüenza.
Desde la perspectiva jurídica, Dospital explica que algunos agresores presentan conductas abusivas como juegos, muestras de afecto o secretos compartidos. En estas circunstancias, un niño puede no comprender que se está vulnerando su intimidad corporal. Las dificultades para identificar y nombrar las partes del cuerpo involucradas pueden complejizar la comunicación de lo sucedido y la reconstrucción del relato durante una investigación judicial.
Esto no significa que un niño necesite utilizar términos anatómicos precisos para que su testimonio tenga valor. Los relatos infantiles deben ser evaluados por profesionales capacitados, considerando la edad, el desarrollo y las posibilidades de expresión de cada niño. La falta de vocabulario específico nunca debe utilizarse para desacreditar su palabra.
Por eso, la educación sexual y la protección jurídica no son dimensiones aisladas. Mientras la primera brinda herramientas para conocer el cuerpo y reconocer los propios derechos, la segunda debe garantizar que, ante una vulneración, existan procedimientos adecuados para escuchar, investigar y proteger sin revictimizar.
Romper el silencio también es una responsabilidad adulta
El abuso sexual infantil es un delito que, con frecuencia, permanece oculto detrás de puertas cerradas, atravesado por secretos, miedo, vergüenza y relaciones de dependencia. Poner en palabras lo sucedido puede representar un proceso profundamente complejo. A veces no se trata solamente de contar una experiencia, sino de poder reconocerla como una vulneración de derechos.
Dospital entiende que nombrar estas violencias también tiene una dimensión social: cuando dejamos de tratarlas como un tabú, contribuimos a que otras personas puedan identificar situaciones que hasta entonces no sabían cómo expresar. Nombrar el abuso sexual infantil no significa exigir que las víctimas expongan sus historias, sino construir una sociedad donde ninguna persona sienta que debe atravesarlas en soledad o con vergüenza.
Quizás el verdadero desafío no sea solamente enseñarles a las infancias a reconocer cuándo alguien vulnera sus derechos, sino preguntarnos qué hacemos nosotros, como adultos, cuando esas vulneraciones ocurren. Porque la protección de las infancias no comienza cuando un niño logra contar lo que le pasó. Comienza mucho antes: cuando los adultos asumimos la responsabilidad de educar, respetar, escuchar y actuar.
Qué hacer ante un caso de abuso sexual infantil
En Uruguay, el Código de la Niñez y la Adolescencia reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, cuya integridad personal, intimidad y dignidad deben ser respetadas. La legislación también contempla mecanismos de protección frente a situaciones de violencia sexual y garantías para evitar la revictimización durante las intervenciones institucionales.
El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay dispone de la Línea Azul, a través del 0800 5050 o *5050, para recibir denuncias y brindar orientación frente a situaciones de violencia o vulneración de derechos. Ante un peligro inmediato, corresponde recurrir a los servicios de emergencia.
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