En febrero de 2012 advertíamos el grave retroceso institucional en materia ambiental que significaba para nuestro país, materializar la intención del entonces presidente Mujica, de pasar a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) del Ministerio correspondiente, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que funciona en la órbita de la Presidencia de la República.

En febrero de 2012 advertíamos el grave retroceso institucional en materia ambiental que significaba para nuestro país, materializar la intención del entonces presidente Mujica, de pasar a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) del Ministerio correspondiente, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que funciona en la órbita de la Presidencia de la República.

La decisión se iba a tomar como resultado de la impaciencia del gobierno ante los tiempos que demanda la evaluación técnica de los proyectos presentados -especialmente sus estudios de impacto ambiental- para ser aprobados.

Era obvio que las empresas inversoras presionaban al gobierno y este al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. ¿Cómo saberlo? Tomando en cuenta algunos rimbombantes anuncios públicos, realizados por los más altas autoridades de gobierno, asegurando que los proyectos sí se iban a realizar “una vez aprobados por la Dinama”, o que la Dinama pasaría a la OPP, para ser más ágil en su trabajo. Hasta se anunció la fecha de firma de un acuerdo en el proyecto de megaminería de Valentines, cuando se sabía que faltaba mucho tiempo para que el organismo especializado estuviera en condiciones de dar su opinión técnica al respecto, debido a las demoras de la empresa en la entrega de la información.

El debilitamiento institucional que desde la Presidencia se le provocó a Dinama fue enorme, porque tales intenciones políticas significaban un alarmante retroceso en la valoración ambiental de las actividades en el país. Se menospreciaba uno de los principales mecanismos con que contamos para garantizar la sustentabilidad del desarrollo. El tiempo pasó y cuando todo parecía haber vuelto a la senda del sentido común, el flamante presidente Vázquez reflota la idea y anuncia la creación de una secretaría de cambio climático y ambiente en la OPP.

Si esto se concreta significa que el gobierno subordinará decididamente lo ambiental a lo económico, cuando se espera lo opuesto: cada vez fortalecer más a Dinama para beneficio del país.

Pero ahí no finalizan las malas noticias. De concretarse este nefasto cambio, el gobierno de turno ejercerá un control directo sobre la independencia técnica que debe caracterizar a Dinama para hacer bien su trabajo.

Al mismo tiempo, esta área tan sensible en la toma de decisiones en la vida del país, quedará fuera del control parlamentario. Es algo realmente grave que atenta contra el espíritu republicano pues, el Poder Ejecutivo se libera del contralor del Legislativo; instancia esencial para evitar errores, excesos, abusos y arreglos ilegales. Al estar en la órbita de la Presidencia el primer mandatario dará órdenes directas a los técnicos que deben evaluar objetiva y profesionalmente los proyectos y emprendimientos, tanto estatales como privados.

Significará también un retroceso en materia de acceso a la información, lo que conspirará contra el derecho a la misma que tenemos todos los ciudadanos, y desde luego, a actuar en consecuencia. Lo más asombroso es que el vicepresidente, en un intento de minimizar el anuncio, declaró que hecho el cambio se irá avanzado hacia la creación de un ministerio del ambiente durante los próximos cinco años, algo que ya es.