EDITORIAL

El despeñadero interminable

Un presidente de Ancap que autoriza, sin convocar al Directorio, la adjudicación de una obra por 64 millones de dólares. Los combustibles (todos los combustibles) debían ser rebajados en un 17% y solo se aprobó un 8% para el gasoil. La empresa-país no para en su ataque.

De un tiempo a esta parte, Ancap se ha convertido en epicentro de noticias y comentarios. Lo triste es que este galardón no responde a la concreción de grandes obras que redunden en beneficio del país o aciertos en sus negocios, sino que es una catarata de episodios negativos que parecen no terminar más.

Si algo queda de rescatable en este estropicio, fue la creación y actuación en su momento de una comisión investigadora —votada con notorio malhumor por el oficialismo— que permitió ir conociendo lo ocurrido y poner una barrera para parar la mano, primero, y buscar cambiar el rumbo después.

Fueron 800 millones de dólares que desaparecieron, ¿pero cuántos más hubieran sido si no se instala la investigadora, donde la oposición (sobre todo de la mano de Álvaro Delgado, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres) tuvo acceso y pudo escudriñar en números y actuaciones del ente monopólico, y hacer pública la trama de este boquete gigantesco?

Ahora es el funcionamiento de otra comisión investigadora (la que estudia el tema de la Regasificadora), donde hubo participación también de Ancap, que pone sobre la mesa otro dato preocupante: por decisión única del entonces presidente del organismo José Coya (sucesor de Sendic, que se desempeñó en el cargo entre marzo 2013 a marzo 2016), se adjudicó en febrero de 2014 la obra de interconexión del gasoducto Cruz del Sur con la planta Regasificadora a la polémica empresa brasileña OAS —investigada por corrupción en el escándalo de Odebrecht— por 64 millones de dólares.

Coya alegó razones de "urgencia" para tomar la decisión, que si bien puede respaldarse desde el punto de vista de la legalidad, no es lo normal en el funcionamiento del ente y menos para una licitación y por ese monto. Como dijo el diputado Pablo Abdala, para empezar "esto confirma la predeterminación con la que se actuó en el gobierno para adjudicarle la obra a OAS". Porque la verdad es que no parece que una decisión de este tipo haya sido tomada solo por Coya y sin ningún respaldo.

Pero hay más sobre Ancap, "la empresa-país de los uruguayos":

—El gobierno anunció la rebaja del precio del gasoil en un 8%, unos $ 3,30. Solo del gasoil y nada para los demás combustibles que habían sido aumentados en ese porcentaje a principios de año con el argumento de que el precio internacional del petróleo era de US$ 56 el barril y el dólar cotizaba a $ 30,6. Ahora el panorama es de US$ 49 el barril y $ 29 el dólar.

El senador Álvaro Delgado fue categórico: "Solo por la diferencia de precio con petróleo y dólar se podría bajar ocho pesos". El cálculo de Delgado es el correcto porque la conjunción de los dos factores arroja que la disminución debió ser de 17% para todos los combustibles, pero el tema es que el gobierno quiere seguir haciendo caja para su clientelismo a costilla de los bolsillos ciudadanos.

El año pasado, con la simple y vil estrategia de trampear la paramétrica, Ancap se recaudó US$ 70 millones extras por vender la nafta más cara de la región. Y ahora sigue en la misma línea: una esmirriada rebaja y solo para el gasoil. El resto, que aguante la posición dominante del monopolio y pague lo que a éste se le antoje.

—"Hoy es sin dudas el día más triste de mi militancia en la histórica Federación Ancap", fue el comentario del secretario general del sindicato tras la asamblea que levantó el paro ante la amenaza de esencialidad en el suministro de combustible decretada por el gobierno. Se olvidó decir que los "principios que iluminaban" ese paro eran los privilegios en materia de servicios de salud de los funcionarios de Ancap, que los ponían por fuera y por arriba de los demás ciudadanos. Y también se le olvidó decir que los propietarios de unos 900.000 automóviles y unas 1.100.000 motos festejaron.

—Ernesto Talvi, director de Ceres, disertó el pasado miércoles e hizo referencia a que UTE y Ancap tienen un "sobreprecio" en sus tarifas que asciende a 450 millones de dólares al año para contribuir a las arcas públicas y así ayudar a bajar el déficit. Si este requerimiento no existiera, las tarifas eléctricas podrían bajar 15% y el precio de los combustibles 10%. Pero no, también hay que cubrir otros agujeros que llegan desde el Fondes.

Su conclusión final fue que "seguimos poniéndole impuestos a una economía que no lo resiste más".

Así vamos.

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