Quedó embarazada y debió dejar la Escuela Aeronáutica; a partir de su caso cambiará la normativa.

El embarazo de la soldado Mariana Croz marcará un antes y un después en la reglamentación de las escuelas militares del Uruguay. Un año de lucha en diversas trincheras del Estado dio frutos, y empuja al Ministerio de Defensa a modificar las rígidas normativas para erradicar toda discriminación hacia la mujer. En las Fuerzas Armadas se desempeñan actualmente 5.000 mujeres.

Croz cursó tres años en la Escuela Militar Aeronáutica y estaba a punto de egresar con el grado de alférez cuando en junio de 2015 fue obligada a pedir la baja. Tenía 37 semanas de embarazo y el reglamento interno de la institución es inflexible. "Para el ingreso al curso preparatorio es necesario: …ser soltero/a sin descendencia cierta o esperada, debiendo mantener esta situación hasta egresar del instituto…", sostiene el artículo 4º del decreto 470 del año 2007 que reglamenta las condiciones de ingreso a la institución.

Tras dar a luz y transcurrido el período de lactancia, Croz, que pasó a desempeñarse como soldado en la Fuerza Aérea, solicitó el reingreso a la Escuela y la recomposición de su carrera. Pretendía terminar los estudios en los que había invertido tres años de su vida. En diciembre del año pasado, la Fuerza Aérea le negó el retorno a la Escuela. Sería "ilegal", resolvió.

Ese día comenzó un largo peregrinar por diversas reparticiones del Estado. A partir de su caso, la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda forma de Discriminación, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, planteó la necesidad de revisar toda la normativa que rige las escuelas militares para "erradicar obstáculos y promover acciones tendientes a garantizar el respeto de los principios de igualdad y no discriminación".

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo también recomendó revisar la normativa vigente a partir de su caso.

Pero los departamentos jurídicos del Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea insistieron en que la baja era necesaria a la luz de lo que impone el decreto 470, y que de no haberla pedido Croz de forma voluntaria, la Fuerza Aérea la habría desvinculado por estar embarazada. Para ambos, la situación había sido bien resuelta. Frente a ese dilema, el Ministerio de Defensa dio intervención a la Fiscalía de Gobierno de Segundo Turno para que orientara una solución definitiva. Hace diez días, la fiscal Myriam Areosa se pronunció y Croz ganó su primera batalla.

El pasado miércoles, ante la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, el flamante ministro Jorge Menéndez, informó que la Fiscalía de Gobierno recomendó que se realice "a la mayor brevedad" la revisión de la normativa en materia de educación militar, la derogación de la disposición que prohíbe embarazarse a las alumnas y la adecuación de la reglamentación en todas las carreras militares para evitar aspectos discriminatorios.

No obstante, el pedido de Croz para volver a estudiar no podrá ser atendido hasta tanto se modifique la reglamentación. Defensa formó un grupo de trabajo para proceder en esa dirección. El director de Formación Militar, Ignacio Caggiani, dijo que se revisará la normativa para "acompasar la evolución que ha tenido la protección de los derechos, específicamente de las mujeres" en las tres escuelas de formación de oficiales. El grupo de trabajo revisa los tratados internacionales a los que ha adherido el Estado uruguayo en materia de políticas de género y discriminación, y la legislación de otros países.

Según informó la adscripta a la dirección general del Ministerio, Josefina Nogueira, el fallo de Areosa también encomendó "justipreciar las condiciones en que se realizaron los últimos cursos (por parte de Croz), especialmente las prácticas físicas y aeronáuticas, a fin de valorar si existió una eventual condescendencia con la gravidez, que determinaría la necesidad de reiterar algunos de los cursos y evaluar desde el punto de vista psicotécnico a efectos de que al egreso de la institución se garantice la capacidad y competencia para la obtención del grado de Alférez Navegante".

También se planteó la necesidad de iniciar una investigación administrativa "tendiente a determinar la existencia de actos irregulares e individualizar responsables por acción u omisión, investigándose el grado de conocimiento y connivencia sobre el embarazo o la incapacidad para reconocer la situación, que puso en riesgo la salud de la interesada".

En sus descargos frente a la decisión de la Fuerza Aérea, Croz dijo ser "discriminada" al ser privada de un derecho fundamental como lo es la educación por el hecho de haber quedado embarazada. La comisión contra la discriminación del Ministerio de Educación consideró que las disposiciones de las escuelas militares violan los tratados internacionales a los que Uruguay adhirió, y violan los principios de igualdad, dado que mientras "un hombre puede ocultar su condición de padre", una mujer no puede esconder su condición de gravidez en el aula.

EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOSGONZALO TERRA