Según fiscal, embarcaciones costaron el doble que las de UPM.

La construcción de dos barcazas y de un remolcador por parte de la Armada para Ancap estuvo cargada de inconvenientes. El plazo de construcción de los buques comenzó en marzo de 2009 y tenía una duración de 15 meses. Sin embargo, la Armada entregó la primer barcaza en noviembre de 2010 cuando ya había vencido totalmente el cronograma de obras de las barcazas y el remolcador.

La segunda barcaza se entregó en julio de 2011 con 21 meses de atraso, según declaró el martes 8 el jefe de Operaciones Marítimas de Ancap, Ricardo Lémez, a la Justicia Especializada en Crimen Organizado.

En ese momento, el remolcador Ky Chororó tenía apenas un 60% de obra concretada. Dos años más tarde, cuando Ancap consideró que el atraso en la construcción del remolcador era irrecuperable, entregó a la Armada una lista de 60 observaciones. Entre ellas se encontraban que el revestimiento térmico en el interior del casco era una goma espuma pegada con cemento de contacto totalmente inflamable y problemas acústicos importantes.

"Por ejemplo, en la cubierta del barco no se escuchaban las órdenes emitidas por un parlante, o sea, que si se prendía la máquina del barco, no se escuchaban las órdenes del puente de mando y las habitaciones estaban muy por arriba en lo que respecta a la sonorización", dijo Lémez.

Finalmente, la Armada entregó el remolcador a Ancap luego de otorgarle una matrícula provisoria.

El lunes 7, el gerente de Logística de Ancap, Eduardo Lurner, explicó a la jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu y al fiscal especializado Luis Pacheco que el ente decidió la construcción de las barcazas y del empujador porque el buque Ancap N° 9 "estaba viejo" y "no tenía capacidad suficiente" para abastecer de combustible a cinco plantas del organismo estatal ubicadas en Montevideo, Treinta y Tres, Durazno, Colonia y Paysandú. "Cuando no es fluvial, la alternativa de abastecimiento para dichas plantas es terrestre, con costos mucho más onerosos", dijo el jerarca de Ancap.

Fiscal Pacheco: Se denuncia que las barcazas construidas para Ancap costaron el doble de las hechas hace unos años para UPM (ex Botnia).

Lurner: Sabía que la Armada había construido barcazas para UPM. Pero desconozco el proyecto de las barcazas de UPM, el tamaño, el precio, etc. Pero no se puede comparar una barcaza de combustible, que tiene ciertas características con una barcaza que debe ser tolva para transportar celulosa a granel.

En otro pasaje de su declaración, Lurner se refirió a los remolcadores arrendados (Nautimil) por Ancap para trasladar las dos barcazas cargadas de combustible por el Río de la Plata y Río Uruguay. El costo de ese arrendamiento durante casi cuatro años fue de US$ 5 millones. Entre tanto, se construía el Ky Chororó.

Lurner dijo que recibió por parte del gerente de Servicios Jurídicos de Ancap una denuncia verbal de que la empresa arrendadora de remolcadores Nautimil "hacía una maniobra" con combustible.

El gerente de Logística ordenó una investigación de urgencia y posteriormente una investigación administrativa que terminó en una denuncia penal contra Nautimil por supuesta apropiación de combustible que cargaban las barcazas hacia plantas de Ancap.

Rubén Varela, dueño de Nautimil, negó las acusaciones.

Kios, una empresa de remolcadores rival de Nautimil, le inició un juicio civil a Ancap por considerar que el ente siempre favorecía a su competencia. "Habiendo aprendido nosotros cómo cotizar y habiendo debatido (con el ente) los términos de la experiencia en remolcadores, iniciamos acciones en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra Ancap", declaró en el juzgado el director de Kios, Fernando Capurro.

Ancap perdió en primera y segunda instancia. El expediente está a estudio de la Corte.

Carboclor, la petroquímica propiedad en un 74% de Ancap que funciona en Argentina, sigue con muy malos resultados. Ancap, además, no ha encontrado interesados en comprarla. El resto de las acciones de Carboclor cotiza en la bolsa de Buenos Aires.

Un comunicado de la empresa pública informó ayer que en la primera mitad del año la empresa perdió US$ 26,5 millones.

Uno de los rubros que más afectan el resultado de Carboclor fueron las provisiones destinadas a pagar los despidos de 137 empleados (aproximadamente US$ 10,7 millones). Otros US$ 5,4 millones se explican por la contabilización a la baja de los activos de la petroquímica y otros US$ 4 millones derivan de provisión para obsolescencia de inventario y para cierre de plantas.

Ancap había pedido el concurso de Carboclor a fines del año pasado. En ese momento, la petrolera estatal explicó que la firma había tenido pérdidas desde el ejercicio 2013 y un patrimonio neto negativo.

El directorio decidió entonces cerrar las plantas de solventes oxigenados y aromáticos que funcionan a las orillas del río Paraná para "concentrarse en el negocio de almacenaje y logística asociado a la terminal portuaria", explicó el comunicado. Esa terminal funciona en el puerto de Campana.

Carboclor funciona desde 1960. Desde 2003 es propiedad mayoritariamente de Ancap. En febrero Ancap vendió el 20% de la empresa PetroUruguay S.A., su filial en Argentina, por US$ 18 millones,

JUICIO SOBRE ANCAP