El contraataque de Julio Iglesias tras el archivo de la denuncia de acoso: sospechan "compra de testigos"

Redacción El País
El archivo de la denuncia por presunto abuso sexual contra Julio Iglesias por parte de la Fiscalía española podría no ser el cierre definitivo del caso, sino el inicio de un nuevo capítulo. Según informó el medio español OkDiario, el entorno del cantante de 82 años asegura haber reunido “pruebas y testigos” que indicarían que se ofreció dinero a varias exempleadas para que declararan en su contra.

De acuerdo con esas fuentes, hay investigaciones en curso que buscan determinar el origen de esos presuntos pagos y establecer quiénes habrían estado detrás de las supuestas maniobras. El objetivo, señalan, es que sea la Justicia la que determine la veracidad de los hechos y, en caso de confirmarse, depure responsabilidades.

De comprobarse, se trataría de un posible caso de compra de testigos, lo que afectaría directamente la credibilidad de las acusaciones.

Fuentes cercanas a Iglesias sostienen que existen testigos directos de esas ofertas económicas, entre ellos profesionales del periodismo que habrían tomado conocimiento de la situación. “Hay constancia de ofrecimientos de dinero y hay testigos de ello”, afirman desde su entorno en el informe publicado por OkDiario.

En paralelo, el cantante evalúa emprender acciones legales no solo contra las denunciantes, sino también contra quienes pudieran haber impulsado una eventual trama de sobornos. La estrategia, explican las fuentes, pasa por reunir toda la documentación antes de avanzar judicialmente.

Foto: AFP.

El viernes, la Fiscalía española archivó la denuncia al declararse incompetente por razones territoriales, al considerar que los presuntos hechos no habrían ocurrido en España, sino en República Dominicana. La decisión se adoptó luego de interrogar a las denunciantes a inicios de enero, en actuaciones que, según el entorno del artista, se realizaron sin la presencia de su defensa, cuya personación había sido rechazada.

Desde el entorno de Iglesias sostienen que el archivo respondió a la falta de solidez" de los testimonios recabados durante esas declaraciones, en contraste con los relatos difundidos previamente en una investigación periodística publicada por eldiario.es y Univisión Noticias.

Según se informó el martes, la denuncia presentada en España por acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas —una trabajadora doméstica y una fisioterapeuta— podría ahora trasladarse a los tribunales dominicanos. Así lo señalaron abogados consultados por la agencia EFE, quienes coincidieron en que los hechos denunciados habrían ocurrido en la residencia del cantante en Punta Cana.

“El caso es competencia de la República Dominicana y no de España”, explicó a EFE el jurista y académico dominicano Cándido Simón, quien consideró correcta la decisión de la Fiscalía española, ya que la legislación exige una conexión material con España que, en este caso, no se cumple.

Las denunciantes aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes y registros de llamadas para respaldar sus acusaciones. Sin embargo, el abogado penalista dominicano René del Rosario advirtió que el caso tendría “pocas posibilidades” de prosperar en su país debido a la dificultad de obtener pruebas científicas que confirmen hechos ocurridos en 2021. “En este tipo de causas, aun sin el perfil mediático de Julio Iglesias, muchas veces la acción no prospera”, señaló.

Iglesias negó públicamente las acusaciones y aseguró que nunca “ha abusado, coaccionado ni faltado al respeto a ninguna mujer”. A su vez compartió capturas de WhatsApp de las denunciantes y reveló sus verdaderas identidades, que fueron modificadas en el informe de eldiario.es y Univisión para proteger su integridad.

Las denunciantes, representadas por la organización Women’s Link Worldwide, fueron reconocidas como testigos protegidos el pasado 16 de enero. Aunque Iglesias posee la nacionalidad dominicana y una de las denunciantes también, hasta el momento las autoridades locales no iniciaron actuaciones de oficio.

Mientras tanto, el foco del caso se desplaza: de la denuncia original archivada en España a una nueva línea de investigación que podría redefinir el alcance judicial y mediático de una causa que sigue abierta en más de un frente.