A José Carlos Reyes le alcanza con una respuesta. No pide demasiado: quiere saber si ese humo que algunas mañanas frías bajaba desde la chimenea de la fábrica Dirox, en San José, y se instalaba en el alero de su casa, donde cuelga la ropa y juegan sus hijos, es o no contaminante. “¿Nos va a enfermar? ¿Cuáles son las consecuencias para los humanos? Porque vemos cómo los alambres y las chapas se oxidan mucho más rápido de lo habitual”, plantea.
Tiene 37 años, dos niños que van a la escuela rural Nº 35 de Tropa Vieja, y toda una vida sobre la misma tierra: vio nacer la planta industrial química y las polémicas que la rodearon desde sus primeros años de actividad. “Tienen que darnos la información. ¿Qué hago esos días con humo: usamos tapabocas o agarramos a los gurises y nos vamos? Porque no sé qué estoy respirando”, dice tras años de incertidumbre y más de una decena de consultas y denuncias ante las autoridades ambientales. Y antes que él estuvo su padre, José María Reyes, de 62 años, que fue una de las caras visibles de los reclamos medioambientales contra Dirox que comenzaron allá por el 2003.
Pegado a su campo, tras pasar un fuerte alambre que divide los predios, está la planta de la industria química Dirox. La empresa, originalmente vinculada a capitales italianos del grupo Stoppani, luego adquirida por inversionistas rusos, se dedica a la producción de sulfato de cromo líquido, taninos sintéticos y vitamina K3. Funciona desde 1996 en la Ruta 1 en el kilómetro 48 en San José, a unos dos kilómetros de la ciudad de Libertad y sobre el acuífero Raigón.
Hoy la actividad está prácticamente parada. La planta se encuentra sin actividad productiva desde fines del año pasado “en el marco de un proceso de ordenamiento y evaluación de alternativas”, respondió la empresa a El País. Se hacen tareas mínimas de mantenimiento, y nada más, aseguraron. Y remitieron a la síndica del proceso de concurso de acreedores. La contadora Alicia Carlevaro dice que “los directores, que eran extranjeros, dejaron de responder, no daban directivas al personal y abandonaron la empresa”.
Desde el principio Dirox tuvo una relación tensa con los productores rurales y vecinos de la zona, e incluso con sus propios trabajadores, en su mayoría locatarios. Hubo movilizaciones que llegaron a ocupar kilómetros de la Ruta 1 con tractores, carteles que rechazaban su instalación y denuncias de contaminación que se sostuvieron en el tiempo.
La controversia escaló a nivel nacional y llegó a la Justicia en 2002, con una demanda que cuestionaba los posibles efectos ambientales de la actividad de la empresa. Pero el reclamo fue descartado en primera y en segunda instancia y luego, cuando se presentó un recurso de casación, los tribunales desestimaron la demanda al entender que no se logró probar la existencia de un daño ambiental ni contaminación en el acuífero Raigón atribuible a Dirox. Además, el tribunal de apelaciones que actuó en el caso dejó establecido un criterio que marcó el caso: “No toda degradación ambiental es antijurídica”, sino que existen niveles de afectación considerados admisibles según los estándares vigentes.
Después, en 2009, los recursos presentados por el fallecido fiscal Enrique Viana ante la Suprema Corte de Justicia no prosperaron, cerrando así el frente judicial.
El núcleo del conflicto no es menor. Se trata de una industria química que importa materia prima -principalmente desde Rusia- para procesarla y exportarla luego en forma de vitamina K3, un aditivo utilizado en la alimentación animal intensiva. Para quienes viven alrededor, la pregunta se mantiene intacta desde hace décadas: qué queda, mientras tanto, en el aire, en el suelo y en el agua.
La fábrica por dentro: 1.800 toneladas de residuos tóxicos
A lo largo de los años la empresa enfrentó múltiples denuncias e inspecciones para controlar su manejo de materiales altamente tóxicos y residuos peligrosos, especialmente vinculados a procesos con cromo. En particular, el uso de cromo hexavalente aparece en el centro de las preocupaciones. Se trata de un metal pesado clasificado como cancerígeno por organismos internacionales, cuya exposición puede provocar desde lesiones cutáneas y problemas respiratorios hasta, en casos prolongados, enfermedades de mayor gravedad como cáncer de pulmón.
Ahora, con las actividades de la planta es suspenso, la sospecha de contaminación volvió entre los vecinos. En la zona lo que inquieta es qué pasa con los residuos tóxicos que permanecen dentro del predio.
Consultada para este informe, la empresa dijo que “se mantienen las tareas habituales de control ambiental” y que los materiales se gestionan “conforme a la normativa vigente”.
El asunto está bajo seguimiento del Ministerio de Ambiente, que el pasado 14 de abril realizó una nueva inspección.
Durante esa visita los equipos técnicos tomaron muestras de suelo en los cuatro puntos que ya habían sido analizados anteriormente y sumaron otros cuatro en áreas sensibles -como la descarga de pluviales y cunetas-, para evaluar un eventual arrastre de contaminantes fuera del predio. Se constató la presencia de tanques de contención con líquidos que deberían ser gestionados: en condiciones normales de operación, esos materiales se recirculan dentro del proceso productivo, pero en el escenario actual requieren almacenamiento y disposición controlada.
Los inspectores detectaron además deterioros en el techo de uno de los galpones y en sectores laterales de la infraestructura. Si bien no se identificó un riesgo inminente, se exhortó a mantener el seguimiento y reforzar las tareas de mantenimiento.
El futuro de esos pasivos ambientales queda ahora atado al destino de la empresa: si aparece un inversor que retome la actividad o si, por el contrario, se avanza hacia un cierre definitivo. En ese contexto, dentro del predio permanecen unas 1.800 toneladas de residuos industriales. La cifra fue informada por el semanario La Semana, a partir de un pedido de acceso a la información pública que el medio Libertad realizó.
Según datos de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), parte de esos residuos se remonta incluso a 2002. Se trata de materiales asociados históricamente a procesos con cromo, incluido cromo hexavalente.
Volvamos entonces a Juan Carlos Reyes, el vecino preocupado. El abandono en torno a la planta química dejó galpones abiertos y áreas sin control.
El cerco perimetral está roto, con tramos caídos sobre el suelo, lo que facilitó la aparición de intrusos. “La semana pasada tuvimos que llamar porque andaba uno caminando por acá. Y anoche la Policía agarró a otro adentro de los galpones”, cuenta Reyes. Dice que entran “a rastrillar”, a ver qué pueden llevarse, aprovechando la falta de actividad.
Incluso, agrega, en paralelo se registró un robo en la escuela rural cercana, la misma a la que él fue y a la que ahora van sus hijos.
Desde su casa, ubicada a pocos metros de la chimenea central de la fábrica, ha visto durante años cómo el humo cambia de color y de olor. “A veces es medio amarronado, con un olor ácido, raro. No lo sé describir”, dice. Consultó, preguntó, hizo denuncias. Nunca obtuvo una respuesta concluyente.
Reyes no habla desde la confrontación, sino desde la duda. La misma que lo llevó, junto a su pareja, a empezar a golpear puertas cada vez que el aire se volvía irrespirable. “No somos químicos, no sabemos. Pero algo estamos respirando y no es vapor de agua”, resume. Por ahora hay una tranquilidad dudosa, “con vecinos así estamos tranquilos, no hay humo al menos. Lo lamento por las personas que se están quedando sin el laburo, pero nosotros queremos que esto siga quieto, y si vuelven vamos a empezar a reclamar hasta que nos digan algo certero”, dice Juan Carlos.
Que no solo él se cuestiona a diario seguir en esas hectáreas de campo en las que se crió. “Mi hermano siempre me dice, andate de ahí”, cuenta, pero es que ahí tiene su negocio familiar, es reconocido en la zona por hacer horno de barro para cocinar.
“Los echaron de Italia por un derrame”
Los orígenes de Dirox se vinculan a capitales italianos, en particular al grupo Stoppani. Uno de los episodios más críticos asociados a esa empresa ocurrió en su planta de Génova, donde entre 1918 y 1982 se vertieron cerca de un millón de toneladas de residuos con cromo hexavalente en el mar, afectando una extensa área costera.
La industria que está en suspenso
En medio del proceso concursal que atraviesa, el sindicato está esperando con cautela la apertura de sobres prevista para el próximo 12 de mayo, cuando se conocerá si existen inversores interesados en continuar con la empresa. Así lo explica Bernardo González, dirigente sindical y vocero de los trabajadores, quien señala que la decisión apunta a no interferir en un momento que consideran “determinante”. La expectativa está puesta en la posibilidad de que la planta continúe operando como unidad productiva, luego de más de un año de incertidumbre.
La empresa está funcionando a un nivel mínimo, con apenas cuatro trabajadores abocados a tareas de mantenimiento, mientras que unos 60 empleados permanecen en seguro de paro. La situación se vuelve aún más compleja para quienes ya agotaron esa cobertura y aguardan una prórroga que deberá aprobarse por ley en el Parlamento. “Vamos a estar un tiempo sin ingresos, ya que muchos estamos con el subsidio muy reducido”, advierte González.
Además de enfrentarse a los vecinos, la empresa también tuvo conflictos con sus trabajadores, en diferentes momentos. Los reclamos incluían desde la falta de insumos básicos de seguridad para hacer las tareas -botas, guantes- hasta denuncias por las condiciones en las que se operaba.
“Planta ocupada por salud ante la inoperancia de Dirox y de los organismos estatales”, se leía en uno de los carteles colocados en el predio hacia 2005, informó El País en ese momento. La empresa, por su parte, cuestionó la medida y sostuvo que la ocupación era ilegal.
Mientras corren los días, el dirigente sindical espera que se pueda vender la fábrica. El atractivo que presenta la empresa radica en que su producción -especialmente la vitamina K3- tiene mercado. “Todo lo que produce se vende”, afirma. Tal como él lo ve, la crisis que la llevó a suspender la producción tiene que ver con otros factores, como problemas financieros, el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania y los daños ocasionados por un ciclón en 2023.
Adelanta que una vez superada esta etapa, los trabajadores estarán en condiciones de dar su visión sobre el funcionamiento histórico de la planta, incluidos aspectos ambientales que han generado preocupación en la comunidad. Por ahora, insiste, la prioridad es sostener la fuente laboral: “Estamos enfocados en que esto llegue a buen puerto”.
Detrás de esa expectativa, el proceso judicial avanza. La síndica designada, la contadora Carlevaro, explica que la situación se originó en un deterioro financiero significativo. En esas circunstancias la firma intentó una salida alternativa mediante un acuerdo privado de reorganización. Para evaluar su viabilidad, el juzgado dispuso la realización de informes técnicos y designó a Carlevaro en diciembre de 2024. “Mi tarea era analizar si la empresa era viable y si podía cumplir con la propuesta de pago”, explica.
El diagnóstico fue negativo. “La empresa requería una capitalización que los accionistas no hicieron”, sostiene. Paralelamente se exploró la venta de acciones, pero tampoco prosperó. Finalmente, el concurso fue decretado el 20 de noviembre de 2025.
A partir de ese momento se abrió el proceso de verificación de créditos, al mismo tiempo los acreedores solicitaron la liquidación, lo que habilitó el actual mecanismo de venta en bloque de la unidad productiva. La instancia decisiva será el 12 de mayo: las ofertas se presentarán en sobre cerrado y se abrirán ese mismo día a las 15 horas.
“El pliego establece que es una propuesta económica, pero también se evalúan otras condiciones”, explica. Entre ellas un precio mínimo equivalente al 50% del valor de tasación -estimado en unos 7 millones de dólares-, garantías de cumplimiento y experiencia en el sector. Además, se priorizará la conservación de empleo: si la diferencia entre ofertas es menor al 5%, se elegirá la que contemple más cantidad de trabajadores.
En paralelo, uno de los puntos centrales es el pasivo ambiental, que deberá ser asumido por el eventual inversor. “Está evaluado y previsto en la licitación”, señala, con un costo estimado de entre 500.000 dólares y 900.000 dólares.
Las instalaciones de la planta se mantienen hasta que se defina su destino. Pese a la crisis, Carlevaro subraya el valor estratégico del activo: “Es la única planta de vitamina K3 en América”.
La incertidumbre sigue en Libertad
Hoy hay sospechas y reclamos, aunque no vecinos organizados contra la empresa como en otros tiempos. El pico de movilización fue en 2003, cuando productores y habitantes de la zona planteaban que la planta se trasladara a otra región del país, menos productiva. Durante años, la Ruta 1 -entre Libertad y Ciudad del Plata- apareció sembrada de carteles artesanales: bolsas de arpillera blanca pintadas en reuniones colectivas, con consignas como “Cromo = cáncer”, “Dirox = cáncer” o “No vendemos nuestro territorio”.
Daniel Campanella, 71 años, fue una de las voces más activas del 2003 entre los vecinos que se unieron para hacerle frente a la empresa. En un maletín de cuero gastado guarda parte de esa historia: recortes de diarios amarillentos y también informes técnicos de las facultades de Ingeniería, Química y Ciencias, piezas de un expediente que en su momento impulsó el fiscal Enrique Viana.
En 2007, entrevistado en esta sección, Viana -tildado como “el fiscal ecológico” en el informe-, insistió en que la empresa contaminaba y la señaló como un ejemplo de las fallas en el control ambiental del Estado. Casi dos décadas después, sus palabras siguen resonando entre los vecinos de la zona.
“Cuando el Estado gesta inversiones extranjeras y al mismo tiempo es quien tiene que controlarlas, una de las funciones necesariamente falla. Y me inclino a pensar que falla en los controles, porque necesita demasiado esas inversiones”, dijo Viana en aquel momento.
Campanella recuerda que el enfrentamiento se recrudeció y derivó en episodios de violencia. “Hubo balaceras contra casas de productores. Ahí la gente se asustó”, dice. Para él ese fue un punto de inflexión que desarticuló buena parte de la movilización. Se acusaba a los representantes de la empresa en Uruguay de enviar “matones armados” para amedrentar a los vecinos que salían en medios locales y nacionales con información. Además, decían que la empresa siempre buscaba “comprar” a los vecinos y hasta a las organizaciones deportivas y sociales. En fotos de hace 20 años se ve la publicidad de Dirox en las camisetas de los clubes de fútbol locales. Campanella dice que en un primer momento hasta “regalaban palets de madera contaminados con cromo”, que la gente usaba de leña para el asado o para fabricar muebles domésticos.
Eso ya pasó.
Hoy no hay carteles en la ruta ni cortes, pero la incertidumbre permanece. Y las ganas de volver a tener trabajo conviven con las viejas preguntas de antes, que esperan en algún momento tener respuestas.
“No tuvo paz con nadie”
Daniel Campanella habla sin apuro, pero con la memoria cargada. Es apicultor desde hace más de 50 años y conoce el territorio como quien lo camina todos los días. Sus colmenas, dice, estaban “por todos lados”, y ese oficio -explica- fue también una forma de leer lo que pasaba alrededor de la planta de Dirox mucho antes de que el tema se instalara en la agenda pública.
“El conflicto no tuvo paz con nadie”, arranca. Y ubica el origen en la propia instalación de la empresa, a mediados de los años 1990. “Ya en el 95, cuando se empezó a construir, hubo problemas. Trabajadores que denunciaban cuestiones laborales, marchas, contramarchas”, recuerda. Poco después, con la planta en funcionamiento, comenzó lo que para él fue el primer gran punto de quiebre: la circulación de palets contaminados. “Eran palets empapados con cromo hexavalente. La empresa los regalaba, y la gente los usaba para leña, para muebles, para cocinar. Una locura”, dice.
Campanella describe ese período como una mezcla de disputa sanitaria y económica. “Esto fue una guerra en todos los planos: política, mediática y económica”, afirma. La instalación de la planta, en una zona de producción agropecuaria, impactó -según su relato- en el valor de las tierras y en la dinámica local. “¿Quién te va a comprar al lado de eso? Muchas propiedades perdieron valor, gente se fue”, sostiene.
En ese proceso, recuerda, “había inspecciones que se avisaban antes de que llegaran. Parecía una película”, dice. “Tenían que venir de noche para poder hacer los controles sin ser detectados por la empresa”, dice el apicultor.
En paralelo, se acumulaban denuncias por impactos en la salud. “Los médicos del pueblo empezaron a ver casos, enfermedades, gente con quemaduras, alergias. Se empezó a sospechar que había algo más”, dice.
Sin embargo, reconoce que probarlo era difícil: “Te cuestionaban todo, hasta cómo tomabas una muestra de agua”.
En ese contexto, el grupo de vecinos tomó muestras por su cuenta y las envió a analizar a laboratorios de Buenos Aires. Los resultados, asegura, no coincidieron con los que presentaba la empresa.
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