El Ministerio de Salud Pública (MSP) es, junto a las intendencias, la policía sanitaria de Uruguay: la garantía de que lo que la población consume o se pone en la piel no le hará daño. Y hay una dependencia —el Departamento de Alimentos, Cosméticos, Domisanitarios y Otros— que es la encargada de recibir las solicitudes de registro y habilitación de distintos productos. Sin ese permiso, las empresas uruguayas no pueden vender (o al menos no deberían poder vender) lo que producen, sea nacional o importado. El trámite arranca en una oficina de planta baja del histórico edificio de 18 de Julio y en estos momentos está en el centro de una fuerte polémica entre parte del sector empresarial y la cartera.

Hay muchos empresarios irritados. Y las autoridades lo saben.

Son cientos las empresas involucradas de tres sectores distintos: perfumería y cosméticos, alimentos y por último los llamados domisanitarios (o sea, productos de higiene y limpieza).

Otra historia son los medicamentos y la tecnología médica, que también se registran en el MSP y en el primer caso hubo avances en este período, tal cual se detalla aparte en un recuadro.

Foto: Fernando Ponzetto

La molestia empresarial pasa por los costos del registro de los productos, el plazo de la renovación —el trámite debe hacerse sí o sí cada cinco años, aunque no haya cambiado absolutamente nada en la composición— y, sobre todo, las crecientes demoras para que el permiso sea otorgado. Hay algunos productos cuyo trámite permanece trancado más de un año, según denuncian las empresas. Y, mientras tanto, no se puede vender, producir ni importar.

Según supo El País, hace meses que hay negociaciones entre tres cámaras empresariales y el MSP. Hay otros ministerios involucrados, que están al tanto del tema: Industria y Economía. Y se discute con los ingenieros y técnicos nucleados en la Asociación de Profesionales de Asuntos Regulatorios del Uruguay (Aparu), quienes asesoran a las empresas. Su presidente, el ingeniero químico Bruno Baselli, dice a El País que hay “un trancazo terrible” (ver recuadro más abajo).

De telón de fondo, ¿es un problema de burocracia estatal, falta de personal o rigurosidad en los controles sanitarios? Como todo en la vida, parece que no es blanco o negro.

El MSP reconoce el problema: una fuente de la cartera dice que se perdieron recursos humanos (hoy hay seis empleados en la oficina, según supo El País) y que llegan productos cada vez “más complejos de ser evaluados”, lo cual a su vez requiere más tiempo. Aunque queda poco para que termine esta gestión, anuncian que aplicarán medidas a corto plazo con la que esperan acelerar los trámites. Pero sobre esta eventual solución volveremos más adelante.

Hoy este es uno de los temas más relevantes para la Cámara Uruguaya de Perfumería, Cosmética y Artículos de Tocador (Cupcat), que agrupa a 28 empresas afiliadas. Su presidente, Sergio Caplán, director de Laboratorios Abarly, dice a El País que el panorama “es complicado” y ha venido “in crescendo”. Y lo resume así: “Es un tema de tiempos y de dinero. Cada vez hay más registros pero son siempre las mismas personas del ministerio para hacerlos”.

Según los datos de Cupcat, los registros de productos de cosmética y perfumería que hace cuatro o cinco años demoraban no más de dos meses, “ahora demoran hasta ocho meses”, en un trámite que es 100% de escritorio ya que las empresas deben presentar los análisis de laboratorio entre otros materiales. O incluso lleva más tiempo si el MSP encuentra objeciones y pide cambios concretos. “En cosmética ahora están objetando el uso de la palabra natural y te dicen que tenés que probarlo”, ejemplifica Caplán, quien piensa que el Poder Ejecutivo “excede su potestad”.

Las empresas que presentan productos nuevos, de estación o temporada, “no pueden esperar seis u ocho meses para que estén en circulación”, lamenta el empresario.

Hay otro tema: los registros en Uruguay son los más caros de América Latina, según un estudio que realizó Cupcat, al que accedió El País (ver recuadro más abajo). Allí se indica, además, que “por el comportamiento de las variables unidad reajustable/dólar, en los últimos dos años el costo de registro expresado en dólares se ha incrementado en forma significativo”.

Otra queja es la duración del registro: mientras en Uruguay vence a los cinco años, en Brasil es a los 10 y en Argentina no hay vencimiento, según el relevamiento de Cupcat. Hay ocho países latinoamericanos donde, como sucede en Uruguay, el registro debe ser renovado a los cinco años.

“No tiene sentido mirar puntillosamente cada cinco años el mismo producto que no tuvo modificaciones, más sobre los productos grado I, sin peligro para la salud humana”, opina Caplán.

No opina lo mismo el ingeniero Baselli, quien dice que “una vez cada cinco años es razonable” y que en todo caso “la renovación puede ser más fácil” pero “nunca puede durar toda la vida”.

En la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali), que abarca a unas 90 empresas de alimentos y bebidas, están igual o más preocupados que en la gremial de cosmética. Las empresas del sector deben registrar en el MSP algunos tipos de alimentos, como los que tienen edulcorantes o sustitutos de sal, los adicionados con vitaminas y minerales, los suplementos alimenticios o los alimentos medicinales, entre otros.

Y el problema de fondo es el mismo. Los permisos que tienen menos atraso son los que incluyen edulcorantes, que demoran cerca de un mes “pero debería ser dos días porque enviás una nota con los edulcorantes que ya se sabe que están aprobados”, dice Magdalena Lorenzo, presidenta de Ciali. Y los más complejos duran más de un año, según la gremial: son los clasificados como medicinales y los polvos de alimentos para bebés. “En realidad el problema es que se toman casi un año en iniciar la evaluación y, cuando arranca, puede ser compleja y llevar otro año. Entonces estuviste dos años en vueltas y en tres años empezás el periplo otra vez”, asegura Lorenzo.

Uno de los temas que ha planteado Ciali es que, si el producto no se modificó, la renovación sea rápida. También denuncian que ha habido cambios de criterios de un registro a otro. Eso, según el ingeniero Baselli, es porque “ahora aplican los criterios de controles del Mercosur”.

“Así es muy difícil trabajar”, lamenta Lorenzo, quien igual reconoce la preocupación de las autoridades nacionales. Pero por ahora no han tenido eco, “es malo para el país, para la economía y la industria nacional”.

Detergentes, bactericidas, limpiavidrios, limpiabaños, ceras y otros productos de limpieza entran en la categoría domisanitarios. El sector vivió algo así como un terremoto en los últimos meses: tras denuncias anónimas que recibió el MSP de incumplimientos en el registro de productos en empresas del sector, la cartera realizó varios operativos de inspección y hubo intimaciones y clausuras. “Ahí explotó la bomba”, dice el ingeniero Baselli.

Las denuncias llegaron de empresas que registraban los productos y entendían que había competencia desleal.

Un poco antes el gobierno había firmado un decreto para incluir en el ordenamiento jurídico uruguayo normas del Mercosur sobre la regulación de productos domisanitarios.

Fuentes del sector y del gobierno dicen que, si bien los domisanitarios siempre estuvieron obligados a ser registrados, durante muchos años eso no se controlaba demasiado y varias empresas solían registrar solo el laboratorio. No cada producto.

El MSP tiene una dirección de fiscalización que ha reforzado en los últimos años y hoy cuenta con más de 50 funcionarios.

“Salieron muy fuerte con la fiscalización y a cerrar laboratorios”, dice Matías Mezzottoni, dueño de Chamán Uruguay, una empresa que produce productos de limpieza y derivados, y presidente de la Cámara Uruguaya de Franquicias. “Han sido muy agresivos sobre todo con las industrias que van al consumidor final, son las que mueven más volumen”, asegura el empresario.

En su empresa Mezzottoni ahora deberá invertir casi 60.000 dólares para registrar unos 50 productos. Y lo mismo dentro de cinco años. “Este es un golpe fuertísimo a la industria nacional. Son costos que las empresas debemos cargar en los precios de venta. Y a la que más le pega es a la pyme”, opina, ya que a su juicio para las multinacionales el gasto en este rubro “es ínfimo”.

“Esto va a generar una brecha más grande entre el formal y el informal. No te dan los números para estar formal”, sostiene. “Se suma a la habilitación de bomberos, intendencia, tener un químico, un prevencionista, pagar los impuestos como todos. Por algo las multinacionales cerraron todos los laboratorios de Uruguay, traen todo de Argentina y listo”.

A Mezzottoni, como otros, le parece bien que controlen pero pide que bajen los valores.

Una reciente resolución, firmada por la ministra de Salud Karina Rando el 7 de octubre, indica que se han detectado empresas habilitadas como fabricantes y/o importadores de productos domisanitarios que no cuentan con registros de todos o algunos de los productos y que “es fundamental promover la regularización” y “garantizar la seguridad de los consumidores”. Con este panorama, se habilita a las empresas a obtener un “registro precario” de los productos de riesgo I, el más bajo, con una vigencia de 180 días. Esto les permite seguir produciendo y vendiendo mientras avanza el proceso de regularización. La ordenanza regirá solo por seis meses.

El empresario Pablo Vázquez preside la comisión de domisanitarios en la Asociación de Industrias Químicas del Uruguay (Asiqur) y tiene una visión menos catastrófica que algunos colegas. Dice que “históricamente” los productos debieron ser registrados pero la autoridad sanitaria “no tenía la estructura de fiscalización” para controlar y por eso “muchas empresas no registraban todo lo que debían”. Asiqur piensa que la defensa del consumidor es, justamente, el registro del MSP, que además permite una “competencia justa” entre las empresas. Pero también reconoce que el mayor registro implica demoras y que hay que buscarle la vuelta “para que no sea un freno al negocio”.

El ingeniero químico Baselli, presidente de Aparu, relata que la habilitación de una fábrica de cualquiera de estos sectores es un proceso que en total puede llevar tres a cuatro años. “Cuando viene un inversor extranjero y nos dice que quiere armar una planta en Uruguay, le contamos lo que demora, entonces sale corriendo. Esto lo hablé hasta con el presidente de la República”, dice el ingeniero.

Baselli explica que la habilitación del laboratorio en sí lleva entre dos y tres años, período en el cual la empresa invierte pero no recibe nada a cambio. Luego debe registrar todos los productos que se fabrican, “un papelerío infernal que con suerte lleva un año más”. Lo razonable, dice, sería en total tres o cuatro meses.

Hace medio año las cámaras presentaron una propuesta al MSP. Pidieron que los registros pasen de cinco a 10 años de plazo máximo, lo que permitiría “darle un oxígeno al departamento, atosigado por la cantidad de expedientes”, dice Caplán de Cupcat.

También plantearon un costo diferencial, como en Argentina y Brasil, para productos nacionales e importados.

Y, por último, una escala que favorezca a las pequeñas y medianas empresas, que ayudaría a “legalizar” sobre todo a emprendedores.

“Estamos esperando que pase algo. Primero era que estaban las elecciones, luego la segunda vuelta... no sabemos si esto va a prosperar o no”, dice el presidente de la cámara de la perfumería, quien destaca el apoyo recibido por la directora nacional de Industria, Susana Pecoy. La jerarca, sin embargo, no respondió las insistentes consultas de El País para este informe.

Caplán cuenta que una alternativa que manejó el MSP es implementar “una ventanilla exprés”, que implicaría un precio más alto para las empresas que quieran un trámite rápido. Esa idea es rechazada por las gremiales porque “solo funcionará para las empresas muy grandes, para las demás sería un atraso mayor”, indica el empresario.

¿Y qué dicen desde el MSP? Primero, que las demoras principales se producen cuando hay observaciones, el trámite vuelve a la empresa solicitante y luego otra vez es evaluado por la cartera.

Segundo, que hay medidas en carpeta. Se hará un llamado para la contratación de un nuevo director en la división de evaluación sanitaria, de donde depende el departamento en cuestión. Además, se trabaja en aprobar una nueva normativa que aggiorne todo a las necesidades actuales de registro y los nuevos productos. “Se piden requisitos que ya no son necesarios con los medios tecnológicos actuales. Estamos evaluando cuáles son los decretos y ordenanzas que necesitan tener una revisión”, dice una fuente de la cartera, que no descarta cambiar el período de registro para que sea un plazo mayor a los cinco años.

Dicho por Baselli, de la asociación de técnicos que negocia con el MSP y está al tanto de los eventuales cambios, se busca elaborar una ordenanza de acá al cambio de gobierno, que resuelva “los problemas urgentes” e institucionalice los “cambios de emergencia” sobre los asuntos que trancan todo: “No se puede cambiar toda la legislación pero sí podemos sacar papeles que hoy piden, ya hay avances en eso”, adelanta Baselli. O sea, simplificar la enorme y tan uruguaya burocracia. ¿Será posible?