Famosos en la mira y un negocio millonario: la ofensiva de los casinos contra el juego clandestino en Uruguay

Apostar sin reglas, ganar en la ilegalidad. Mientras figuras del deporte promocionan en redes sociales plataformas de apuestas que no están habilitadas en Uruguay, el juego online clandestino crece a una velocidad que desborda los controles estatales, erosiona la recaudación pública y expone a miles de personas —especialmente jóvenes— a riesgos de adicción sin ningún tipo de protección (aunque, también hay que decirlo, el juego legal en pocos casos logra frenar la ludopatía). En ese escenario, los operadores legales, los sindicatos y el propio Estado coinciden en un diagnóstico: el marco actual quedó viejo. Y, por primera vez, una cámara empresarial decidió organizarse explícitamente en Uruguay para dar pelea contra las apuestas ilegales y empujar una regulación que cierre grietas por donde hoy se cuela el negocio millonario del juego online no autorizado.

El contraste es evidente. En la televisión, en camisetas deportivas y sobre todo en redes sociales, deportistas conocidos y exfiguras del fútbol y otros deportes invitan a “jugar”, “apostar” o “probar suerte” en plataformas extranjeras que no cuentan con habilitación local. Del otro lado, el Estado intenta bloquear páginas web, cerrar cuentas en Instagram o Facebook y aplicar multas que, por volumen, resultan insignificantes frente a la magnitud del fenómeno. Según datos a los que accedió El País, solo entre enero y agosto de 2025 la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas cobró multas por 226.672,10 pesos, de los cuales 174.284,60 corresponden a sanciones por juegos y 52.387,50 a infracciones vinculadas a rifas.

Mientras tanto, los datos oficiales muestran un crecimiento sostenido de todas las apuestas reguladas en Uruguay. En 2023 el total apostado alcanzó los 576 millones de dólares, en 2024 superó los 627 millones y en 2025 —hasta noviembre— llegó a más de 646 millones de dólares, sin contabilizar el sorteo del Gordo de Fin de Año. En paralelo, los recursos destinados a beneficiarios directos también aumentaron: pasaron de 2,88 millones de dólares en 2023 a 3,56 millones en 2024 y a 3,19 millones en 2025, según la información a la que accedió El País.

Nadie sabe con precisión cuánto dinero mueve el juego ilegal online, porque se trata de un universo sin registros ni controles. Pero hay consenso respecto a que viene creciendo.

Ese vacío es uno de los principales argumentos de la Cámara Uruguaya de Operadores y Arrendadores de Servicios de Casino y Salas de Esparcimiento (Cuoasec), que se conformó hace poco. “La creación de la cámara responde a una doble necesidad”, dice a El País su secretario ejecutivo, Luis Gama. Por un lado, a una razón estratégica: todas las empresas operadoras, ya sean privadas, asociadas al Estado o concesionarias, enfrentan problemas comunes y necesitan coordinarse para fortalecer su posición; combatir el avance del juego clandestino es uno de esos temas relevantes. Por otro lado, a la voluntad de incidir desde el inicio en cualquier proceso de regulación que el Estado decida impulsar a corto o mediano plazo.

Foto: Estefanía Leal/El País.

Gama relata que en una reunión mantenida con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y con la Dirección General de Casinos no se adelantaron definiciones concretas sobre el tipo de regulación en estudio, aunque sí se manifestó un espíritu general de avanzar en ese camino. Ante ese escenario, la cámara resolvió aportar insumos técnicos y experiencias comparadas. “Ya acercamos ejemplos de Colombia y España, que regularon el juego online en 2015 y 2011 respectivamente”, señala, y sostiene que esos modelos pueden servir de referencia para Uruguay.

Según explica, la cámara trabaja en un documento con lineamientos sobre cómo debería ser una regulación moderna, con la intención de incidir antes de que un proyecto de ley llegue al Parlamento. “La idea es contribuir desde una mirada de interés general y no desde intereses particulares”, afirma Gama, quien destaca el peso económico y social del sector: las empresas que integran la cámara superan los 610 millones de dólares de inversión y generan alrededor de 20.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

La cámara agrupa a las empresas Codere (que incluye a Maroñas y Sofitel), Enjoy de Punta del Este, Radisson Victoria Plaza y los casinos y hoteles de Rivera, Salto y Durazno.

Uno de los puntos más polémicos del debate es el régimen de monopolio en las apuestas deportivas. Para Gama, ese modelo “ya no funciona en ningún país”. Recuerda que incluso Paraguay, que era el único caso de monopolio en la región, resolvió cambiarlo mediante una ley que habilitará múltiples licencias a partir de 2026.

A su juicio, concentrar la oferta en un solo operador restringe el mercado regulado y empuja a los jugadores hacia plataformas ilegales. “El juego ilegal es imposible de medir; no sabemos si es menor, igual o mayor que el legal, pero no descartamos que incluso lo supere”, advierte.

El argumento se refuerza con otro dato que suele pasar desapercibido. Según Gama, en Uruguay hay entre 50.000 y 60.000 máquinas tragamonedas barriales no autorizadas, frente a unas 6.500 registradas por el Estado. “Hay casi diez veces más máquinas ilegales que legales”, dice. Desde su perspectiva, limitar la oferta regulada no reduce la ludopatía, sino que la desplaza hacia la clandestinidad, donde no hay controles, registros ni mecanismos de prevención.

Foto: EFE.

En paralelo a este debate empresarial, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas llevó adelante durante 2025 un proceso interno de reestructura que también impacta en el combate al juego ilegal. Según datos a los que accedió El País, el organismo concentró sus esfuerzos en una revisión integral de su estructura funcional y de sus procesos de trabajo, con el objetivo de adecuarlos a las prioridades del gobierno. Se conformaron equipos transversales para abordar temas como juego responsable y prevención de la ludopatía, bienestar laboral, actualización normativa, digitalización de controles y comunicación.

En ese marco, hacia el final de 2025 se realizó la primera encuesta estatal sobre juego, cuyos resultados serán difundidos oficialmente y servirán como base para futuras políticas públicas.

En materia de fiscalización digital, los números muestran un salto significativo. De acuerdo a la información relevada por Loterías, se bloquearon 1.656 URLs dedicadas al juego ilegal, mientras que otras 20 estaban en proceso de bloqueo al cierre de este informe.

En redes sociales se logró el cierre de 19 cuentas en plataformas de la empresa Meta utilizadas para promover juego ilegal, estafas o suplantación de identidad, y otras 32 permanecían en proceso de bloqueo. Según los datos a los que accedió El País, estas acciones forman parte de una estrategia coordinada con otros organismos del Estado para reducir la oferta clandestina en internet.

Además, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó una nueva resolución que refuerza las exigencias en materia de juego responsable y establece directrices obligatorias para los concesionarios de juegos de azar y apuestas deportivas internacionales realizadas por internet. La resolución se enmarca en el crecimiento sostenido del juego online (ver recuadro aparte).

Foto: Estefanía Leal/El País.

Para los trabajadores del sector, el problema va más allá de la legalidad o ilegalidad del negocio. Cecilia Alegre, secretaria general de la Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado, sostiene que la regulación del juego online es “inevitable”, pero advierte que el reclamo central del sindicato es que se haga “de la mejor manera”. En particular, subraya la necesidad de que el Estado mantenga un rol protagónico en la regulación y explotación de los juegos de azar vinculados a los casinos. Desde diciembre de 2025 el sindicato se declaró en conflicto y realizó paros en casinos de todo el país.

Alegre aclara que las apuestas deportivas ya cuentan con regulación y que el foco actual está puesto en los juegos de casino online. “Estamos peleando para que el Estado y la Dirección General de Casinos sigan siendo la figura principal”, afirma. Reconoce que existen operadores privados con derechos adquiridos por sus inversiones y por los empleos que generan, y aseguró que ese no es un punto de conflicto. “Hoy convivimos con salas mixtas sin inconvenientes”, señala.

Desde la óptica sindical, la presencia estatal garantiza aspectos que un privado no asegura de la misma manera: políticas de juego responsable, prevención de la ludopatía, control del lavado de activos y destino social de los recursos. Y las fuentes laborales no son un tema menor para el gremio.

Alegre recuerda que Casinos del Estado cuenta con convenios con la Facultad de Medicina, mecanismos de autoexclusión, una línea gratuita de atención y capacitación permanente de funcionarios. También alerta sobre el impacto del juego online no regulado en las salas físicas, donde se estima una caída de entre 30% y 40% en las ganancias de los casinos estatales.

“Aunque se bloqueen páginas, la gente sigue jugando”, advierte, y expresa preocupación por las fuentes laborales de casi 1.000 funcionarios públicos, a los que se suman los trabajadores de salas mixtas.

Una mirada similar, aunque desde otro ángulo, aporta Mathías Demarco, integrante de la dirección del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Hípica Rioplatense (HRU). Demarco explica que HRU cuenta con entre 700 y 800 funcionarios en todo el país, de los cuales unos 320 están afiliados al sindicato. Si se amplía el foco al sector, la cifra crece considerablemente: solo el grupo Codere suma unos 1.200 trabajadores más, sin contar otros modelos de explotación como los casinos mixtos del interior.

Para Demarco, la preocupación sindical no es solo laboral, sino social. “El impacto socioeconómico del juego online es muy grande, especialmente en las juventudes”, afirma, y señala que a nivel internacional existen evidencias negativas, aunque en Uruguay no haya estudios específicos. Por ese motivo, el sindicato propuso la creación de una comisión interinstitucional —con participación del Ministerio de Trabajo, Inefop, la academia, INAU y organizaciones sociales— para estudiar el impacto antes de avanzar en una regulación definitiva.

Entre los ejes que, a su entender, debería contemplar una ley, menciona la necesidad de una fuerte presencia estatal, garantías de reconversión laboral para los trabajadores del juego presencial y restricciones a la publicidad. “Planteamos que no se permita el uso de figuras públicas y que la publicidad esté limitada por horarios, para proteger a la juventud”, sostiene, en una crítica directa a las campañas que hoy circulan libremente en redes sociales promoviendo plataformas ilegales.

Foto: Santiago Magni.

Actualmente están sobre la mesa varios proyectos que regulan el juego de casino online y tragamonedas.

Hay tres que serían enviados por el Ministerio de Economía al Parlamento, según transmitió la dirección de Casinos a las autoridades de la nueva cámara. Según informó el semanario Búsqueda y confirmó El País, una de estas iniciativas ya había sido discutida durante el gobierno de José Mujica (2010-2015): proponía separar las funciones de regulación y control de la actividad directa de explotación transformando a Loterías en una Dirección Nacional de Contralor de Juegos de Azar y Apuestas, mientras que la Dirección General de Casinos pasaría a ser un servicio descentralizado. La idea es dar mayor transparencia.

Gama señala que “tanto Casinos como Loterías explotan el juego pero al mismo tiempo lo fiscalizan; no hay un tercer actor por fuera que controle”.

Un segundo proyecto de ley pone otra vez sobre la mesa una discusión que tuvo un avance parcial en el período legislativo anterior, para habilitar licencias de juegos de casinos en línea. Gama indica que “hoy los juegos de casino en línea no están regulados, pero eso no significa que no se juegue de esta forma: se juega en sitios no autorizados”.

Un tercer proyecto que enviaría el gobierno al Parlamento pretendería regular las tragamonedas instaladas en bares u otros locales en diferentes partes del país. “Se quiere corregir a las máquinas barriales pero hay que ver la forma, ya que la solución puede ser muy mala y más perjudicial que si no se regula”, dice Gama.

En el plano político el debate ya llegó al Parlamento. El senador frenteamplista Felipe Carballo presentó un proyecto de sobre regulación, explotación estatal y protección integral del juego online, que busca recuperar la soberanía regulatoria y fiscal del Estado. La iniciativa plantea la creación de una Plataforma Estatal de Juego y Apuestas en Línea, administrada por la Dirección de Loterías y Quinielas, y de una Agencia Nacional de Regulación del Juego Online, con autonomía técnica y potestad sancionatoria.

El proyecto pone especial énfasis en la protección social. En su exposición de motivos se estima que unas 35.000 personas en Uruguay padecen adicción al juego y que uno de cada cuatro adolescentes apuesta online diariamente. Para enfrentar ese escenario, se propone la creación de un Fondo Nacional para la Prevención y Tratamiento de la Ludopatía, financiado con ingresos del propio sistema, y la implementación de un Registro Nacional Digital de Apostadores, con identificación obligatoria, límites de gasto y tiempo de conexión. Además, se plantea la tipificación penal del juego online clandestino, con penas de seis meses a tres años de penitenciaría.

Mientras tanto, el fenómeno sigue creciendo. Entre bloqueos, multas y proyectos de ley, el juego online ilegal se expande impulsado por la publicidad, la tecnología y la ausencia de fronteras digitales. La conformación de una cámara empresarial decidida a combatirlo marca un punto de inflexión en un sector históricamente fragmentado. Pero la pregunta de fondo sigue abierta: si el Estado no logra cerrar el cerco y ordenar el mercado, ¿quién gana realmente cuando se apuesta en la ilegalidad?

Foto: AFP.