Faltan policías en las cárceles: "lógica de guerra", turnos de 18 horas y un guardia para 200 presos

La situación en las cárceles uruguayas se vuelve cada vez más crítica, y quienes la padecen a diario no son solo los privados de libertad. En ocasiones, los policías superan su jornada de 12 horas para cubrir los huecos del personal certificado -el 20% de la plantilla- cumpliendo funciones hasta por 18 horas en un sistema penitenciario con una población que no deja de crecer. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), hay unos 16.500 privados de libertad y la proyección es que este número siga creciendo.

Las extensas jornadas no son el único problema. A esto se suma, por ejemplo, las malas condiciones de alojamiento de los espacios donde pernoctan los guardias, según señalan desde el principal sindicato policial. Ellos, al igual que los operadores penitenciarios -civiles que también trabajan dentro de las unidades-, reclaman al gobierno que su trabajo sea calificado de insalubre, dada la exposición permanente a riesgos físicos y la presión de convivir con dinámicas “de guerra”, que los obliga a estar siempre en estado de alerta, según relatan.

El INR gestiona un total de 26 unidades, además de un centro de ingreso, diagnóstico y derivación. No todas las cárceles son iguales. Algunas son consideradas “modelo”, pero otras - en especial el Penal de Libertad y algunos módulos del exComcar- son descriptas por distintos operadores judiciales como “ciudades de terror”.

“Dentro de la cárcel ves de todo. Al empezar el servicio te toca hacer el conteo celda por celda, y de repente te encontrás con un privado de libertad colgado. Otras veces, cuando no responden a los llamados, entramos a revisar con la linterna y te das cuenta enseguida: el tipo está duro, ya está muerto porque un compañero de celda lo apuñaló. En ese momento lo único que podés hacer es llamar a los médicos para que constaten el fallecimiento”, cuenta desde el anonimato un policía que trabaja desde hace 17 años en el Penal de Libertad.

El problema del colapso del sistema carcelario volvió una vez más al tapete en medio de la discusión parlamentaria por el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029. El Ministerio del Interior plantea la creación de 1.000 cargos nuevos -500 policías y 500 operadores: en todo caso la mitad de los 2.000 policías que se había prometido en campaña, según recriminan los gremios y también la oposición.

Foto: Ignacio Sánchez.

Estos funcionarios ingresarían al sistema de forma escalonada, a lo largo de todo el periodo. Actualmente, 224 personas que se están formando como policías reciben una capacitación en funciones penitenciarias, lo que implica que realicen prácticas en distintas unidades. Además, en diciembre ingresarán por concurso 90 operadores penitenciarios.

Los llamados vienen siendo un éxito de convocatoria: se presentan cientos de personas, apunta Ana Juanche, la directora nacional del INR.

Pero la cantidad de cargos previstos por el gobierno no conforma a los gremios. Está muy lejos de cubrir las “necesidades reales”, señalan desde el Sindicato Policial Nacional (Sipolna) y del que agrupa a los operadores civiles penitenciarios, que estiman que por lo menos debería ser el doble o triple.

Juanche responde a este reclamo argumentando que se presentó “un presupuesto responsable”. “Es decir, llevamos una propuesta al Ministerio de Economía y Finanzas que se pudiera aplicar”, dice.

Desde hace al menos tres años el principal sindicato policial persigue el objetivo de que el trabajo de los guardias de cárceles se califique de insalubre, “porque cumple con todos los incisos que establece la Organización Internacional del Trabajo”, dice Fernando Mederos, el secretario de Sipolna. Lo han planeado tanto en el Ministerio de Trabajo como en el Ministerio del Interior. “Puede resolverse a través de una compensación especial, o incluso con la posibilidad de jubilarse antes, o con reducir la carga horaria, pero el problema es que ya de por sí hay una fuerte falta de personal”, plantea Mederos.

Foto: Fernando Ponzetto.

Los operadores penitenciarios también están en pie de lucha. “Es catastrófico para nosotros, porque por cinco años más vamos a tener poquitos ingresos frente a la enorme cantidad de personas privadas de libertad”, dice el presidente del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios, Jonathan Perdomo. La sobrecarga laboral se traduce en graves consecuencias para la salud, asegura.

Para enfatizar su reclamo, montaron una carpa frente al Palacio Legislativo y pusieron un pasacalles. Exigen que su trabajo sea declarado insalubre y quieren algunos beneficios que tienen los policías como el seguro de vida, al que consideran primordial. “Estamos acá para que nos vea el poder político”, dice Perdomo, que ingresó a trabajar en cárceles en 2011, junto a la primera tanda de civiles.

Foto: Leonardo Mainé.

La carpa sindical lleva el nombre de Liliana Cerdeña, una operadora penitenciaria que sufrió un aneurisma mientras cumplía funciones. Fue auxiliada por los privados de libertad, pero falleció en un centro de salud. Era jefa de familia, y su historia se convirtió en el símbolo de la causa.

“En la práctica, hay turnos donde queda un trabajador solo para 900 personas privadas de libertad. Vivimos en un estado de vigilancia y estrés permanente”, dice Perdomo para ejemplificar situaciones extremas que tienen que enfrentar.

Desde el sindicato policial indican que unos 3.000 policías están asignados a cárceles, pero unos 2.400 trabajan directamente con los reclusos. Por otro lado, hay unos 1.400 operadores penitenciarios, de los cuales 1.200 cumplean tareas específicas con privados de libertad. Son ellos los que lidian con una población de 16.500 presos.

“Estamos desbordados. Para atender correctamente a esa cantidad de personas se necesitarían al menos 2.500 operadores más. Sin personal, todo es complejo: desde el seguimiento individual hasta la logística diaria. Lo dijo el comisionado (Juan Miguel) Petit: el 46% de los presos viven en condiciones inhumanas. Y nosotros también estamos inmersos en esas condiciones”, advierte Perdomo.

Para que un sistema penitenciario funcione de forma óptima, la relación ideal es de un funcionario cada 12 privados de libertad, indica Juanche. Pero se trata de una meta aspiracional, que en la práctica casi no se cumple en ninguna parte del mundo. En Uruguay, el promedio general es de un funcionario policial cada 32 reclusos y de un operador penitenciario cada 61, indica la directora del INR. Sin embargo, como ya dijimos, esa proporción se ve afectada porque no toda la plantilla está disponible: según cálculos del INR, el 20% de los funcionarios se encuentra certificado.

Además, hay un panorama muy desigual según la unidad. Mientras en algunas catalogadas como “cárceles modelo” la presencia de guardias es adecuada, en los módulos más conflictivos de las cárceles más duras distintas fuentes aseguran que a veces hay un solo funcionario para 200 privados de libertad.

El gobierno está dispuesto a discutir el reconocimiento de la insalubridad laboral. “Estamos en diálogo permanente con los sindicatos sobre las dificultades derivadas de trabajar en un sistema altamente demandante, complejo y con la situación actual del sistema penitenciario”, dice Juanche y acota que es necesario “robustecer las políticas de salud ocupacional y el seguimiento de las condiciones de bienestar en el empleo”.

Foto: Estefanía Leal.

“En la medida en que la negociación laboral reconozca la insalubridad como una demanda pertinente, se considerará un plan de respuesta”, señala Juanche. El INR también está diseñando estrategias para atender la situación de los policías que hoy no cumplen funciones, ya sea por certificaciones médicas prolongadas o por estar bajo investigación.

En los grandes centros de reclusión las condiciones edilicias y sanitarias son tétricas. En el Penal de Libertad, en algunos sectores, las ratas nadan en las aguas servidas y las cucarachas alfombran los pisos, según distintos testimonios. A veces, algún guardia policial ubicado en una zona más lejana tiene que hacer sus necesidades fisiológicas en una bolsa de nylon porque no hay funcionarios suficientes para hacer un relevo y así poder utilizar el baño, cuenta una fuente anónima.

Foto: Fernando Ponzetto

Policías y presos comparten las mismas condiciones degradadas, señalan diferentes testimonios. “Es como estar presos, porque vos tenés tus 12 horas, en el caso de que no tengas que hacer sobrecarga horaria, pero después te vas a dormir ahí. Y si pasa algo en alguna celda, tenés que salir para ir a apoyar a los demás compañeros, aunque estés sin dormir o comer. Eso es inhumano para cualquiera”, dice un policía que lleva 19 años trabajando en el Penal de Libertad.

Acá todo es afuera y adentro. Esa es la norma. Las dos realidades influyen en todo lo que pasa. Hay enfrentamientos de presos que sus familiares los “arreglan” en los barrios, y también estructuras del narcotráfico que siguen operando desde dentro. “Mucha gente piensa que el preso es un pobre tipo, y le da lástima, pero yo los escucho todo el día y son muy pocos los que están pensando en una rehabilitación de verdad. Algunos acá tienen 20 o 30 años, estudian y trabajan para descontar pena, están en realidad pensando en salir para volver a delinquir”, opina este funcionario.

Hay amenazas que, según él, “con los años uno se acostumbra a manejar”, aunque admite que para los presos no es lo mismo cuando se trata de un guardia nuevo. “Yo siempre me manejo con respeto y no me ha pasado nada”, asegura. Pero no todos corren con la misma suerte: algunos de sus compañeros recibieron mensajes muy directos. “Les dicen la dirección de la casa, o los nombres de los hijos, o de la señora”, pone de ejemplo.

Este informante es del norte del país, un factor que se repite entre los guardias carcelarios que viajan hacia el sur, trabajan una semana en la cárcel, después viajan hasta su lugar de origen, descansan siete días allá y vuelven a Montevideo. “Estoy una semana acá (en el Penal de Libertad) y después en casa, pero mi señora trabaja y no está en todo el día, los chiquilines lo mismo”, cuenta. Su intención siempre es salir de la cárcel y dejar “todo preso, adentro de la cárcel”. Pero reconoce que no siempre lo logra.

En las celdas hay de todo. Baños que son pozos, que se tapan y las aguas servidas desbordadas corren junto al agua que usan para tomar. Días en que, a pesar del hacinamiento, no hay chance de salir al patio, porque no hay personal suficiente para custodiarlos fuera de los celdarios.

LEONARDO CARREÑO

Fuera de las celdas, los problemas tampoco se detienen. Las peleas entre presos “ya ni respetan los momentos de visita, se apuñalan ahí mismo. La problemática de la calle, por las deudas de droga es lo central”, relata un policía con 18 años de trabajo en el exComcar. Estuvo en motines grandes como el de 2013, cuando 550 reclusos incendiaron colchones y pasaron varios días a la intemperie en pleno agosto. “Se mataban por un pedazo de pan”, recuerda: en aquel momento, los presos no tuvieron acceso a la comida que les llevan sus familiares. También presenció uno de los últimos episodios más graves, en 2018, cuando tres policías -dos hombres y una mujer- fueron tomados de rehenes.

Para este funcionario, es fundamental que las autoridades comprendan las responsabilidades que los policías deben asumir. “Vos tenés que velar por la seguridad de todos, incluso la de tus compañeros y la tuya”, señala. Agrega que las peleas carcelarias, que en ocasiones trascienden en videos por redes sociales, son muy comunes. “No te puedo decir con exactitud la frecuencia; a veces ocurren todos los días. No hay hora ni momento para que se den: simplemente pasa”.

Los operadores penitenciarios entraron a las cárceles para tareas enfocadas en la rehabilitación, “pero hoy eso ya no es posible por la falta de personal”, plantea Perdomo, del sindicato. Los operadores siguen siendo el “escalafón relegado” para el ministerio, dice. “Somos el único escalafón formado para trabajar en cárceles. El escalafón policial está preparado para la prevención del delito, nosotros para el acompañamiento, la rehabilitación, los programas educativos y laborales, el seguimiento cotidiano”.

Foto: Darwin Borrelli

La directora INR destaca la importancia del rol de los operadores, que “están sólidamente formados para desarrollar todas las actividades necesarias durante la jornada de una unidad penitenciaria: desde el conteo de la población y el traslado a diferentes áreas programáticas, hasta la derivación a servicios de salud y la interacción con visitantes, familiares, abogados, jueces de ejecución y vigilancia, y el comisionado parlamentario”. Juanche subraya que estas figuras también gestionan los principales departamentos de cada unidad, como educación y cultura, emprendimientos laborales, y deporte, actividad física y recreación.

Aunque los operadores se crearon como figura en 1980, su incorporación se concretó con la creación del INR en 2010. Según la directora, el objetivo es que la gestión de la privación de libertad y el trato directo con las personas privadas de libertad esté a cargo de personal especializado. “La idea es que la policía se repliegue a su rol de especialización, que es la seguridad. Esto permitirá una división clara de roles y responsabilidades entre el escalafón civil y el escalafón penitenciario”, afirma.

Perdomo, por su parte, insiste en que el problema excede a los gobiernos de turno: “Lo que se necesita son políticas de Estado que trasciendan a los partidos. Cada vez que cambia el gobierno, cambia la dinámica y se improvisa. Así no se puede. Hoy estamos en una emergencia carcelaria, pero parece que nadie quiere asumirlo”.

Ciudades de terror.

Tres abogados cuentan lo que ven en las cárceles

“Cuando entrás al Penal de Libertad, a la parte que le llaman “la piedra”, o a algunos módulos del exComcar, entrás a una verdadera ciudad de terror”, dice el abogado Pablo Donnángelo. En sus recorridas habituales, para entrevistarse con sus clientes que están privados de libertad, es testigo de escenas y relatos que señalan “que hay sectores en que los guardias de la cárcel no pueden hacer prácticamente nada, hay sectores que están dominados directamente por grupos de reclusos. Ahí tenés el efecto más grave de la falta de personal, que es la pérdida del control. Te podría decir que en determinados sectores hay una especie de cogobierno de la cárcel, es decir: en algunos lados mandan los reclusos y en otros lados mandan los guardias”, apunta.

Archivo El Pa�s

Estas estructuras de megacárceles -continúa el abogado- requieren una vigilancia mayor ante una masificación de la cantidad de privados de libertad, “que es abrumadora”. Un diseño que en otros países ya se empezó abandonar, priorizando estructuras más chicas y que por eso resultan más manejables.

El incremento inédito de mujeres presas y los problemas de alojamiento que esto conlleva -entre otros tantos-, convirtió a la Unidad N° 5 en un tema de conversación recurrente entre abogados. Allí, pocos meses atrás, el abogado Juan Barca escuchó atónito a un operador civil penitenciario explicar que como tantos policías estaban certificados, él era el único encargado de todos los pisos para bajar a las privadas de libertad a las consultas con sus abogados.

“Los mayores problemas que trae la falta de policías es por la noche. En el exComcar, me cuentan que hay un guardia cárcel para todos los sectores de un módulo. Si se suscita un inconveniente, esa única persona tiene que ir y abrir las planchadas, ¿cuánto tiempo le puede llevar hacerlo?”, plantea Barca. Suele pasarle que sus clientes le manifiesten que no se sienten protegidos: el temor a una fatalidad es cotidiana.

La falta de personal impide también que los reclusos sean conducidos a un hospital para realizarse estudios médicos. “A veces las tomografías las hacen con los propios escáneres que se usan para la seguridad de la cárcel”, relata Barca.

“Como no hay guardias para custodiar el patio no los sacan de las celdas y terminan siendo módulos cerrados”, plantea la defensora pública María Noel Rodríguez Nader, refiriéndose en particular a imputados que cumplen con prisión preventiva en el exComcar mientras esperan el juicio. Los otros abogados narran el mismo panorama en otros módulos del exComcar y del Penal de Libertad. “Se pasan encerrados el día entero, eso implica que no ven la luz. Pueden pasar así días y semanas. Esto es muy grave, porque puede incidir en que los imputados que están en prisión preventiva acepten acuerdos abreviados para obtener una condena en busca de un alojamiento mejor”, plantea la defensora.

La escasez de guardias también genera que “todos los días” se suspendan traslados a los juzgados para las audiencias “porque no hay móviles ni custodias para llevar a los imputados”, cuenta Nader. “Terminamos haciendo audiencias por videoconferencia que no son de una calidad óptima, porque el imputado puede tener dudas, se puede cortar el internet y en vez de tener a tu defendido al lado tuyo, lo tenés sentado atrás de un televisor”.