EL COMPLEJO MUNDO DE LA ADOPCIÓN

La eterna espera: ¿por qué hay adopciones trancadas y qué hará el gobierno para cumplir los plazos?

En 2020 fueron adoptados 105 niños. El INAU aún no ha comenzado a trabajar en solicitudes de familias presentadas en 2019, pese a que la LUC dice que en 18 meses todos los pedidos deben ser evaluados.

Foto: Fernando Ponzetto
Foto: Fernando Ponzetto

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David llegó a la vida de Cynthia y Gustavo en 2009, con un año y dos meses de edad. Nació en el Hospital de Maldonado, pero fue trasladado de urgencia a Montevideo porque tuvo un paro cardiorrespiratorio tras el parto. Al ser ingresado al Pereira Rossell sufrió otro paro, lo que complicó el cuadro de salud del pequeño. Y también su largo camino para poder tener padres.

Su madre biológica lo abandonó en el Pereira, tras haber dado un nombre falso en la firma de los papeles, según consta en la historia médica de David (que, claro, en ese momento aún no tenía ese nombre). De hecho, se empezó a llamar David recién cuatro años después de que sus padres adoptivos tuvieran la tenencia legal. “Nosotros pasamos por tres juicios… con todos los costos de esos tres juicios”, dice Cynthia. “David ya tenía cinco años cuando llegamos a tener la separación definitiva”.

A primera vista parece uno de los casos que se consideran ideales para ser adoptado: un bebé que es abandonado apenas nace. La mayoría de las adopciones suceden antes de los dos años de edad. Veamos las cifras más recientes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU): en 2020 fueron adoptados 105 niños y más de la mitad —62 de ellos— estaba en la franja de 0 a 2.

Pero David tenía broncoespasmos casi a diario en el centro del INAU donde fue ingresado, y por eso figuraba en la lista de niños con necesidades especiales. “Desde que está con nosotros no tuvo ni un solo episodio, el médico que lo cuidaba en el centro no lo puede creer hasta ahora”, relata Cynthia.

La pareja pasó por el proceso de INAU para poder ser padres adoptantes y lo realizó sin grandes contratiempos. Cuando ya integraban la lista, se enteraron de los casos de niños con necesidades especiales y pidieron una reunión con la psicóloga que junto a la asistente social les hacía seguimiento: “Algunos son VIH positivo, otros con visión disminuida, había ‘peques’ con problemas cardíacos. Podés entender que a una familia que se le murió un hijo por eso mismo, no pueda adoptar a un niño así”.

Desde INAU les mostraron cuatro casos posibles de niños con necesidades especiales, que ellos sí se podían hacer cargo al entender de la institución. Tuvieron una primera reunión pero no dieron con David. Le presentaron sólo tres casos: faltaba la historia de su actual hijo y tuvieron que ir a una segunda reunión. “No sé, fue un presentimiento, hicimos clic y nos dimos cuenta que era él”, relata la madre. Cynthia y Gustavo optaron por la adopción porque les pareció mejor que someterse a tratamientos para buscar un embarazo. “Algunos padres solo queremos dar amor y estamos abiertos a casos especiales”, dice ella. “No todos quieren niños perfectos, rubios y recién nacidos”.

El Estado no le pregunta a los padres biológicos si pueden hacerse responsables de un menor, en cambio la travesía de los adoptantes es larga. No solo de manera previa, sino también cuando ya tiene la tenencia. “Una vez que teníamos a David debíamos pedir permiso a medio mundo para viajar con él. Y demoran mucho los procesos que dan una nueva identidad y reconocen a alguien como hijo. Lo anotas en la sociedad médica, en el colegio.... Todo con otro nombre hasta por fin tener la cédula”, cuenta Cynthia, cuyo apellido y el de su marido no se publica a pedido de la pareja.

Hoy muchas veces lo llaman por su nombre original con el apellido de la madre biológica (de segundo apellido un juez le puso el de la asistente social que llevaba sus trámites). La lucha es diaria. “Aún hoy peleo con la emergencia móvil porque siguen figurando en la factura los apellidos originales”, lamenta ella.

David hoy tiene 12 años, siempre supo que era adoptado y le cuenta su historia a quien decide.

Separados hasta ser familia.

Los procesos tienen dos grandes protagonistas: los adultos que buscan ser padres y los niños que deben tener una familia.

Los plazos que tiene la Justicia para determinar si un recién nacido está en condición de ser adoptado son breves: van de 45 a 90 días, pero la realidad es que no siempre son respetados. “Los jueces de familia especializada están siempre con muchos casos, porque competen en otras materias también muy importantes como la violencia basada en género’’, explica a El País el presidente del INAU, Pablo Abdala.

Pero esto no le quita responsabilidad, que él mismo asume y reconoce. Abdala lleva casi un año en su cargo y las modificaciones en el sistema de adopción para poder agilitarlo fueron una de las promesas de campaña electoral del hoy presidente Luis Lacalle Pou. “Se falla como Estado en su conjunto. Muchas veces tenemos que pensar qué informes se entregan a la Justicia desde el INAU, para que el juez tome esta decisión tan importante”, señala Abdala.

El presidente del INAU cree que los mecanismos a veces no están del todo aceitados y, si bien relata que se trabaja de forma muy coordinada con la Justicia, esto no es suficiente. A su entender, muchos niños en programas de la institución que preside podrían estar en condiciones de adoptabilidad.

Este es un escenario muy complejo, en el cual se chocan dos derechos fundamentales de los niños: el de vivir con su familia biológica y el de tener una familia. Y es un juez el que debe decir si ese niño está en condiciones de ser adoptado o si el Estado se debe encargar de reforzar a la familia de origen, para que se pueda hacer cargo.

“Hay casos de niños que tienen contactos muy esporádicos con su familia biológica, que no salen para las fiestas, que los van a ver con suerte cada unos cuantos meses. Siendo muy cuidadoso y con todos los informes que se necesiten, digo que tendríamos que rever esas situaciones”, afirma Abdala. Agrega que hay que ir caso a caso y pensar realmente qué es mejor para ese niño, cuando los dos derechos mencionados se confrontan.

El exministro de la Suprema Corte de Justicia Ricardo Pérez Manrique, hoy juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manejó en 2012 el concepto que plantea Abdala, según consta en una visita que hizo a la Comisión de Población del Senado. Para Pérez Manrique, la familia de origen debe tener un tiempo para asumir sus obligaciones y, en caso de no asumirlas, se le debe dar lugar a otra familia.

El magistrado también fue crítico sobre los plazos judiciales y, en aquel entonces, afirmó que “hay una dificultad objetiva en cumplir con el plazo de 45 o 90 días, pese a que la ley establece una serie de plazos estrictos para la elaboración de informes técnicos”.

Estos problemas siguen sin solución tras casi una década. Hoy la realidad indica que muchos niños llegan a los 18 años sin haber vivido en familia.

¿Cuáles son las edades de los niños adoptados?

Durante el año pasado fueron adoptados 105 niños que estaban bajo cuidado del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y más de la mitad se concretaron en Montevideo. Del total de niños adoptados hay 62 que corresponden a la franja de edad ubicada entre los 0 y los 2 años, unos 26 niños de 3 a 5 años, 15 menores de 6 a 9 años y apenas dos niños tienen más de 10 años.

La enorme mayoría fue entregado a hogares conformados por parejas de distinto sexo: 86 casos. Unos 13 niños fueron adoptados por hogares monoparentales y solo seis fueron enviados a parejas del mismo sexo. Los tres departamentos con más adopciones son Montevideo (54), Maldonado (12) y Paysandú (7).

Los padres.

“Nosotros nos inscribimos porque queríamos ser padres y nos pareció la mejor opción”, dice Macarena Rodríguez, de 32 años, quien junto a su pareja está ya ingresada en el Registro Único de Adoptantes (RUA). Si bien ellos podrían tener un hijo biológico, en realidad consideran que para ser padres no es necesario el lazo sanguíneo.

“De hecho nos preguntamos: ¿queremos ser padres? ¿Podemos? Porque pensamos todo, desde lo económico al cambio en nuestros trabajos y a lo que puede pasarnos como pareja. Y, cuando pensamos que sí, cuando lo decidimos, dijimos ‘si hay tantos niños que están solos, por qué no empezamos por ahí’”, cuenta Macarena, quien lleva conviviendo siete años con Mauricio, más otros cuatro de noviazgo.

Historias como la de ellos no son las más comunes. El escenario habitual es el de parejas que no pudieron llegar a un embarazo aún con años de tratamiento o que pasaron por experiencias dolorosas de abortos espontáneos. Incluso hay casos más complejos: bebés que fallecieron al nacer o a los pocos días y padres que tuvieron que enterrar a su hijo en una tumba sin nombre (porque, legalmente, en ese caso no se puede poner el nombre en el acta de defunción).

Los procesos y tiempos de los adultos para estar en condiciones de adoptar nada tienen que ver con los de los niños, y se dan por separado. El hecho de que una persona adquiera la tutela temporaria de un menor no quiere decir que ese proceso tenga que terminar en adopción. Porque ese tutor no está ingresado al RUA, es simplemente una persona que se hizo responsable de un niño, y se presentó ante la Justicia para formalizar la situación. Esta situación puede extenderse hasta los 18 años: un juez no va a retirar la tutela si se informa que el niño vive en familia y con todos sus derechos cubiertos.

Los adultos que sí desean adoptar pasan por un proceso minucioso, que la actual administración del INAU busca reducir en plazos, sin perder la calidad.

Muchas veces los postulantes pasan tres o cuatro años hasta ser contactados por el INAU. Por eso es que la Ley de Urgente Consideración (LUC) establece que en un plazo menor a 18 meses esas familias tienen que ser evaluadas. Según los datos de INAU, aún quedan familias de 2019 que no han sido contactadas y el objetivo es poder llegar en 2021 a dar una respuesta a todos.

Según Abdala, se ha venido fortaleciendo el área de adopciones con más recursos humanos, y con otra organización del trabajo. “Se puede y se debe, porque si el Estado no es capaz de en un año y medio determinar si una familia está en condiciones de adoptar o no, es un Estado bastante ineficaz, por no decir incapaz. Los recursos están”, dice el presidente del INAU sobre el propio trabajo en el organismo, que aún no han llegado a concretar.

El proceso va desde la inscripción inicial en INAU, pasando por talleres grupales, hasta llegar a entrevistas individuales. Todo esto antes de poder ser ingresados en el RUA. Una vez que están en condiciones administrativas de adoptar y que el INAU logra integrar un niño en esa familia, comienza todo el proceso judicial que, para muchos de los padres consultados, es la peor parte de la etapa.

Tres juicios para ser padres.

Las  familias —ya sea monoparentales, integradas por personas de distinto o mismo sexo— reciben en primera instancia una adopción que es administrativa. Es una tenencia temporal, que durante un año será supervisada y puede ser cancelada en cualquier momento.

Una vez que se considera que el niño está bien integrado con sus futuros padres adoptivos, viene la parte judicial, que le da legalmente a ese menor todos los derechos de hijo. Pero este camino es largo. Las familias llegan a estar cinco años para que su hijo adoptivo realmente lo sea.

El problema es que hay tres juicios: primero el de separación provisional, luego la separación definitiva y por último el de adopción definitiva, según explica Eduardo Cavalli, ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia de segundo turno.

“Según ordena la ley, el juez inicia un proceso y en la medida de lo posible tiene que intentar que ese niño quede con la familia biológica”, dice Cavalli.

Naciones Unidas sentencia que un niño está privado de su derecho a vivir en familia cuando no duerme con al menos uno de sus padres. Cuando esto no se logra se va al segundo escalón: la familia extensa, como abuelos, tíos o en casos excepcionales la familia política. “Lo último es declararlo en condición de adoptabilidad, porque se han constatado roturas con su familia biológica, que son imposibles de subsanar”, explica Cavalli.

Entonces como tercera opción el niño puede ir a una familia de acogida, y en cuarto y último caso el juez puede determinar que ese niño sea integrado en un hogar del INAU. En estos casos nunca se puede archivar el expediente: se tiene que seguir trabajando para lograr que su familia biológica, o la extensa, lo vuelva a acoger. De lo contrario, finalmente se declarará la adoptabildad.

Además de obligar por ley a hacer las valoraciones de familia en menos de 18 meses, la LUC hace otras grandes modificaciones. Una de ellas es permitir que el juicio de separación definitiva y el de adopción definitiva se den juntos. Para el ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, esta modificación es un notorio avance: “Antes de la LUC no era algo prohibido. Si bien no vi que ocurriera, escuché que muchos jueces estaban de acuerdo en hacerlo”.

Foto: Fernando Ponzetto
El ministro del Tribunal de Apelaciones Eduardo Cavalli plantea crear una defensoría del recién nacido, para dar más garantías. Foto: Fernando Ponzetto

¿Venta de niños?

La ley promovida por el gobierno dota de mayores libertades a los jueces, y este es precisamente el punto más criticado por especialistas y trabajadores de INAU. Cuestionan que un magistrado pueda prescindir de la selección de una familia adoptiva, realizada por el equipo técnico del INAU, para dar a un niño en adopción.

“Esto significa un grave retroceso para los derechos humanos en el país, ya que se está habilitando la adopción por familias que no han sido evaluadas, sino que han tenido al niño en una tenencia que puede ser de hecho”, opina Andrea Venosa, directora del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por el Frente Amplio. “Esto podría volver al antiguo intercambio de niños por condiciones materiales a las familias de origen, esto es, ventas de niños en forma encubierta valiéndose de las necesidades de muchas familias vulnerables”, agrega.

Esa es también una preocupación grande de la Asociación Uruguaya de Padres Adoptantes (AUPA). “Un niño no es un juguete, no es ‘me lo quedo porque es lindo y me gusta’. Creo que ya en muy poco tiempo lamentablemente vamos a comenzar a ver los efectos”, afirma Aurora Reolón, integrante de AUPA. La asociación apoya la recolección de firmas para ir a un referéndum contra la LUC, básicamente por sus artículos 403 y 404, porque considera que empeora el sistema actual de adopciones.

El ministro Cavalli dice que, en casos “muy especiales”, en los nueve años que lleva en el tribunal vio “muy pocas tenencias que culminan en adopción”. Y agrega: “Se da con niños que ya son grandes, o incluso adolescentes, y ellos ya pueden dar su opinión y llevan años integrados en esa familia”. El Código de la Niñez establece que la tenencia nunca puede terminar en procesos de adopción definitiva, a no ser en casos excepcionales establecidos por la normativa.

Los niños deben ser la prioridad, eso lo comparten todas las fuentes consultadas, pero para Venosa en esta discusión sobre los plazos no hay que perder de vista lo más importante: “La adopción es un instituto de excepción, que contempla el derecho de los niños a vivir en familia y no la de los padres a tener hijos”.

A su entender, las modificaciones en el sistema “persiguen satisfacer las necesidades de los adultos que quieren adoptar y no garantizar los derechos de los niños y sus familias de origen”. Para Cavalli, un cambio que daría garantías sería la creación de una defensoría del recién nacido. “Todo se puede volver muy engorroso y demora meses. Hay que tomar medidas especiales para velar por esos recién nacidos que están judicializados”, opina.

Desde la dirección del INAU se ven los cambios de la LUC como “modificaciones quirúrgicas al sistema”. Pero la AUPA señala que los poderes otorgados a los jueces pueden culminar en situaciones de “venta de niños”.

El otro punto es la identidad biológica de esos niños: el sistema previo a la LUC permitía que, luego de los 18 años, los niños pudieran recurrir a su historia: “Esto no está garantizado ahora. No se les puede negar el derecho a la identidad. No importa si luego querés o no, pero es tu derecho a saber quiénes son tus padres biológicos y en qué condiciones se dio tu nacimiento”, enfatiza Reolón. El tiempo dirá quién tiene la razón.

Los pasos del juez cuando da una adopción

¿Cuál es la decisión más importante que tiene que tomar un juez cuando un recién nacido queda en manos del Estado? En ese caso debe determinar si ese bebé está en condiciones de adoptabilidad, es decir si realmente se cortaron todos los lazos que lo unen con su familia biológica.

Una vez que se llega a la conclusión de que sí y se dicta una sentencia, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) comienza a buscar una familia que se adapte a la realidad del niño y viceversa. Esta familia tiene que estar de forma previa inscrita y valorada por INAU, y formar parte del Registro Único de Adoptantes (RUA).

Si bien el derecho a tener una familia está consagrada en el Código de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay, los niños también tienen el derecho de vivir con sus padres biológicos. Esta última será siempre la alternativa que la Justicia tiene que tomar en cuenta, aunque en primera instancia los progenitores no cumplan con los deberes inherentes a la patria potestad o manifiesten formalmente que no pueden o quieren hacerse cargo. A veces el escenario es peor: no se sabe quiénes son los progenitores o hay datos falsos. También en los casos donde la familia extendida —abuelos, tíos, hermanos— afirman no hacerse cargo, el juez debe buscar todos esos elementos para poder sentenciar que el niño está en condiciones de ser adoptado.

Así que ahí comienza la travesía de los niños. La Justicia tiene que determinar que la madre y el padre no pueden tener la patria potestad de su hijo, ni tampoco la familia extendida. Este proceso puede ser muy largo y complejo. Con padres que desaparecen por meses y luego se hacen presentes. También abuelos o tíos que se quieren hacer responsables pero en el proceso se enferman. Pero un niño nunca podrá ser separado de su familia biológica por problemas económicos.

El Estado debe velar porque la familia de origen tenga condiciones de integrar al niño, siendo la adopción siempre el último recurso, según consta en la Convención sobre los Derechos del Niño y de las Directrices de Naciones Unidas sobre las Modalidades Alternativas del Cuidado de los Niños.

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