Casupá: OSE pagó US$ 3,5 millones para expropiar primeros terrenos; inundarán campo que fue del padre de Artigas

Al abogado Mauricio Fioroni le llevó más de seis años concretar lo que parecía iba a ser un trámite bastante rápido: el asesoramiento a un par de productores rurales a los que OSE les quería expropiar los terrenos donde se pretendía instalar el obrador para la construcción de la represa de Casupá, en el límite entre los departamentos de Florida y Lavalleja. Fioroni representó a los propietarios de un campo de más de 400 hectáreas que, sobre el final del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, fue elegido para ocupar un lugar central en esa obra que pretendía ayudar a mejorar el abastecimiento de agua potable al área metropolitana.

Recordemos, Vázquez demoró en encarar una solución para la cuenca del Santa Lucía pero aceleró el tema al final de su gestión: el 23 de diciembre de 2019, cuando el país entraba en el cansino letargo veraniego, convocó a una conferencia de prensa junto a su prosecretario Juan Andrés Roballo en la residencia de Suárez. Allí anunció que entregaría a su sucesor, Luis Lacalle Pou, el proyecto para la construcción de la represa de Casupá, con un costo estimado en unos 100 millones de dólares (que cinco años más tarde subiría a 130 millones).

El gobierno de Vázquez ya había gestionado con el directorio de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, un préstamo para financiar la obra. Pero Lacalle Pou cambió el foco en este tema y, al salir de la pandemia, puso como prioridad la inversión en Arazatí, que tomaría agua del Río de la Plata. El llamado proyecto Neptuno.

Entonces el abogado y sus clientes quedaron con el negocio en suspenso, a medio cerrar. Pero, vueltas de la política uruguaya, el Frente Amplio regresó al poder el 1° de marzo de 2025... y desempolvó Casupá.

Foto: Ignacio Sanchez.

La obra, que se proyecta iniciar en 2027 y es uno de los proyectos más relevantes durante el gobierno de Yamandú Orsi, ubicará el embalse sobre el arroyo Casupá, afluente del río Santa Lucía, para reforzar la producción de la planta de Aguas Corrientes. Se proyectó una capacidad total de 118 millones de metros cúbicos, casi el doble de Paso Severino, la reserva actual más grande.

La expropiación de aquellos campos clave —que serán los primeros en inundar— ya estaba encaminada y con el nuevo directorio se retomaron las negociaciones. En enero pasado se acordó la expropiación de 380 hectáreas, ubicadas en los dos departamentos, por una indemnización total de más de 3,4 millones de dólares: 64.033,2 unidades reajustables por “concepto valor tierra” más 362.250 dólares por concepto de “construcciones e instalaciones”, según la resolución de OSE. Equivale a cerca de 9.000 dólares la hectárea. Este dato es clave en esta historia porque la resolución destaca que el valor indemnizatorio surge de las tasaciones efectuadas en su momento por las áreas técnicas, que “fijaron el valor tierra en 5.000 dólares la hectárea”.

Fioroni es experto en ordenamiento territorial y derecho ambiental. “Fue una negociación compleja y con algunas demoras un poco exageradas”, dice en su estudio en la Ciudad Vieja, porque entre otras cosas se tomó como base la tasación de la Dirección Nacional de Catastro de 2019, que estaba en unidades reajustables y en aquel entonces eran esos 5.000 dólares por cada hectárea. Habían pasado más de seis años y el abogado entendía que el valor en dólares había subido. Lo cierto es que, según supo El País, al principio OSE no se movía de su postura y seguía plantado en los 5.000 dólares, lo cual además era de por sí raro porque el Estado al expropiar suele establecer las tasaciones en unidades reajustables. Pero al final todo se resolvió a nivel administrativo y hubo humo blanco. “Fue una etapa cerrada satisfactoriamente para los propietarios, aunque ellos no tenían interés en que los expropiaran”, admite el abogado. “Avanzaron ante un proceso que venía con determinada continuidad desde 2019”.

Quedó pendiente la expropiación de otras 62 hectáreas de estos mismos padrones, que se concretarán en las próximas semanas, según supo El País.

Pero esto es solo el principio. Otros 42 productores seguirían el mismo camino. En ese grupo hay de todo: productores que están radicalmente en contra de la obra, otros a favor y muchos están dispuestos a negociar más allá de lo que opinen, lo dan como una cosa juzgada.

Se trata de la “nueva generación” de expropiaciones, cuya negociación arranca de cero. En total suman 102 padrones, porque algunos emprendimientos incluyen más de un padrón. El impacto alcanza a estancias de más de 1.000 hectáreas, a productores medianos de cientos de hectáreas y a pequeños de apenas 30 o 40 hectáreas. Solo a 22 les expropian el 100% de las tierras: a muchos les quitan solo una parte de sus terrenos pero suele afectar a las mejores porciones, las que están junto al agua.

En total el proyecto comprende 3.418 hectáreas, incluyendo el perímetro de la llamada zona buffer del embalse, una franja de vegetación delimitada alrededor del cuerpo de agua. El área de inundación comprenderá 2.126 hectáreas.

Foto: Ignacio Sánchez.

Cerca de la mitad de los 42 productores ya fueron notificados formalmente por OSE de la expropiación, dice a El País el presidente de la empresa Pablo Ferreri, y a la otra mitad el aviso “les llegará en breve”.

“Estamos trabajando en eso, de acuerdo a lo que indica la normativa”, explica Ferreri, quien considera que la represa es imprescindible pero también ha dicho que es consciente del “costado humano” de esta obra. El plan del organismo es que, aunque se logren acuerdos en los próximos meses, se permita a los propietarios usufructuar los terrenos hasta “algún momento de 2028, eso les dará previsibilidad para poder tomar decisiones”.

Pero hay problemas.

Los documentos que llegaron a esos propietarios también dicen que los valores de indemnización, considerando solo el monto referente a valor tierra, se realizaron “en función de la tasación original realizada por Catastro”, tal como pudo comprobar El País. Esa tasación fue realizada antes de 2020 y, como ya se ha dicho, asciende a 5.000 dólares la hectárea. Es una tasación genérica, más allá —por ejemplo— del índice Coneat, que clasifica la productividad de los suelos rurales.

Foto: Ignacio Sánchez.

Fioroni dice que la nueva etapa viene “muy complicada” porque se parte de una tasación de Catastro de 2019 “que no se actualiza”, y eso es lo que se notificó a los expropiados. Es un punto de partida equivocado, a juicio del abogado, “se les ofrece una cantidad que no los satisface y que es muy desproporcionada respecto a lo que ya se pagó en las primeras expropiaciones”. Se refiere a los 9.000 dólares por hectárea. En estos casos al “valor tierra” se le suele agregar en la negociación la “desvalorización del remanente del campo que queda” y si hubo “mejoras” en el predio, entre otros rubros.

A eso se suma una cierta falta de ejecutividad del organismo: “No hay respuesta de OSE ante los descargos que van presentando los expropiados, lo que genera un malestar y ansiedad importante; la gente tiene establecimientos en funcionamiento, su vida asentada ahí y necesita certezas”.

Una fuente cercana a las negociaciones dice que el problema es que el gobierno “alborotó el avispero” y ahora da largas, mientras que a ellos “no se les va la vida” pero sí quieren resolver para poder reestructurar el negocio. “Si quieren expropiar, que expropien ya”, es el sentir de varios (pero no de todos, ya veremos).

El propio Fioroni, el abogado del inicio de este artículo, representa a uno de los propietarios a los que les llegó la notificación de expropiación en marzo pasado. Entonces presentó un escrito reclamando que se le muestre cómo se llegó a la tasación de 5.000 dólares la hectárea. En un segundo escrito planteó cuánto vale hoy en dólares la tasación realizada en unidades reajustables en 2019 y además presentó un “plan B” haciendo un cálculo propio de la tasación, agregando mejoras que se habrían hecho a los terrenos en estos años. En ambos casos se llegó a casi 8.000 dólares la hectárea.

Pero no se obtuvo respuesta para ninguno de los dos escritos.

Cuando el 23 de marzo le llegó la notificación de la expropiación, la primera reacción de Pablo Tejón fue sorpresa. “Las autoridades de OSE que se venían comunicando con nosotros nos decían que nos iban a notificar cuando el informe medioambiental estuviera terminado”, dice en referencia a la autorización del Ministerio de Ambiente, que aún está en proceso. “Pero empezaron a ocurrir las notificaciones y los productores nos sentimos atropellados por esta situación”, cuenta Tejón, quien habló con otros vecinos y enseguida se asesoró con abogados.

Nadie tiene muy claro por qué algunos productores ya fueron notificados y otros aún no.

La segunda sorpresa para Tejón fue que el documento de notificación ya incluía un precio, 5.000 dólares la hectárea, cuando él tenía entendido que iba a ser una invitación a negociar. Eso es lo que había hablado con los técnicos de OSE que lo visitaron. Por eso, unas semanas después, el 14 de abril Tejón fue personalmente al edificio de OSE en Montevideo para responder con un documento donde recusó el precio estipulado. Si no lo hacía, se entendía que se daba por buena la propuesta.

En OSE le dijeron que el precio estipulado en realidad era algo así como un inicio de la negociación y que se comunicaría con él un grupo de agrónomos para hacer una tasación de las mejoras en el establecimiento. “Pero aún hoy, dos meses después, estoy a la espera de que me llaman esos técnicos, a ver si me pueden dar algunas de las respuestas que la gente de OSE no me ha dado”, dice Tejón y agrega que a él y tantos otros los une “el miedo y la incertidumbre”.

Lo de los 5.000 dólares por hectárea no le cierra por ningún lado, al igual que a muchos; le parece un precio “ridículo” y está dispuesto a dar batalla para conseguir algo mejor. Para empezar porque en la zona los campos valen entre 6.500 y 7.500 dólares la hectárea. “Me pareció un poco extraño que a todos nos hubieran ofrecido ese dinero: los terrenos son diferentes. ¿Cómo tenemos el mismo precio?”, pregunta. “Las tasaciones deben ser individuales. Hay vecinos míos, pobres, a los que el agua les inundará la casa”.

Dentro del perímetro a expropiar se perderían 17 viviendas, según un informe ambiental del período de Vázquez.

Foto: Ignacio Sánchez.

Los campos, se sabe, tienen partes buenas, partes regulares y partes malas. En su caso le expropiarán todo lo que está pegado al arroyo, unos seis kilómetros de costa que coinciden con sus mejores tierras. “Toda esa parte buena, la mitad del establecimiento, es la que me expropian. Lo otro que quedan son suelos con roca, que con suerte se pueden dedicar a fines de ganadería o para forestación. Hay zonas donde no puedo poner ni una maceta, no me crece nada”, dice Tejón, “me sacan la unidad productiva del establecimiento”.

La incertidumbre hace que deje de invertir en su campo. Hay “un frenate”, dice, “desde mediados del año pasado todo alambre que se me rompe en la zona a inundar, no lo cambio. ¿Para qué lo voy a reponer?”.

Tejón es dueño de 858 hectáreas y le expropiarán 436, todas en el departamento de Lavalleja.

El dato más curioso: la escritura original de su campo es de 1793 y perteneció a Martín Artigas, el padre de José Artigas. Tiene un documento que así lo indica. “Es una pieza de museo”, cuenta por WhatsApp después de enviar una copia.

Foto: Ignacio Sánchez.

Marcelo Graglia vive cerca de lo de Tejón y su terreno también será de los primeros en inundarse: le expropiarán 360 hectáreas. Pero, a diferencia de su vecino, no ha recibido la famosa notificación. Pero, adelanta, está dispuesto a resistirse: “No acepto que nos expatrien en nuestra propia patria”.

—¿Cómo se va a resistir?

—Y bueno, por ahora sensibilizando al sector político, a quien nos quiera escuchar, sobre el horror que se está haciendo. Y llegado un momento nos pararemos más en la cuchilla.

—Pero no entiendo. ¿Resistirse es aplicar medidas de lucha, de protesta, o más bien una batalla legal?

—Y… las dos cosas. Hay que darle agua al 60% de la población de Uruguay sí, lo sé. Pero no lo van a solucionar con esto. Y van a gastar un montón de plata.

En este y otros casos, llegado el momento la administración puede ir por la toma urgente de posesión, un mecanismo judicial rápido que permite a la administración expropiar un inmueble por causa de utilidad pública, autorizando la ocupación del bien antes de que se determine el valor definitivo de la indemnización. Pero, claro, eso debe ser aprobado por un juez; no es automático.

Los productores y sus familias, en el fondo, son rehenes de las idas y vueltas políticas. Algunos temen que esto se demore y que en 2029 venga un cambio de signo político y todo se vuelva a poner en el congelador. Otros tienen la firme esperanza de que eso suceda. El tiempo corre.