POLÉMICA REFORMA MILITAR

Aumento de generales y coroneles: ¿por qué el Estado puede recibir 50 demandas, según el gobierno?

Una vez más se discute el futuro de las Fuerzas Armadas. El ministro dice que puede haber juicios si la comisión de Presupuesto de Diputados no vota un incremento en la cantidad de oficiales.

Ejército.
El Poder Ejecutivo decidió volver a discutir la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Foto: El País.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Minutos después de asumir como comandante en jefe del Ejército, Gerardo Fregossi hizo una advertencia. El general se subió al estrado, aclaró la voz y, ante la mirada atenta del presidente Luis Lacalle Pou, en la ceremonia de asunción del 4 de marzo repasó los desafíos que tendría al frente de la fuerza de tierra. Los puntos eran varios y el tiempo, escaso. Por lo tanto, Fregossi se centró en uno de los temas que más le preocupaban por entonces: la implementación de la nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, promulgada en 2019 cuando el presidente era Tabaré Vázquez.

En desacuerdo con la reforma, el nuevo jefe castrense cuestionó lo que para él era una norma que obligaba a realizar “acciones de impacto profundo”. Estos cambios -aseguró en el acto- a largo plazo afectarían “la organización, funciones y motivación profesional” de los efectivos del Ejército.

Sin embargo, la decisión de volver a discutir la reforma había sido tomada tiempo atrás por la administración entrante. En el rol de senador de la oposición, Javier García había anunciado al final del pasado período legislativo que el Partido Nacional revisaría la ley si ganaba las elecciones nacionales de 2019. Tras el triunfo en las urnas de los blancos y sus coaligados, García fue designado ministro de Defensa y emprendió la tarea de definir cuáles serían las modificaciones.

La ronda de consultas que inició a mediados de este año para acotar la lista fue la novedad del proceso. Los comandantes de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército entregaron cada uno un informe justificando posibles cambios. Los documentos ahora están en manos de García, quien recibió a El País en su despacho de la sede del Ministerio de Defensa para explicar las modificaciones proyectadas.

Con un manojo de papeles, gráficas y planillas Excel desplegado sobre la mesa, el secretario de Estado defendió la propuesta y señaló que el “corazón” de la nueva reforma fue incluido en el proyecto de ley de Presupuesto. A partir de este martes el texto se votará en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados.

De la veintena de enmiendas incluidas allí, hubo una que se impuso sobre el resto en el debate parlamentario: el cambio en la cantidad de oficiales que integran los escalones más altos del mando de las Fuerzas Armadas, al que el ministro se rehúsa a catalogar como un aumento. “No puede subir lo que nunca bajó”, aseguró García a El País.

La discusión semántica sobre lo que implican los artículos 113 y 114 del proyecto de ley responde a que, desde 2019, a partir de la aprobación de la reforma, está en curso la reducción progresiva de la cantidad de oficiales generales y superiores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El proceso debería terminar en 2022, pero si el Parlamento aprueba las disposiciones del Poder Ejecutivo, buena parte de esos cambios quedará por el camino.

La administración de Lacalle Pou propone que el Ejército tenga ahora 14 generales -en vez de 12, la cifra que se fijó en la ley votada en el gobierno de Vázquez- pero mantiene la cuota de oficiales generales proyectada para la Armada y la Fuerza Aérea, que quedarán con siete contralmirantes y seis brigadieres generales respectivamente.

En el caso de los oficiales superiores, el cambio sería más acentuado. El Ejército tendría un máximo de 156 coroneles; la Armada, un límite de 82 capitanes de navío y la Fuerza Aérea hasta 47 coroneles aviadores. La norma vigente obliga a las fuerzas a llegar a un tope de 130 coroneles, 76 capitanes de navío y 45 coroneles aviadores en 2022.

Para el ministro de Defensa, el principal argumento del incremento es que la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas debe asegurar el cumplimiento de las misiones ya establecidas. Los 14 generales del Ejército, por ejemplo, tienen funciones específicas en alguna de las divisiones de la fuerza de tierra o en los servicios dependientes. Entonces, si se redujera la cuota a 12 -aseguró-, no habría un oficial de alto mando para desarrollar esas tareas.

A ello se suma que el Estado podría recibir cerca de 50 demandas si no desanda el camino impuesto por la reforma, según García. La ley orgánica del Ejército -que debe ser reformulada antes de julio de 2021- indica que un porcentaje de los tenientes coroneles puede ascender al grado de coronel por antigüedad, pero este punto no podrá ser cumplido si se quiere llegar a la meta de 130 oficiales superiores en dos años debido a la cantidad de funcionarios que actualmente están en condiciones de ser promovidos de esta forma. Y, como la nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas establece que la reducción progresiva no puede vulnerar “los derechos adquiridos del personal militar”, el gobierno teme que los afectados recurran a la Justicia.
La enmienda propuesta por el Poder Ejecutivo no tiene el respaldo de todos los partidos representados en el Parlamento. Los artículos despertaron críticas de la oposición y también discrepancias en la interna de la coalición de gobierno.

El Frente Amplio está dispuesto a volver a discutir la cantidad de oficiales, pero pide que el debate se dé en una instancia aparte, sin los tiempos acotados y la amplitud de temas de la discusión presupuestal.

El diputado comunista Gerardo Núñez, quien preside la comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Representantes, dijo a El País que el gobierno no ha sabido explicar las “necesidades objetivas” de limitar el alcance de la ley de 2019. Por eso cree que es necesario volver a preguntarse cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, lo que permitirá calcular cuántos oficiales efectivamente se necesitan.

Asunción de comandante Gerardo Fregossi.
Cuando asumió, Gerardo Fregossi reclamó cambios en la nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Foto: El País.

La tarea de reformular la ley orgánica militar estaba pendiente desde 2010, cuando el Parlamento aprobó por unanimidad la ley marco de Defensa Nacional tras cuatro años de debate. Pero la discusión recién inició en 2018. En aquel momento el presidente Vázquez remitió al Parlamento el proyecto de ley.

La propuesta del Poder Ejecutivo se acercaba a la que ahora está siendo discutida, ya que limitaba el mando del Ejército a 14 generales y 145 coroneles. Sin embargo, algunos sectores de la coalición de izquierda entendían que se podía ajustar aún más la cuota, y así llegaron al número que el gobierno de Lacalle Pou ahora quiere modificar.

Núñez aclaró que con ello no se buscó “poner en tela de juicio” el rol de los oficiales, sino priorizar las misiones “fundamentales y esenciales” de las Fuerzas Armadas para no seguir incrementando su volumen.

El ministro de Defensa, por el contrario, llega a la misma conclusión que cuando ocupaba su banca en el Senado y se dio esta discusión: que el Plenario del Frente Amplio acordó ese número “en una rebatiña, sin ningún criterio profesional, como si fuera un remate”, “en virtud de una disputa o tironeo” entre los distintos sectores que lo componen.

Pero el respaldo a la propuesta del gobierno tampoco es unánime dentro del bloque oficialista, representado en el Parlamento por legisladores de los cinco partidos de la coalición. Se oponen el Partido Independiente y el Partido de la Gente, que -al tener un solo diputado cada uno- son socios minoritarios y cuentan con menos peso que el Partido Colorado y Cabildo Abierto, los principales aliados del Partido Nacional.

Daniel Peña, el diputado del Partido de la Gente, dijo a El País que no está previsto modificar en la comisión de Presupuesto la redacción de los artículos, por lo que mantiene su decisión de no votarlos así como fueron redactados. La bancada oficialista se reunirá este sábado para intentar acordar los cambios al proyecto de ley y hasta anoche el tema seguía siendo discutido por los diputados.

Una discusión que viene desde la dictadura

El compromiso de revisar la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas fue recogido de manera genérica en el acuerdo programático de la coalición, sin explicar qué puntos se modificarían. Ese es el argumento del diputado del Partido Independiente Iván Posada para explicar por qué no incumple una promesa electoral si no acompaña el aumento de oficiales. Posada ya consideraba que la reducción aprobada en el pasado período había sido “muy tímida”. Su rechazo está ligado al aumento de los altos mandos durante la dictadura, que según dijo supuso que al retornar la democracia las pirámides jerárquicas quedaran con más militares que los que se necesitan.

Redefinición de las misiones.

Para el magíster Santiago Arca Henón, especialista en seguridad nacional y defensa, este tema requiere un debate mucho más profundo y con mayor participación que el que permite la discusión del presupuesto quinquenal. “Lo que el gobierno actual está haciendo ahora no es nada distinto a lo que hizo el Frente Amplio en su momento, cuando redujo arbitrariamente los números”, opinó.

El centro de la discusión, a su juicio, no debería ser la cantidad de oficiales que se fije, sino la necesidad de acordar una política de Estado que, en la medida de lo posible, sea respaldada por todos los partidos. El especialista apuntó que es necesario volver a discutir la ley orgánica militar, poniendo bajo la lupa otros aspectos que determinan más el papel de las Fuerzas Armadas que la cuota de oficiales en cada fuerza. Un posible primer paso es la revisión de las misiones que ellas cumplen: “Hablamos de la cantidad de efectivos que tiene el Ejército Nacional, pero no hablamos de dónde están o qué tareas están haciendo”, resumió.

A grandes rasgos, las misiones militares se pueden clasificar en primarias y secundarias. Las primarias están asociadas a la capacidad bélica para responder a un ataque armado. Y las secundarias al cumplimiento de las leyes y convenciones internacionales, así como al apoyo comunitario. Con el paso del tiempo ambos tipos de misiones cambiaron en la mayoría de los países, en sintonía con los desafíos del mundo moderno.

Sin embargo, Arca explicó que en Uruguay cierta parte del despliegue territorial de las unidades militares data del siglo XIX: “Hoy en día no podemos concebir un Ejército que tenga una distribución geográfica basada en intereses estratégicos y posibles amenazas de esa época”.
Las potenciales amenazas son otras en el nuevo escenario, y en consecuencia surgen nuevas preguntas. ¿Por qué no hay militares custodiando el río Santa Lucía, las plantas de OSE o el data center de Antel en Canelones? Ante la escasez de recursos, ¿las Fuerzas Armadas deberían incrementar el material bélico, o potenciar las misiones de seguridad en el espacio aéreo? El magíster entiende por ejemplo que, para adaptar la estrategia de defensa a las necesidades actuales, las armas de Comunicaciones e Ingenieros del Ejército deberían cobrar más protagonismo.

La redefinición de las misiones de las Fuerzas Armadas no es una tarea sencilla, según el especialista, porque dentro de la institución militar hay “intereses muy fuertes” que tienden a preservar el orden establecido. Además, la discusión toca aspectos sensibles como el tamaño de las fuerzas y la distribución de los recursos económicos.

“Pero si en vez de dar ese debate nos centramos en la discusión de números que parecen bastante arbitrarios, lo que terminás alcanzando no es una reforma militar: es simplemente un cambio en la cantidad de militares”, sentenció Arca, quien en las pasadas elecciones nacionales asesoró al sector Ciudadanos del Partido Colorado.

propuesta

Quieren crear dos nuevos liceos militares

Una idea que está en el tintero es la creación de al menos dos nuevos liceos militares. El lineamiento de austeridad que el gobierno fijó para el Presupuesto frenó esta promesa de campaña del Partido Nacional, pero García dijo que, si los demás integrantes de la coalición están de acuerdo y si la coyuntura económica lo permite, le gustaría volver a poner el tema en agenda. El partido de gobierno, por lo pronto, cuenta con el respaldo de uno de sus socios. En la campaña, Cabildo Abierto propuso la construcción de dos nuevos liceos: uno en el este y otro en el oeste del país. La fuerza política argumentaba que los centros ampliarían la oferta educativa ya existente, que de momento se limita a dos liceos, en Montevideo y en Tacuarembó. “Es una oferta educativa de excelente nivel y muy requerida”, argumentó el ministro. “Las anotaciones se superan ampliamente año a año, lo que habla de que hay muchas familias que quieren que sus hijos estudien allí”, indicó.

Búsqueda de acuerdo.

En todo el arco político hay consenso sobre la necesidad de fijar una política de Estado en materia de defensa que trascienda los cinco años de cada período de gobierno. Luego de asumir como ministro, García se propuso recorrer ese camino e inició una ronda de reuniones con los siete partidos que están representados en el Parlamento.

Para el secretario de Estado, las Fuerzas Armadas deben tener un rol protagónico en las políticas sanitarias, sociales y de seguridad, además de cumplir con los cometidos tradicionales de protección. “Pensar en la defensa en términos de guerra fría, de la mitad del siglo pasado, me parece anacrónico y absolutamente alejado de la realidad de Uruguay. Nosotros no necesitamos Fuerzas Armadas para hacerle la guerra a nadie, me parece una tontería plantearlo en esos términos”, afirmó García.

La emergencia por el COVID-19 tuvo como consecuencia una mayor exposición del ministro de Defensa y de las tareas que cumplen el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. A tres días de que se declarara la alerta, se estrenó la misión de patrullaje en frontera, que facilitó el despliegue de controles sanitarios y el traslado de pacientes y de médicos en las zonas limítrofes. Esta norma de 2018 es resaltada por García al describir cómo deberían ser las Fuerzas Armadas que anhela.

En la oposición, en tanto, hay distintas visiones sobre el tema, con mayor o menor apertura al diálogo y más o menos puntos de encuentro. Núñez, por ejemplo, es partidario de priorizar las misiones primarias en lugar de concentrar recursos en las secundarias.

“Creo que las Fuerzas Armadas deberían estar preparándose para un escenario que uno nunca quiere que se genere: una defensa de carácter nacional dirigida a combatir algún tipo de agresión o defender los recursos”, explicó. “Lo que se va viendo en el transcurso de este gobierno es que las misiones más secundarias van asumiendo mayor relevancia, entonces van quedando relegadas las más importantes”, dijo el diputado comunista.
¿Es posible profundizar en un marco normativo común? ¿En qué se refleja la búsqueda de acuerdos en materia de defensa?

Javier García en la frontera. Foto: El País.
El ministro Javier García en la frontera. Foto: El País.

El presidente de la comisión de Defensa cree que “hay elementos” en los que es posible avanzar, aunque augura que el margen para dialogar será “muy escaso” si el gobierno concibe que la seguridad interna es una de las misiones esenciales de las Fuerzas Armadas.

El ministro de Defensa, en tanto, señaló que se propone “bajar los muros” que distancian al oficialismo de la oposición, dándole mayor participación al Frente Amplio y al resto de los partidos en las decisiones que adopta. Un primer paso será la creación de un comité de seguimiento para controlar la ejecución de un nuevo fideicomiso, a partir del que se sacarán recursos para reponer el equipamiento de la Armada Nacional.

La fuerza del mar recaudó en 2019 alrededor de 14 millones de dólares por diferentes tasas de tráfico marítimo, de los cuales seis millones quedaron en la Armada. La idea es volcar esa recaudación a un fideicomiso que está siendo negociado con la Corporación Nacional para el Desarrollo, que al generar un patrimonio independiente del Ministerio de Defensa no incrementará la deuda pública.

Según un estudio primario, el valor del fideicomiso podría ascender a 137 millones de dólares en 30 años, por lo que el comité multipartidario se encargaría de controlar en qué se invierte el dinero.

El peso de los militares.

Hay una discusión que subyace a la nueva revisión propuesta: cuánto se tuvo en cuenta la opinión de los militares el año pasado, cuando la ley orgánica fue reformada por primera vez desde que se reinstauró la democracia.

En el anterior período legislativo, con los roles de oposición y oficialismo invertidos, algunos dirigentes de los partidos tradicionales señalaron que las modificaciones realizadas no respondían a criterios profesionales.

García, un fiel defensor de ese argumento, suele apelar a la misma analogía cada vez que le preguntan si corresponde consultar a los militares sobre los cambios que podría impulsar el Ministerio de Defensa: ¿alguien emprendería una reforma del sistema de salud sin tener en cuenta la opinión de los médicos?. El titular de Defensa calcula que negarse a escuchar los aportes sería “una señal de prejuicios o de muy poca inteligencia política”. Para el jerarca, la política de Estado es “una arquitectura legal que tiene que nacer de lógicas, no de prejuicios políticos ni de decisiones que no responden a lo que se está exigiendo y a las misiones de las Fuerzas Armadas”.

Arca, en cambio, advirtió que el involucramiento de los militares en la renovación de las Fuerzas Armadas es un tema complejo y sensible. Porque, por más que haya otros profesionales que podrían aportar al debate, históricamente “la política uruguaya ha tenido la mala costumbre de creer que los militares son los únicos expertos en temas de defensa”.

El razonamiento parte de la base de que, más allá de las intenciones de los asesores, la información que reciben los dirigentes “muchas veces termina teniendo el sesgo de lo militar”. Y como en la mayoría de los casos los consejos vienen de oficiales de alto rango, por desconocimiento se terminan consolidando ciertos intereses institucionales, en vez de darle prioridad a las necesidades objetivas en materia de defensa.

Este sesgo no conoce de banderas partidarias: se reitera casi sin quererlo y sin importar la orientación política de los involucrados, según Arca. El magíster recordó que hay decenas de civiles formados en el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) -una institución pública que ofrece la maestría en Estrategia Nacional y otros cursos de extensión académica- que podrían ofrecer una visión diferente e independiente.

En este escenario, Cabildo Abierto cobra un rol protagónico. El excomandante en jefe del Ejército y actual senador, Guido Manini Ríos, incursionó en política con la promesa de buscar “justicia” para la institución militar y los más desprotegidos. Su círculo de confianza está compuesto por otros militares retirados, algunos de los cuales ahora ocupan puestos jerárquicos en el gobierno, como es el caso del coronel retirado Rivera Elgue, hoy subsecretario de Defensa.

Al negociar en el seno de la coalición de gobierno las prioridades para el Presupuesto, Cabildo Abierto puso sobre la mesa la fijación de una nueva escala salarial para las Fuerzas Armadas, que había sido prometida en el acuerdo programático establecido el año pasado entre los partidos.

El Partido Nacional en parte cumplió con ese compromiso: el proyecto de ley propone incrementar 2,5% los salarios del personal subalterno, que son los funcionarios públicos que menos ganan, con la posibilidad de fijar nuevos aumentos en futuras rendiciones de cuentas.

No obstante, la propuesta es insuficiente para los dirigentes de Cabildo Abierto, que en la discusión parlamentaria pedirán que el aumento salarial también contemple a otras jerarquías militares además de las cuatro más sumergidas, que son los soldados, los cabos de primera, los cabos de segunda y los sargentos.

Según dijeron fuentes partidarias a El País, la coyuntura económica hará que el aumento propuesto no alcance para superar la inflación y que, en el caso de los militares que no están contemplados, incluso experimenten una rebaja salarial. durante el próximo año.

La idea que le rechazaron a Cabildo Abierto

Hay varios puntos que distancian a los diputados blancos y cabildantes en la discusión del proyecto de ley de Presupuesto del gobierno de Luis Lacalle Pou. De hecho, el director general de Secretaría del Ministerio de Defensa, Fabián Martínez, confirmó esta semana a Búsqueda que el ministro de Defensa Javier García rechazó una propuesta concreta de su socio en la coalición: modificar la ley orgánica para que los militares en ejercicio puedan ocupar cargos en la administración pública. “Haberlo aceptado hubiera significado politizar las Fuerzas Armadas”, indicó Martínez. La idea contaba con el apoyo del subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, y de Cabildo Abierto, según el semanario.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados