La policía en los estadios: la tensión que “prostituye el deporte” y el proyecto que busca ponerle fin al tema

Una fila de cuatro policías con cara de pocos amigos, escudados por otro de tez morena, algo más simpaticón, y que parecía tener una mayor autoridad en la escala jerárquica, le demoraron la salida por unos largos y acalorados minutos a una porción minúscula de periodistas que habían ido a trabajar al Estadio Luis Franzini para cubrir el partido entre Defensor Sporting y Nacional, que se jugó a principios de marzo. Ovación fue testigo de los hechos:

—Soy periodista, permiso —se presentó un profesional reconocido, al que es habitual verlo de recorrida en las canchas.

—No, no puede pasar.

—Permiso, permiso, (mostró el carnet de AUF) —repitió, sin suerte.

—No están dejando pasar. Es increíble —le advirtió uno de sus colegas.

—¿Cómo que no? Tengo que seguir trabajando. Permiso, permiso —intentó una vez más.

—No puede pasar, señor. Es orden del jefe del operativo.

Al cabo de un rato, una montonera quedó aglomerada sobre la puerta de la Tribuna Punta Carretas. Hinchas de Defensor -malhumorados- por un lado, después de que su equipo no sostuviera una ventaja de 3-1 y terminara empatando; sumado, por otro, a periodistas, a los que tampoco dejaban salir y quemaron los últimos cartuchos de su paciencia presentando en vano su carné identificatorio.

Hasta que en un momento, la inocente salida con éxito de un camarógrafo de Tenfield, que pidió disculpas antes que permiso, dejó al oficial en evidencia. La voz de mando -ya no tan de mando- cedió con unos cuantos colegas más, entre los que apareció cabizbajo y con un dejo de vergüenza el histórico Alberto Kesman.

Los retenidos, por ese entonces, ya habían masticado su bronca por dentro y le hicieron saber al hombre que estaba actuando de “títere”. Solo se ganaron una sonrisa irónica como devolución de su parte.

El episodio solo es uno más entre las decenas de irregularidades que vive el fútbol uruguayo en relación a la seguridad de cada fin de semana. En esa ocasión, como otras tantas veces pasa los estadios, no había una instrucción definida y la discriminación para habilitar el paso era de acuerdo al criterio del propio oficial.

En el partido clásico del Viernes Santo, donde todo, en teoría, estaba coordinado mediante un operativo de seguridad que empezó dos días antes, fue aún peor. Hinchas heridos, un ómnibus apedreado y dos presidentes que salieron a chicanearse públicamente, pasando la pelota de las responsabilidades de un lado para el otro, resumieron un nuevo desenlance en el que fue más fácil encontrar perdedores que ganadores.

Foto: Juan Manuel Ramos.

Lo decía una columna publicada por el periodista Sergio Gorzy a fines de febrero, antes de que estos episodios se extrapolaran a otra agresión: la que sufrió el línea Federico Piccardo en el Parque Viera, donde no hubo una sola imagen clara para asignar responsabilidades: “Otra vez la misma imagen: guardias de seguridad superados, haciendo gestos de calma sin atinar a más nada, y la Policía entrando cinco minutos después, lo que en estas bataholas significa llegar tardísimo”.

A falta de una fórmula mágica, los capítulos deportivos continúan y la negligencia de las autoridades flota sin ganar terreno. Los operativos de seguridad, si bien son comandados por una comisión especial que recibe recomendaciones del Ministerio del Interior, siguen tropezando con la misma piedra.

Como bien dice Gorzy, los clubes que ejercen la localía son los encargados de pagarles a guardias privados para que actúen como agentes de prevención en caso de disturbios. Sin embargo, la ley dice que no tienen derecho a reprimir y esa tarea le compete a la Policía, lo que a efectos prácticos de un conflicto los convierte en simples testigos.

“La guardia privada en Uruguay no es profesional. Por supuesto que no puede portar armas, pero frente a un hecho de violencia es difícil que pueda parar a los violentos. Creo que ahí hay un debe en hacer cursos y preparar a más gente. No es un plan que esté definitivo; hay mucha rotación”, reconoció el secretario de Deportes, Sebastián Bauzá, que dejó su cargo como presidente en la AUF, en 2014, luego de la decisión momentánea del entonces gobierno de José Mujica de retirar a las fuerzas policiales de los escenarios deportivos.

El expresidente, consultado por Ovación casi 10 años después de aquel suceso, se expresó al respecto: “Yo pienso que si a la seguridad en una tribuna de fútbol la tenemos que asegurar coercitivamente, en base a una brutal presencia policial, estamos fritos. No puede ser que como ciudadanos seamos tan incapaces y hayamos caído en esta forma tan desvirtuada de la pasión deportiva”.

Sobre esta profunda problemática viene advirtiendo desde 2021 Rafael Peña, jefe de Seguridad de la AUF, quien realizó un informe extenso remarcando la necesidad de establecer “medidas ejemplarizantes” para frenar las agresiones y evitar futuras tragedias.

Incluso, se mostró partidario de promover la vuelta de la Policía a las tribunas, en caso de que sea necesario. “Si la solución es esa, la buscaremos”, dijo a Sport 890.

Desde la aprobación de la LUC (Ley de Urgente Consideración), se implementó un artículo que habilita el ingreso policial con autorización previa. El protocolo establece que la Policía se encarga únicamente de la seguridad afuera de los estadios, pero puede ser convocada por el oficial de cumplimiento (jefe del operativo asignado por el Ministerio del Interior) si este detecta un hecho de violencia.

La curva del agravamiento se vuelve a ensanchar cuando Peña toma la palabra y expone las falencias: “Hemos observado en algunos partidos demora de reacción por parte de la Policía”.

Foto: Estefanía Leal

A sus 88 años, alejado del Parlamento, pero aún cerca de la política, el expresidente José Mujica dice saber más de lo que en realidad “puede” decir. “No quiero decir todo lo que sé... Como no puedo contribuir a solucionar nada, prefiero callármela por ahora”, dijo tras apuntar duramente contra una buena parte de los dirigentes deportivos. Su opinión engloba a esa parte de la dirección del fútbol que “ha dejado florecer mecanismos como las barras bravas”, que generan un “espíritu antideportivo” que, a su juicio, contradice la esencia del deporte. “Es una diversión popular por encima de toda cosa y quienes juegan al fútbol y lo hacen profesionalmente no pueden olvidar que en el fondo, por más que sea un instrumento para ganarse la vida y prosperar económicamente, es un juego y, como tal, no es una guerra. Entonces, estamos torciendo el sentido de fiesta popular. Parece mentira que los pueblos antiguos tenían ciertas cosas más claras que nosotros. Los griegos inventaron las Olimpíadas. Y estaban en guerra, paraban y hacían la Olimpíada. Después seguían la guerra. ¡Pero paraban la guerra para hacer la fiesta deportiva! Y yo veo una tensión en el fútbol, en la hinchada, que, sinceramente, prostituye el sentido del deporte”. Consultado por posibles soluciones, el Pepe reconoció su inexpertiz en la materia: “¿Cómo se sale? No tengo idea. Creo que en Inglaterra aplicaron un método, por un lado coercitivo y por otro inteligente (con los hooligans). Los lograron frenar. Ahí hay un camino. Tal vez existan otros. Pero no lo veo como un tema de preocupación para la dirección deportiva”.

El estilo presidencial que ha adoptado Luis Lacalle Pou posicionando a Uruguay como uno de los próximos embajadores del Mundial 2030 da pruebas de que nuevamente un presidente uruguayo -en este caso reconocido hincha de Nacional y de Boston River- tiene interés profundo por el deporte de la redonda.

Ya lo habían demostrado así sus antecesores Tabaré Vázquez -presidente del Progreso campeón uruguayo en 1989- y José Mujica -un hincha de Cerro que ya no va más al estadio para no ser “jettatore”-. Recientemente, otro de los políticos que se embanderó con la causa fue el diputado nacionalista Pedro Jisdonian, quien presentó un proyecto de ley para erradicar la violencia en el deporte, que permite, a través de la legislación darle “nuevos instrumentos a los fiscales y jueces” para que puedan actuar ante hechos de esta índole.

“La solución pasa por identificar a la persona. Lo que ha faltado son las herramientas para poder identificar a quienes son los que hacen los siniestros dentro del estadio. Hoy en día hay cámaras en el Campeón del Siglo, el Centenario y el Parque Central nada más. Desde el momento en que vos no tenés la posibilidad de identificar a los que cometen los desmanes, después es muy complicado sancionarlos. Hemos comprobado que hasta que no saquemos a los violentos de adentro de los escenarios van a seguir habiendo hechos de violencia. La única forma es identificándolos y poniéndolos en la lista negra. Y cuando los delitos sean lo suficientemente graves como para aplicarles lo que determina el Código Penal, si tienen que ir presos, irán presos”.