El conflicto entre dos empresas que operan viajes fluviales a Buenos Aires en el puerto de Montevideo es expresivo sobre la incapacidad del gobierno para definir políticas claras. El propio gobierno concedió el permiso a una nueva empresa para conectar Montevideo con la capital argentina, pero como otra empresa previa se asume como dueña del único muelle operativo para ese tipo de buque, no le permite a la otra usarlo. ¿No se pensó en esto desde el gobierno al autorizar?
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