Una ley para no usarse

El lunes, tras el Consejo de Ministros, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció que el gobierno enviará al Parlamento una nueva causal jubilatoria: retiro a los 60 años con 30 de aportes. Lo llamativo no fue el anuncio sino la defensa. El propio Poder Ejecutivo se apuró a aclarar que quien se acoja a la causal cobrará una jubilación menor, que no podrá volver a trabajar formalmente y que habrá fuertes incentivos para seguir en actividad hasta los 65. Gracias a ese diseño, asegura, el costo fiscal será insignificante.

Dicho sin eufemismos: la principal virtud que el gobierno le encuentra a su propia ley es que casi nadie la va a usar. Cuando una norma se defiende así, no estamos ante política previsional; estamos ante el pago de una deuda con la tribuna propia.

Porque sobre el fondo del asunto hay poco para discutir. Uruguay envejece más rápido de lo que se preveía: cada proyección trae menos nacimientos y más años de vida, un escenario incluso más exigente que el que motivó la reforma de 2023. Por eso en las últimas dos décadas decenas de países, de España a Dinamarca pasando por Francia, que lo hizo con las calles incendiadas, elevaron sus edades de retiro. Ninguno con nuestra demografía la baja, y no existe experiencia exitosa en la que los incentivos, por sí solos, hayan logrado postergar la jubilación. A todo esto se suma algo más grave: la ciudadanía ya habló. La jubilación a los 60 era el corazón de la papeleta que los uruguayos rechazaron en octubre de 2024. Lo que no entró por el plebiscito ahora pretende entrar por la ventana de una ley.

Tampoco resiste análisis el relato sobre sus beneficiarios. La causal se presenta como un alivio para quienes no llegan a los 65, para los trabajos extenuantes, para los ingresos bajos. Pero reunir treinta años de aportes a los 60 exige una vida laboral formal casi ininterrumpida, que es justamente lo que distingue a los trabajadores de mayores ingresos. Las trayectorias de los más humildes están atravesadas por la informalidad y las interrupciones, y rara vez acumulan esos años a esa edad. Para los trabajos realmente penosos la reforma de 2023 ya previó excepciones, como hacen los países serios. Esta ley no está escrita para el peón rural; está escrita para el discurso.

Hay además un reconocimiento involuntario que merece registrarse. ¿Cómo piensa el gobierno desalentar el retiro anticipado? Estableciendo que quien se jubile a los 60 perciba lo que le hubiera correspondido antes de la ley 20.130, resignando el suplemento solidario con el que la reforma mejoró especialmente las jubilaciones más bajas. Léase despacio: el castigo por usar la nueva causal es volver al régimen anterior a la reforma de Lacalle Pou y Saldain. Si cobrar lo de antes funciona como amenaza, es porque con la reforma se cobra más. Nunca el Frente Amplio le rindió un homenaje tan sincero a la ley que prometió derogar: la convirtió en el premio por no usar la suya.

Nadie conoce mejor todo esto que el ministro de Economía. En 2023, Gabriel Oddone declaró que hubiera aconsejado a la bancada del Frente Amplio votar la reforma jubilatoria, y agregó: “lo escribí y lo volvería a hacer; si eso me aparta de la oportunidad de ocupar un lugar de gobierno, no me voy a arrepentir”. En diciembre de 2024 sostuvo que la edad de retiro se mantendría en 65, y el presidente electo lo corrigió en público recordándole quién manda. En mayo llamó “temerario” a quien dudara de la sostenibilidad del sistema. El lunes, el comunicado llevó la firma de su ministerio, pero el anuncio, y el rédito político, fueron de Sánchez. La división del trabajo quedó a la vista: el ministro aporta la credibilidad y otros cobran el trofeo político. Oddone sabe que esta ley está mal. Precisamente porque lo sabe, ayudó a diseñarla para que no se use y así lo explicará en privado cuando lo consulten por el tema.

El problema es que las leyes para no usarse también cuestan. Creada la causal, la presión siguiente será mejorarla: el PIT-CNT lo anunció la misma noche de su derrota, cuando prometió que la lucha seguía. En la historia previsional uruguaya los beneficios se otorgan con una firma y se corrigen con décadas de desgaste; la reforma de 2023 costó un capital político enorme que esta ley empieza a devolver en cuotas. Un gobierno serio no legisla para la hinchada. Y una ley cuya mejor defensa es que nadie la usará es una ley que no debió escribirse.