Sommeliers de la inversión

El martes 22, en una cena con inversores en Nueva York, el presidente Yamandú Orsi hizo un pedido poco habitual: “Conversen con nuestros equipos y dígannos también, con franqueza, qué debemos hacer mejor”. Ese mismo día The New York Times informó que Praxis, una comunidad tecnológica vinculada a la inteligencia artificial, había elegido Uruguay para instalarse en +Colonia, con una inversión proyectada de mil millones de dólares y unas 2.500 personas dispuestas a mudarse. La franqueza que el presidente pedía afuera llegó rápido, pero desde adentro. Un edil del Frente Amplio de Colonia advirtió sobre una “ciudad cerrada” con “posiciones ultraconservadoras”. Desde organizaciones y ámbitos académicos se habló de “extractivismo inmobiliario”. Y el mismo edil recordó que, cuando Orsi recorrió las obras con legisladores del departamento, eso “no nos cayó muy bien”.

Ahí están, copa en mano, los sommeliers de la inversión. Huelen, giran el vino, lo miran a contraluz y lo devuelven porque no les convence la etiqueta. Que a un edil le caiga bien o mal una recorrida presidencial no es un dato sobre el futuro económico de Colonia; es un estado de ánimo, y no le importa a nadie más que a él. El “extractivismo inmobiliario”, por su parte, es un concepto que nadie termina de definir y que tiene la curiosa propiedad de aplicarse a alguien que viene a traer dinero, no a llevárselo.

Conviene conceder lo que hay que conceder. Praxis es un proyecto extraño. Su fundador, Dryden Brown, un exsurfista de 30 años, habla de construir la ciudad del mundo posterior a la inteligencia artificial, y el propio Times lo describió como alguien de muchas promesas y pocos detalles. El acuerdo con +Colonia es en gran medida no vinculante y las tierras todavía no se compraron. Exempleados le atribuyeron ideas autoritarias y racistas, acusaciones que él rechaza. Esa no es ni debería ser nuestra discusión, el Uruguay no debe ponerse a hacer ese tipo de evaluaciones sobre la polémicas ideológicas de un empresario con sus empleados.

Lo que sí está en discusión es la posición desde la que se juzga. Uruguay invierte alrededor del 16% de su producto, un nivel bajo incluso para la región, según recordó hace dos semanas el Banco Mundial. En el primer trimestre la inversión cayó a su nivel más bajo desde la pandemia. La mayor inversión privada jamás propuesta al país, la de HIF, lleva más de dos años trabada. Ese es el país que ahora se da el lujo de examinar si le gustan la estética, las ideas o el estilo de vida de quien quiere invertir mil millones de dólares en él.

Hay además algo más grande en juego. La inteligencia artificial va a cambiar la forma en que se trabaja, se produce y se enseña en todo el mundo, Uruguay incluido. Pero las decisiones que definen esa transformación se toman en California, en Shenzhen, en un puñado de laboratorios y fondos donde Uruguay no tiene voz ni voto.

Nada de lo que hagamos aquí va a modificar ese rumbo. Lo único que podemos decidir es si estamos cerca de los flujos de talento y capital que lo mueven o si lo miramos pasar desde lejos. El propio Orsi pareció entenderlo cuando, en Nueva York, ofreció a Uruguay como centro regional confiable para el desarrollo de esa tecnología. Un país que despide cada año a jóvenes calificados que se van a buscar oportunidades afuera no debería recibir con desconfianza a miles de personas que quieren venir a vivir aquí.

¿Significa esto que Uruguay debe aceptar cualquier cosa? No. Significa que el filtro tiene que ser el correcto. Uruguay no pide certificado de ideas a quien se instala en su territorio, ni debería empezar a hacerlo. Pide cumplir la ley.

Y la ley rige en El Calabrés exactamente igual que en Artigas o Montevideo: las normas laborales, las ambientales, las que castigan la discriminación. Brown se comprometió a operar dentro del sistema legal uruguayo, y el desarrollador del predio fue más gráfico: “Vamos a ser lo mismo que cualquier localidad”. Si alguna vez no lo son, para eso están los tribunales, el Ministerio de Ambiente y la Intendencia. Hay una ironía que los críticos pasan por alto: Praxis dijo haber elegido Uruguay por su estabilidad y sus sólidas instituciones democráticas. Las instituciones que se teme que esa ciudad erosione son precisamente las que la trajeron, y las que garantizan que no pueda hacerlo.

Un país con estos niveles de inversión puede, y debe, verificar que el vino no esté envenenado. Para eso tiene leyes. Lo demás es un esnobismo que Uruguay no está en condiciones de pagar.